Lola, desahuciada junto a su madre de 80 años: "La ministra de Vivienda no está para pedir solidaridad, está para legislar"
"El Gobierno debería empezar a aplicar el 155 por cuestiones de educación, sanidad y vivienda cuando no se cumpla la ley", reivindica la periodista durante una entrevista con 'Público'.
Madrid-Actualizado a
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, figura como titular de siete propiedades: tres pisos, dos plazas de garaje y dos trasteros, según su declaración de bienes. Lola M. (Madrid, 1974), periodista y activista, lleva dos semanas sin ninguna. Este viernes se cumplen 11 días desde que ella y su madre, Aurora, de 80 años, perdieron su casa. El fondo buitre Dapamali SL las desahució casi "de un día para otro", sin apenas tiempo para sacar sus pertenencias ni margen de maniobra. Las otras cuatro familias que vivían en el bloque también fueron desalojadas durante los meses anteriores. "Los nuevos propietarios se aprovecharon de su vulnerabilidad, las expulsaron a cambio de 2.000 o 3.000 euros. ¿Qué haces con esa miseria en Madrid?", se pregunta la compañera.
Lola dedicó buena parte de su carrera periodística a cubrir movimientos sociales, pero esta vez, la protagonista de la noticia ha sido ella. "No me gusta ser el centro de atención, tampoco me siento especialmente cómoda, pero si esto sirve para visibilizar el problema de la vivienda y llega a otras personas en mi misma situación, valdrá la pena", asegura durante una conversación con este diario.
El problema de la vivienda ahoga cada vez a más familias: España cerró 2023 con 26.659 desahucios y los precios han subido un 5,7% entre abril y junio de este año. Lola y Aurora son sólo dos nombres de una lista larga, silenciada y silenciosa. La periodista charla con Público sobre la subida de los alquileres, los abusos de la clase rentista y la complicidad de los líderes políticos. Isabel Rodríguez pidió solidaridad a los propietarios para bajar los precios –como cuando Fátima Báñez se encomendó a la Virgen del Rocío para "salir de la crisis"–. Lola lo único que pide es "que se cumpla el real decreto" y que los políticos, entre ellos la ministra, se dediquen a "legislar".
Han pasado casi dos semanas desde su desahucio. ¿Cómo está?
Tranquila. Tranquila y un poco triste también, porque me he dejado cosas [dentro del piso] que veo difícil recuperar. El proceso es complicado, sigo asimilando un poco todo lo que ha pasado durante los últimos meses, todo lo que ocurrió el día 16 [fecha del desahucio]. El bajón llegará, supongo, pero intento estar animada. Te digo esto siendo consciente de la suerte que hemos tenido, porque hemos encontrado una solución habitacional, gracias a un familiar, pero muchas familias no pueden decir lo mismo, porque se quedan directamente en la calle.
"¿Era necesario ese despliegue para desahuciar a una señora de 80 años?"
¿Y su madre, cómo lo lleva?
Mi madre tiene casi 80 años. Es una mujer fuerte, está bien. Ella era la que más me preocupaba.
El operativo policial les ha impedido recoger algunas de sus pertenencias, ¿han podido recuperarlas?
La propiedad me ha dicho que cuando recogí las cosas, dejé el piso vacío. Esto no es así, mienten. Es falso. Lo embalé todo, pero con las prisas me dejé cosas: la caja con las cenizas de mi gata y algunas fotos de la boda de mis padres, que están enmarcadas. Lo que quiero es poder entrar al piso y recogerlas, o que entre alguien. Yo sé donde lo tengo todo, puedo dar indicaciones. La Policía Municipal ha visto cómo se quedaban cosas dentro, porque no me daba más tiempo. El hecho de que no me dejen recuperarlas me parece un acto de mala fé.
¿Cree que eran necesarios más de diez furgones y medio centenar de policías? ¿O cortar cuatro calles para desahuciar a una señora de 80 años y su hija de 50?
Es que han cortado incluso alguna de las entradas del colegio [situado frente al edificio]. El Delegado del Gobierno tendrá que dar explicaciones, ¿no? El día del desahucio bajé a por un café sobre las 7.00 de la mañana y hablé con el mando policial, para decirle que todo iba a estar tranquilo. Lo único que pedí desde que me avisaron de la fecha del lanzamiento, que no me han dado ni 24 horas, era tener dos días más para sacarlo todo del piso. En cuanto volví de tomar el café, había 13 o 15 lecheras. No me dejaron entrar, no pude subir a buscar a mi madre.
La Policía, según cuenta mi hermano, que estaba arriba [en el domicilio], llegó al portal con escudos antidisturbios. ¿Era necesario ese despliegue para desahuciar a una señora de 80 años? Mi madre es una más, una entre miles, pero esto no puede ser. El problema está en normalizar la violencia, ¿quién nos protege? Es una manera de tratarnos como si fuéramos criminales. ¿Cuál es el protocolo de actuación que se sigue en un desahucio? El Delegado del Gobierno y el Ministerio del Interior, insisto, tienen que explicar muchas cosas.
El juez no ha considerado los informes de vulnerabilidad ni ha aplicado las moratorias que contempla la ley. ¿Qué falla aquí?
Si una persona cobra menos dinero del que marca el real decreto y no tiene solución habitacional, la vulnerabilidad va implícita. El real decreto es la herramienta más garantista que tenemos ahora mismo para evitar los desahucios, pero no siempre se aplica. Nosotras hemos presentado toda la documentación, recibimos el aviso del desahucio y lo recurrimos. El juez todavía no ha fallado, pero las fechas se han mantenido. Si ahora quiero recurrir ante la Audiencia Provincial y me dicen que tengo razón, que podía haberse aplazado todo, ¿quién repara los daños? La trama judicial es así de inflexible.
"Las abogadas necesitan tiempo y herramientas para seguir los casos"
¿Qué papel han jugado su familia, sus amigas, el sindicato de inquilinas, en definitiva, su red?
La respuesta ha sido afortunadamente muy buena. No me esperaba tantas muestras de afecto. Me llamó incluso gente con la que llevaba tiempo sin hablar; sólo puedo dar las gracias. La implicación del sindicato tampoco la puedo olvidar –y no lo digo sólo porque esté afiliada–. El desahucio ha sido muy precipitado y aún así, hubo respuesta.
Me gustaría destacar una cosa, la necesidad de liberar abogadas. El turno tiene deficiencias, las abogadas necesitan tiempo y herramientas para seguir los casos. Es importante proteger y potenciar la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo de las personas mayores. Si a mí me toman el pelo, que tengo 50 años y más o menos estoy en el mundo, pues imagínate a una señora de 85. Esta gente no sólo lo tiene complicado para encontrar –y pagar– una buena defensa. Es que cuando se quedan sin casa, la alternativa que les ofrecen es una residencia. Y todos sabemos de qué pie cojean las residencias...
El Ayuntamiento de Getafe ha sido uno de los primeros en pedir la declaración de zona tensionada. Ayuso lo ha impedido...
Los ayuntamientos están maniatados por lo que dicen las comunidades autónomas, pero igual que te digo esto, te digo que son los que gobiernan las ciudades. Las comisiones judiciales no pueden mandar más que los alcaldes y alcaldesas. Los ayuntamientos tienen que levantarse y decir "hasta aquí hemos llegado". Luego el tema de las zonas tensionadas, lo de Ayuso, bueno... [resopla]. El Gobierno debería empezar a aplicar el 155 por cuestiones de educación, sanidad y vivienda cuando no se cumpla la ley. No podemos permitir que una presidenta autonómica, con un modelo de ciudad sin futuro, decida por nosotros. ¿Los vecinos tenemos que aguantarnos y callar? No, por supuesto que no. Los alquileres en Madrid están imposibles...
La ministra de Vivienda ha pedido "solidaridad" a los caseros para bajar los precios del alquiler. ¿Cómo recibe este mensaje una persona que acaba de perder su hogar?
La ministra no está para pedir solidaridad, está para legislar, para exigir responsabilidad social y cobrar impuestos por tener viviendas vacías. ¿En qué está trabajando el Ministerio de Vivienda? Lo pregunto seriamente, me gustaría saber cuál es su papel. Estamos en un sistema capitalista cada vez más feroz y nos tratan como si fuéramos pobrecitos.
"La solidaridad que se la pidan a las empresas y a los fondos buitre"
No somos pobrecitos, no pedimos caridad, pedimos que se apliquen las normas, que se aplique el real decreto [para detener los desahucios]. Los pobrecitos queremos calidad de vida, porque esta es la única vida que tenemos. Y la solidaridad... que se la pidan a las empresas y a los fondos buitre. Tenemos un problema serio. Si el PSOE no vale para tener el Ministerio de Vivienda, que no lo tenga.
Los desahucios parece que no existen a ojos de los medios. La misma semana que usted y su madre perdían su casa, las televisiones hablaban de okupación...
Nosotras porque tenemos familia y nos vino Dios a ver, pero la gente que no puede pagar una habitación y no tiene alternativas, ¿qué hace? Los medios también tienen que ser responsables, tienen que reflexionar, pensar a quién le dan voz. El papel del periodista es complicado. Tú puedes entrevistar a un asesino en serie si te lo ofrecen, no pasa nada. La cuestión está en cómo lo entrevistas y con qué intención. Si lo haces para blanquearlo, tenemos un problema. La gente de Desokupa ha pisado casi todos los platós, muchas veces para hacer un lavado de imagen y soltar discursos cuestionables. Hablamos de gente que vino a mi casa para intimidarnos, decirnos que teníamos que abandonar el piso. Esto es una agresión y no lo podemos permitir.
¿Quién tiene la llave para solucionar el problema de la vivienda?
El Congreso, las comunidades, los ayuntamientos y, por supuesto, la organización vecinal. Los vecinos tienen que denunciar todas las irregularidades que conocen, todo lo que ocurre en sus barrios. Volvemos a lo de antes, ¿cuál es el modelo de ciudad que queremos? Esto es una cuestión de poder. Pasta y poder.
"El Gobierno debería aplicar el 155 si las comunidades incumplen la ley"
El día 13 los sindicatos y activistas provivienda han convocado una gran manifestación en Madrid, ¿por qué tenemos que ir?
Esta vez hemos sido mi madre y yo [las víctimas del desahucio], pero mañana puede pasarle a cualquiera. ¿Te he respondido, no? La manifestación tiene que servir para que haya una negociación clara entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades. Necesitamos medidas urgentes de obligatorio cumplimiento. A las comunidades que no apliquen las normas, se les retira el dinero que reciben en materia de vivienda y se les aplica un 155. El problema está ahí y tiene que estallar en algún momento...
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