El agente de la Guardia Civil Luis Miguel P.R. ingresó este lunes en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) para cumplir dos condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión, impuestas a raíz de una discusión con un superior durante las fiestas de carnaval de Tarazona (Zaragoza) hace ahora ocho años.

El 19 de febrero de 2012, Luis Miguel estaba de copas con otros compañeros cuando se inició una pelea con un colega. Un cabo y un sargento trataron de separarles, no hubo heridos y simplemente se intercambiaron insultos. De ahí las dos condenas: tres meses y un día por insultar al cabo, cuatro por hacer lo propio contra el sargento.

Durante este tiempo, según informa El País, Luis Miguel perdió entonces el destino en Tarazona y, tras pasar tres meses de suspensión, pudo rehacer su vida; hasta ahora ha estado destinado en Grenika (Bizkaia).

El pasado 26 de septiembre, el juzgado Togado Militar número 43, situado en Burgos, notificó a Luis Miguel su entrada en prisión tras desestimar un recurso de súplica, y después de que el Tribunal Territorial Tercero revocase la suspensión de su condena el pasado mes de junio.

"El motivo de la condena es una discusión que tuvo lugar entre compañeros, ambos fuera de servicio y en fiestas, y cuyas responsabilidades ya se dirimieron en su momento del ámbito disciplinario del Cuerpo, con la consecuencia de la pérdida de destino del trabajador", remarca la AUGC, que añade: "Sin embargo, lejos de conformarse con este castigo, ya suficientemente duro, la maquinaria de la justicia militar ahora le priva de su libertad".

Para esta asociación, de la que el agente ahora encarcelado es socio, la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles es "anacrónica". Efectivamente, tal y como recuerda El País, si bien el Código Penal Militar fue reformado en 2007 para eliminar su aplicación a miembros de la Guardia Civil excepto en algunas situaciones (guerra, estado de sitio o en misiones militares), en 2015 hubo otra reforma bajo en gobierno del PP que ampliaba la competencia de la Justicia militar sobre los agentes a todos los delitos contra la disciplina, incluido el de insulto a superior.

"Recordamos que la propia aplicación del Código Penal Militar ya fue restringida bajo un gobierno socialista a supuestos de caso de guerra o en el desarrollo de misiones de carácter internacional adscritos al Ministerio de Defensa", apuntan desde la AUCG. "Sin embargo", añaden, "fue nuevamente impuesto por el Partido Popular y continua siendo hoy mantenido por el PSOE, a pesar de las promesas realizadas en la oposición para volver a la situación anterior y delimitar su aplicación".

Por tanto, la asociación, que ya ha pedido la dimisión de la ministra Margarita Robles por no haber ordenado el indulto, anuncia una concentración frente a la sede del Defensor del Pueblo el próximo día 17 de octubre a partir de las 11.30 horas, en repulsa por el ingreso en una prisión militar de Luis Miguel.