Unas cinco mil personas, según datos de Delegación de Gobierno en Madrid, se han manifestado este sábado en la capital para "frenar" el avance de la Ley Ómnibus, que, según denuncian, supondrá la "uberización del taxi" y permitirá los "pelotazos urbanísticos", además de "un retraso" en la protección del medio ambiente.

La marcha, flanqueada por diez vehículos de taxi, ha comenzado en la calle de Atocha, donde los manifestantes han cortado el tráfico, y ha terminado en la Puerta del Sol con la lectura de un manifiesto.

Los convocantes -los sindicatos UGT y CCOO y medio centenar de colectivos sociales- han denunciado las consecuencias que la nueva ley puede tener en el medio ambiente y el urbanismo: "Está prevista para el buen comisionista", han clamado.

"Quieren desmontar de un plumazo todas las garantías sociales", ha denunciado en declaraciones a Efe Ángel Juberias, secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO Madrid, que considera que esta normativa es "un atentando a la democracia, la pluralidad y la transparencia".

El diputado regional Alejandro Sánchez, de Más Madrid, ha apuntado que la Ley Ómnibus supone un "ataque directo" a la ciudadanía madrileña porque es una "carta blanca a los ladrillazos y los pelotazos urbanísticos", lo que supone una "amenaza" para el medio ambiente.

La portavoz de Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha puesto el foco en la modificación de la Cámara de Cuentas porque, con esa ley, sus miembros "estarán designados por el Partido Popular", ha considerado.

"Estamos escandalizados de cómo se ha repartido el dinero público entre los allegados de la presidenta Isabel Díaz Ayuso", ha recalcado la portavoz de UP, quien considera que la Cámara de Cuentas era la "única" institución que podía fiscalizar los contratos de la Comunidad de Madrid.

La Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus, revisa las normas regionales con rango de ley para "reducirlas y simplificarlas" y ganar en "agilidad y eficacia", según el Ejecutivo autonómico.

El anteproyecto, presentado el 23 de diciembre de 2021 por la vía de urgencia -un hecho que suscitó críticas de la oposición-, modifica 33 leyes y cinco decretos e incluye 15 nuevas disposiciones que afectan a diversos ámbitos en la Comunidad de Madrid, como la sanidad, el transporte o el medio ambiente.

El Gobierno regional prevé que será aprobada y publicada en junio de 2022 y que su entrada en vigor contribuirá a "reducir" las cargas administrativas en cerca de dos millones de euros.

Las entidades convocantes, sin embargo, denuncian "opacidad" en su tramitación y consideran que la norma supone "un golpe durísimo" contra el medio ambiente, el urbanismo y los servicios públicos.