Este miércoles un juzgado de Cagliari (Italia) decidirá si archiva, tal como pidió la fiscalía de aquella localidad, o si se investigan las distintas denuncias presentadas por Juana Rivas por supuestos malos tratos físicos y psíquicos hacia ella y hacia sus hijos por parte de su expareja, Francesco Arcuri. 

Nunca a lo largo de todo el periplo judicial que ha vivido Rivas, tanto en Italia como en España, el tema de las denuncias por violencia de género han sido objeto de investigación, ni han sido tenidas en cuenta en los diversos procedimientos civiles que debían decidir sobre la custodia de sus hijos y sobre el delito de sustracción por el que la Audiencia de Granada la condenó a cinco años de prisión y a seis de inhabiitación de la patria potestad.

Este procedimiento llega cinco meses después de que la fiscalía de Cagliari pidiera archivar de una tacada todas las denuncias presentadas por Rivas a lo largo de los últimos tres años: una de ellas en España interpuesta por Rivas al poco de llegar a Granada en 2016 por violencia de género y malos tratos continuados y otras seis  presentadas por Rivas en Italia por supuestos malos tratos por parte de Arcuri hacia sus hijos. 

El pasado mes de febrero el fiscal de lo penal pidió el archivo de todas las denuncias presentadas hasta esa fecha, sin que estas hayan sido investigadas. La defensa de Juana Rivas recurrió esta decisión y, tal como explica la abogada de Rivas en Italia, María Eugenia Álvarez a Público, "el juzgado vio motivos suficientes como para abrir una vista para decidir sobre el archivo o no de las denuncias". Entonces, las abogadas de Rivas en Italia denunciaron que la decisión del fiscal estaba basado en las conclusiones de Ludivica Iesu, la perito oficial del juzgado civil italiano que decidía sobre la custodia de los menores, un informe pericial "que detalla lo que podría considerarse como un Síndrome de Alienación Parental (SAP) de libro", afirmaron fuentes de la defensa de Rivas. El SAP, sin embargo, no está reconocido por ninguna institución internacional y es denunciado por muchos expertos como una forma de violencia institucional hacia las mujeres. 

La petición de la fiscalía se produjo tan sólo un mes antes de el tribunal civil de Cagliari decidiera en marzo pasado dar la custodia en exclusiva al padre y estableciera un régimen de visitas que permitirá a la madre pasar temporadas con ellos en España. Esta decisión ya ha sido recurrida por las abogadas de Rivas ante la corte de apelación de dicha localidad. 

Tal como confirman fuentes de la defensa de Rivas, "si finalmente el juzgado de instrucción italiano viera la necesidad de investigar dichas denuncias, esto abriría inmediatamente la puerta a la vía penal, lo que podría suponer giro radical en el caso civil por la custodia de los menores, "porque si un juez considera que hay elementos relevantes para que se inicie una investigación, se debería cambiar inmediatamente las decisiones sobre la guardia y custodia de los niños", afirma Álvarez. Esta abogada explica que así lo pedirán de inmediato si la decisión del juzgado ve este miércoles indicios de posibles delitos. 

En el juicio, al que sólo acudirán los abogados de las partes implicadas y el ministerio fiscal, las abogadas de Rivas en Italia presentarán una serie de documentos que consideran "de peso", entre ellos los distintos informes médicos emitidos por los hospitales que examinaron a los niños tras los supuestos abusos y en el que, según fuentes de la defensa de Rivas, se recogen declaraciones de los menores sobre posibles malos tratos por parte de su padre.

La denuncia de Granada

La denuncia interpuesta por Juana Rivas en Granada en julio de 2016 está en este paquete de denuncias que el fiscal propone archivar. Esta denuncia, que estuvo guardada en un cajón en un juzgado de Granada durante más de un año hasta que finalmente fue enviada a Italia para su investigación, siguió allí sin ser investigada hasta la fecha. Las otras denuncias que forman parte de esta vista, son seis que Rivas interpuso en distintos momentos desde que los menores conviven con su padre en Italia. Según fuentes de la defensa de Rivas, todas ellas fueron presentadas por Rivas tras detectar posibles marcas de malos tratos en sus hijos en los turnos de tenencia de sus hijos durante los fines de semana y basadas en el relato de los propios menores.

No entran en esta vista las dos últimas denuncias interpuestas por Rivas en marzo y mayo de este año tras detectar marcas de posibles malos tratos en el cuerpo de su hijo menor, que hoy cuenta con cinco años y por las que los menores fueron ingresados en el hospital, de dónde salieron tras solicitar Arcuri el alta voluntaria. 

Juana Rivas tiene pendiente en España una vista en el Tribunal Supremo, que deberá decidir sobre la condena que le impuso el juzgado de lo Penal nº 1 de Granada primero, y que confirmó la Audiencia de Granada después. Las dos instancias condenaron a Rivas a una pena de cinco años de prisión por dos delitos de sustraccón de menors (2,5 años por cada uno), así como a seis años de inhabilidación de la patria potestad.

En mayo pasado, los abogados de Rivas en España interpusieron un recurso de casación ante el Supremo. En él piden la libre absolución de Rivas por entender que "actuó por una causa justificada" como fue la de "proteger a sus hijos". También solicitan, de forma subsidiaria y para el caso de que no proceda su libre absolución, que se aprecie un único delito de sustracción de menores, "ya que con independencia de los hijos que se tenga, el acto cometido conllevaría únicamente la existencia de un delito".