La jueza que investiga el brote de listeriosis del pasado verano ha impuesto una fianza de cinco millones de euros a siete de los investigados por el caso, entre ellos la empresa Magrudis y sus principales responsables, dos de los cuales continúan en la cárcel.

En un auto dictado este jueves, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla establece en cinco millones la fianza por la responsabilidad civil que deben pagar las mercantiles Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, así como el dueño de la primera, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro, que están en prisión provisional desde septiembre de 2019.

Los otros investigados citados por la magistrada son otro hijo, la mujer y la cuñada de Marín, y en el caso de que no puedan afrontar la fianza se procederá al embargo de sus bienes.

La Fiscalía de Sevilla solicitó una fianza de un millón de euros, mientras que la asociación de consumidores Facua, personada como acusación particular, reclamó un millón y medio, igual que las defensas de nueve perjudicados. La Junta de Andalucía, por su parte, cifró el coste sanitario del brote en 3.428.663,02 euros.

"En la presente investigación son indudables los indicios racionales de criminalidad" respecto a las mercantiles Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, así como contra Marín Ponce, sus dos hijos, su mujer y su cuñada.

Fraude alimentario, cuatro homicidios y seis abortos

Según la jueza, los hechos que les atribuye son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia y seis delitos de aborto por imprudencia, además de delitos de lesiones por imprudencia "cuyo número exacto aún está por determinar".

"Existen otros investigados", pero "es indudable que respecto a los antes indicados procede la adopción de medidas cautelares para asegurar la responsabilidad civil que sobre ellos pueda recaer", según indica la instructora en el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En cuanto a la cuantía fijada, la jueza atiende al número de víctimas y recuerda que, según el forense, hubo cuatro fallecidos, entre ellos un recién nacido, así como seis abortos y más de 200 personas afectadas. También relata que la póliza de seguro de responsabilidad civil contratada por Magrudis "solo alcanza el importe de 300.000 euros" que ya fueron consignados en la cuenta del juzgado.

El objetivo de esta medida cautelar es "asegurar los efectos económicos del proceso penal y las obligaciones de reparar e indemnizar los efectos del delito" durante la tramitación de la causa, que ya ha sido declarada compleja. Tanto la Fiscalía como el resto de partes pueden presentar un recurso de reforma y, subsidiariamente, uno de apelación contra la decisión de la magistrada en el plazo de tres días.