“La Junta Electoral ha sembrado dudas sobre el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual”

¿Qué pasaría si un colectivo cualquiera, LGTBI, mujeres, personas mayores, racializadas, pudiese ser señalado y anotado en acta su DNI al ejercer su derecho a votar? La Junta Electoral Central ha tenido que modificar la Instrucción 5/2009 del 11 de marzo después de que el movimiento asociativo, canalizado a través de Plena Inclusión (que agrupa a 900 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo) mostrase su desacuerdo.

Pero la nueva redacción (Instrucción 7/2019), que evita la referencia expresa al colectivo, ha conseguido sembrar “la duda sobre el ejercicio del voto libre, consciente y voluntario” de las personas con discapacidad intelectual, según esta confederación de asociaciones, que exige una mayor claridad “que zanje cualquier duda”.

La Instrucción 5/2009 dotaba de capacidad a apoderados e interventores de los partidos políticos para anotar en acta el DNI de las personas con discapacidad intelectual que, según su criterio, no estuviesen ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntaria. Ahora se mantiene esta posibilidad sin nombrarlas pero “en un documento que se refiere a las personas con discapacidad intelectual y no en otra que aborde esta cuestión con el global de los votantes”, critican.

Para Miguel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y coordinador del Máster de protección jurídica de personas y grupos vulnerables “supone un segundo error de la JEC, que ha perdido una ocasión para rectificar una instrucción errónea y estigmatizante. La ley no habilita ni a las mesas ni a nadie para cuestionar la libertad consciente de los electores. Y aunque ahora no se menciona a personas con discapacidad, es evidente que siguen pensando en ellas”.

Según este experto, “cualquiera que esté en el censo debe poder votar. Decir que se tome nota solo sirve para estigmatizar. Además, por ejemplo, hay personas con algún tipo de discapacidad intelectual que hasta ahora han votado con normalidad y que se podrían ver cuestionadas y señaladas. La Instrucción 5/2019 era una medida de gran violencia y no se ha rectificado plenamente”.

Anxela López, presidenta de Vigalicia, la oficina gallega del Foro de Vida Independiente, y durante años asesora jurídica del movimiento asociativo se pronuncia en la misma línea: “No corresponde a los miembros de una mesa electoral para valorar estas cuestiones. Una vez más se pone en duda la capacidad y el poder de decisión y se infravalora a la persona con diversidad intelectual o funcional”.

El colectivo establece un paralelismo entre los cuarenta años de dictadura franquista, después de los cuales los españoles recuperaron su derecho al voto, y otra tanda de cuatro décadas sin derechos para las personas con diversidad intelectual, que ahora se rompe. Más de cien mil ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer por primera vez el derecho de participación política a través del sufragio -reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución- en las elecciones generales del 28 de abril y en los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo.

Gracias a la presión del movimiento asociativo (canalizado a través de la campaña #MiVotoCuenta), en noviembre de 2018 el Congreso aprueba por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permite el voto a las personas con discapacidad intelectual que hay en el Estado español, aunque el texto incluye una enmienda del Partido Popular que especifica que el voto debe ser activo, consciente, libre y voluntario.

“En el siglo XX se incorporaron al sufragio colectivos excluidos, como las mujeres”, explica Miguel Presno. “En el siglo XXI está pendiente todavía la plena inclusión de las personas con discapacidad, su ciudadanía plena. Hasta 2011 las personas con una discapacidad visual ni siquiera tenía un medio autónomo para votar, era un sistema muy poco garantista. Y las personas con discapacidad física se encuentran con barreras en los colegios electorales”.

Desde hace una década, todas las normas del Estado deben acomodarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional e intelectual, ratificada por España en 2008. En su artículo 29 establece la igualdad de participación en la vida política y pública, el derecho al voto, a ser candidato electoral y a ocupar puestos públicos.

Santiago López, presidente de Plena Inclusión España, mantiene que rechazan “por insuficiente” el nuevo texto. “Se ha perdido una nueva oportunidad de equiparar los derechos de las personas con discapacidad, en el derecho al voto, tal y como planteaba el espíritu de la reforma de la Ley Electoral Central”.

El viernes 15 de marzo fue Unidas Podemos quien presentó una reclamación formal para que la Junta Electoral Central modificase su criterio interpretativo. Para Teresa Arévalo, candidata de Unidas Podemos por Toledo al Congreso de los Diputados y hasta ahora portavoz en la comisión para las políticas integrales de la discapacidad considera que la Instrucción “sigue manteniendo un criterio discriminatorio y estigmatizante” y “sigue sin ser garantista ni inclusiva”.

Pone como prueba que la instrucción no va dirigida a la totalidad del electorado y asegura que su grupo volverá a exigir a la JEC que establezca un criterio interpretativo que no deje lugar a dudas de que todas las personas con diversidad funcional e intelectual tienen derecho a voto “porque esa fue la voluntad legisladora cuando se aprobó la reforma y porque es lo que dice la Convención”.

Más cuestiones que mejorar

Los partidos políticos realizan sus programas electorales en formatos que decenas de miles de personas no comprenden. El colectivo ha iniciado una ronda de reuniones para solicitar que se emplee la Lectura fácil, contenidos realizados con lenguaje sencillo y claro para facilitar la comprensión y mejorar la accesibilidad cognitiva.

Aseguran que no se trata de grandes cambios ni inversiones, sino de pequeñas modificaciones, como mejorar las indicaciones y normas en los colegios electorales, que beneficiarían a todo el mundo y garantizarían los derechos reconocidos a más de cien mil personas. Recuerdan, además, la necesidad de subrayar ante las personas con discapacidad intelectual que “nadie puede impedirles votar” y ante los miembros de las mesas electorales que “las personas de apoyo son importantes para que todos puedan votar”.