La fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, han pedido este jueves poner en marcha reformas legales en los juzgados de violencia machista. Piden evitar que las víctimas de agresiones sexuales declaren en juicio oral para que no tengan que revivir su sufrimiento tras su colaboración en la investigación.

Las dos expertas han hecho este llamamiento, según ha recogido Efe, tras el dictamen reciente de dos casos de violencia machista en Estepona (Málaga) y en Mula (Murcia). Las dos sentencias han evitado que los violadores entren a prisión tras alcanzar un acuerdo con sus víctimas. Por ello, Peramato, aunque ha rechazado analizar estas dos sentencias, ha señalado que tiene claras las reformas necesarias para mejorar la protección de las víctimas.

En primer lugar, pide que se realice una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que el testimonio de las víctimas de delito sexual durante la instrucción del caso se convierta en prueba preconstituida. Un paso que permitiría a la víctima no volver a declarar en el juicio oral.

La segunda petición de Peramato ya está recogida en la ley orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. Esta normativa determina que en el plazo de un año se deberán aprobar las reformas legales necesarias para que los juzgados de violencia sobre la mujer se ocupen también de violencia sexual, con formación específica para los fiscales y jueces.

"Entender y respetar" la decisión de una víctima

Para la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, es importante "entender y respetar" la decisión de una víctima "que no quiere volver a pasar por el calvario" sufrido a lo largo un procedimiento judicial muy lento. Por ello, Soleto pide centrarse en pensar qué cambios son necesarios para que estos delitos no queden impunes.

"No podemos decirle a una persona que mantenga la herida abierta cuatro años", recalca la jurista. Soleto ha reiterado la necesidad de poner en marcha una "reforma estructural" en el procedimiento judicial de la que, lamenta, que lleva años esperando el movimiento feminista.

La jurista ha indicado que los tribunales deberían ser "rigurosos en la aplicación de las penas" a los acusados por delitos contra la libertad sexual. En este sentido, denuncia la sentencia de los anteriores casos, donde existió un abuso de autoridad "evidente", sobre todo, en los agentes policiales.