Igualdad mejora y amplía su sistema de teleasistencia para ayudar a 50.000 mujeres víctimas de violencia

El Gobierno ampliará el servicio de teleasistencia que presta protección a las mujeres víctimas de maltrato para extenderlo a otras formas de violencia machista, con el que espera ayudar a 50.000 mujeres, además de mejorar la cobertura de los dispositivos en el ámbito rural.

El Ejecutivo destinará 32,6 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hasta 2023 para mejorar esa teleasistencia, el oficialmente denominado Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la Violencia de Género (Atenpro), que presta atención especializada 24 horas al día y se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización.

Los pagos se harán a través de los Fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia y se realizarán de forma progresiva: en 2021 se transferirán 11, 6 millones; y en 2022 y 2023 10,4 millones cada uno de sus años.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros que el objetivo principal es modernizar los dispositivos móviles y mejorar la cobertura, especialmente en el ámbito rural, y así evitar que las mujeres que viven en el campo sean "víctimas de segunda".

Además, el servicio de teleasistencia se ampliará a las víctimas de violencia sexual, trata y explotación sexual. Montero calcula que Atenpro podrá dar servicio en 2023 a 50.000 mujeres víctimas. Sus cálculos son sencillos: Igualdad cuenta con una previsión base a partir de las 16.000 mujeres víctimas de violencia sexual que cada año demandan este servicio y que hasta ahora no podían acceder a él, además de las víctimas de trata y explotación sexual y las más de 16.500 mujeres maltratadas que son usuarias actuales.

El Gobierno ha aprobado también una declaración institucional con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hace un repaso de las principales medidas legislativas y políticas públicas llevadas a cabo contra las violencias machistas.