El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este miércoles a la Policía que se abstenga de impedir que un migrante llegado en patera a las islas tome un vuelo a la Península, siempre que porte su pasaporte o una solicitud de asilo, y que sea compatible con las restricciones a la movilidad por la covid-19.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez Ángel Teba concede esta medida cautelar de amparo a uno de los muchos migrantes que en los últimos meses vienen denunciando que la Policía los retiene por la vía de los hechos en Canarias, aunque cuenten con su documentación para viajar, deteniéndolos durante horas cuando acuden a un puerto o a un aeropuerto a tomar un transporte a la Península. El migrante intentó volar hasta Barcelona, pero fue detenido. 

"Se trata de detenciones que tienen por objeto frustrar la movilidad de personas como (el demandante) que, de facto, quedan confinadas en Gran Canaria sin que exista amparo jurídico para ello", señala en su resolución el magistrado, que solo admite una excepción: "Que el trayecto sea compatible con las restricciones a la movilidad impuestas para hacer frente a la pandemia de covid-19".

Es la primera resolución judicial sobre el bloqueo de migrantes en Canarias. En este sentido, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán criticó el pasado mes de marzo en un informe la gestión de la crisis migratoria del Gobierno, al que acusó de convertir Canarias en un "lugar de privación de derechos" para migrantes. 

Además, Fernández Marugán denunció que los macrocampamentos "en modo alguno deberían ser utilizados como campamentos en los que ciudadanos extranjeros esperen sine die a que se pueda ejecutar su retorno".