El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha propuesto procesar a cinco miembros de la brigada antidroga de Mérida por organización criminal, ya que entre los años 2019 y 2021 permitieron a los narcotraficantes que tenían protegidos llevar a cabo sus actividades delictivas.

En un auto dictado este miércoles, el juez ha decretado la continuidad de la tramitación de las diligencias previas, por el procedimiento abreviado, contra seis policías (cinco de ellos del Grupo de Estupefacientes de Mérida) y otras nueve personas.

A algunos agentes se les imputan también delitos de conspiración, tráfico de drogas, contra el patrimonio, de malversación, torturas, falsedad documental y contra la administración pública, entre otros.

El Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, disponen ahora de un plazo de diez días para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Además, el juez ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otras diez personas, algunas de ellas policías.

Las diligencias previas se iniciaron mediante auto de 16 de abril de 2021, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional solicitó autorización judicial para la intervención telefónica, la instalación de una cámara de videovigilancia y un dispositivo de audio en el despacho del Grupo de Estupefacientes, además de la colocación de un registro remoto en el terminal telefónico.

Esta unidad tenía información por distintos cauces de posibles conductas ilícitas de dos agentes de Mérida por su vinculación con personas relacionadas con el mundo del narcotráfico.

Así actuaban los policías detenidos

Las pruebas practicadas han puesto de manifiesto que el modus operandi del que fuera el Grupo de Estupefacientes, cuyo miembros fueron detenidos en septiembre de 2021, pasaba por tener una serie de colaboradores y protegidos que le proporcionaban información esencial para proceder a la detención de personas vinculadas con el mundo del tráfico de drogas.

No obstante, "las operaciones policiales permitían que el traficante protegido realizara su actividad delictiva con la aquiescencia del grupo, al tiempo que le protegía frente a investigaciones de otros grupos de investigación", señala el auto.

"Este grado de colaboración en el que se favorecía a un traficante, frente al que no se actuaba, a cambio de información sobre operaciones, transacciones de droga, y que este instructor califica como omisión del deber de perseguir delitos, dio lugar a otro tipo de colaboración en la que el propio grupo participaba de la actividad delictiva". En concreto, según el juez, el cultivo de plantaciones de marihuana.

"Existen pruebas de que todos los miembros del grupo eran conocedores de las plantaciones de estos investigados y de que se les proporcionaba información relevante y utensilios para llevar a buen puerto la plantación de marihuana, así como de los beneficios que la plantación reportaría al grupo", dice el auto.

Operaciones sin detenciones

El Grupo de Estupefacientes actuaba como una organización criminal en la que todos los integrantes participaban de "manera concertada y coordinada, repartiéndose las tareas o funciones".

A juicio del juez, es "revelador" el papel predominante de un policía, que "ejerce realmente las funciones de dirección y coordinación que debería tener el inspector del grupo".

Entre los hechos que se relatan en el auto, el juez detalla varias operaciones antidroga en las que se no se detenía al narcotraficante protegido o la información y la interceptación pactada de un transporte de más de un kilo cocaína desde Madrid a Mérida en febrero de 2021, en la que hubo dos detenciones.

El juez ha decretado también la continuación de las diligencias para depurar las responsabilidades civiles que pudieran corresponder a la mujer del policía que actuaba como cabecilla del grupo como partícipe a título lucrativo de los hechos imputados.