El retraso en la aprobación de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) podría tener explicación. El testimonio de una antigua trabajadora cuyo contrato fue rescindido días antes de cumplirse su periodo de prueba con la empresa pública Tragsa, encargada de la gestión electrónica de esta prestación social, tras negarse a realizar lo que a su juicio era una irregularidad, deja entrever cómo desde la entidad buscaban paralizar el mayor número de expedientes. Con una nula formación profesional por parte de la empresa, los nuevos contratados para la ocasión tuvieron que resolver sus dudas entre ellos después de los desplantes y la incorrección de su superiora. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene conocimiento de lo ocurrido.

El refuerzo para intentar paliar la falta de personal en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) constaba de 500 personas que teletrabajarían durante cuatro meses. La trabajadora despedida relata cómo ciertos comentarios le dejaron entrever el pensamiento de su coordinadora desde el principio: "Lo primero que nos dijeron era que íbamos a tratar con gente que va a comedores sociales". Sus funciones, que consistían en clasificar los expedientes que llegaban en relación a la solicitud del IMV, les obligaba a comprobar que todos los requerimientos estuvieran completos. "Teníamos que entrar en bases de datos a las que, normalmente, el acceso es restringido para funcionarios, como el SEPE o la intranet del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y en las que nos daban pleno acceso para conocer la identidad de la persona, así como otros aspectos, como si había solicitado alguna otra prestación y su vida laboral", relata la antigua empleada.

Si les faltaba algún documento a los expedientes, debían generar una carta de requerimiento para subsanar el error. "Yo no entendía por qué la jefa nos insistía en producir cartas de requerimiento como una cosa de lo más importante. Decía que quería ver cartas, cartas por todos lados, y nos jaleaba a mis compañeras y a mí para ver quién hacía antes la primera carta o quién producía más", sostiene la denunciante. Una vez terminado de tramitar el expediente, éste debía clasificarse en un documento externo con la etiqueta de "parado" o "requerido": "Yo le dije a mi superiora que iba a incluir una columna de conforme, porque no me parecía lógico, ni nadie me daba ninguna explicación de por qué los informes correctos no se contabilizaban", continúa relatando la afectada.

Disparidad en los requisitos

Entre tanto, las órdenes contradictorias ralentizaban el trabajo de las administrativas. "Por ejemplo, no se sabía muy bien a qué dirección enviar la carta del requerimiento, si a la más actualizada o a la que constaba en su DNI. Yo lo hice a la última que constaba en las bases de datos, pero muchas compañeras lo hicieron a la del DNI. Al final, lo correcto era enviarla a la dirección más actual, y nadie corrigió las cartas enviadas a la que figuraba en el carné de identidad. En otros casos, nos obligaban a pedir el certificado de empadronamiento aunque el solicitante viviera en una chabola. Nadie sabía a ciencia cierta qué requisitos eran exigibles porque variaban de la noche al día. Fomentaban no dar conformidad a los expedientes y, en su lugar, hacer requerimientos absurdos que ralentizan las ayudas aún más".

A los pocos días les llegó un correo electrónico en el que las emplazaban a clasificar los expedientes bajo las etiquetas de iniciados", "parados" y "requeridos". Es decir, les prohibían utilizar la etiqueta de "conforme" pese a que el expediente estuviera completo, pues todos los conformes deberían ir como requeridos. "Les dije que me atenía a mi derecho de objeción de conciencia porque no pienso retrasar expedientes clasificándolos de forma errónea y de una manera que ni siquiera recogen los manuales que nos facilitaron", completa la antigua trabajadora al no entender por qué existiendo esa etiqueta en el sistema no la iban a utilizar.

"Quieren incendiar la opinión contra el Gobierno"

Según su parecer, "parecía un asunto decidido internamente a espaldas del INSS para dar seguimiento a los expedientes a su manera y justificar que habían hecho el trabajo, pero también parar el máximo posible y hundir la lista de conformes para así generar mucho desasosiego entre la gente y sobre todo en la opinión pública incendiada contra el Gobierno pese a que quien está de todo esto es Tragsa".

Tales acusaciones han encontrado respuesta en la empresa. Una nota aclaratoria de la corporación recoge que el término "requerido" indica simplemente que está listo para pasar a la siguiente fase del proceso. De esta forma, bajo la categoría de "requerido" se encuentran tanto los expedientes que cuentan con toda la documentación correcta como aquellos que están pendientes de subsanar algún error sin quedar ninguno de ellos paralizado. "Se trata de una nomenclatura, un código interno utilizado únicamente para dar traslado del expediente a la siguiente fase del proceso y que, bajo ningún concepto, paraliza o ralentiza el proceso".

Este comunicado, que no aclara por qué no se utiliza la etiqueta de "conforme" para aquellos expedientes que lo son, también se refiere a la formación ofrecida al personal. "Todos los profesionales recibieron durante un periodo de dos semanas en jornadas diarias de ocho horas la formación adecuada y requerida para llevar a cabo este trabajo", afirman desde Tragsa, a quien el INSS ha pagado 7,6 millones de euros para la tramitación del IMV.

La antigua trabajadora responde: "Eso es completamente falso. La formación consistió en unos vídeos de unas reuniones que les habían hecho a los jefes de equipo, ni siquiera iban dirigidos a nosotros directamente. En realidad, la formación no superó un total de seis horas, y las dudas que nos surgían intentábamos resolverlas entre los compañeros ya que la superiora no nos las respondía". Esta misma supervisora era la que se dirigió a su equipo de trabajo diciendo que eran un grupo con bastante formación, "incluso algunas sobrecualificadas, vamos, que ni las ministras, porque ahora mismo cualquiera puede llegar a ser ministra", todo ello con risas, siempre según el relato de la empleada despedida.

Despedida sin ninguna explicación

En un momento en se encontraba de baja ya que estaba a la espera de que le hicieran la prueba de la covid-19 al haberse visto obligada a exponerse al virus por un motivo ajeno a ella, le llega la carta en la que se establece la rescisión de su contrato por no haber pasado el periodo de prueba, sin añadir ninguna aclaración más. "Cuando viene un mensajero a recoger el equipo que me habían traído al principio para trabajar desde casa, no tienen en cuenta que yo estoy en cuarentena y aislada en una habitación. Él, que sin estar avisado de la situación, estaba poniéndose en riesgo, llamó a su empresa y les dijo que vendría otro día. Con la prueba ya negativa, el repartidor se llevó el equipo y me dijo que no era el primero que recogía, así que debía haber más rescisiones de contratos", agrega la afectada.

Lo ocurrido, que ya está en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción, hizo pensar a la antigua trabajadora sobre los posibles intereses espurios que se esconden detrás de la empresa pública Tragsa para actuar así, aunque por ahora prefiere sacarlo a la luz utilizando el anonimato por miedo a represalias.