El Gobierno considera "factible" lograr una reducción para evitar el desperdicio de alimentos, en concreto, de entre un diez y el 15%. Esta semana el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado un proyecto legislativo que obliga a los agentes de la cadena alimentaria a contar con un plan para prevenir la llegada a los contenedores de alimentos comestibles en buen estado.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras el consumo en los hogares de los dos últimos años, han tomado este jueves como referencia la disminución del 10% para evitar el desperdicio de alimentos, cuando en el año 2020 se redujo más del 16%. "Sería razonable hablar, por lo que vemos en hogares, de una reducción del 10% o 15% anual; es factible, pero va a depender de que comience a aplicarse la ley y de que aumenten las buenas prácticas de actuación que contempla", señalan estas fuentes.

Si bien, estas fuentes han indicado que el nuevo proyecto comenzará a tramitarse a nivel parlamentario, aunque sin metas anuales marcadas ni planificación estratégica interministerial al respecto. Los últimos datos publicados por el Ministerio apuntan que, en el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, lo que significa una media de 31 kilos/litros por persona.

Desde el Ministerio han adelantado que, en el año 2021, se redujo un 8,5% el desperdicio en los hogares en comparación al anterior año, lo que significa una "tendencia a la disminución". El Ministerio ha informado de que "pronto" anunciará el dato del desperdicio extradoméstico detectado en restaurantes, calculado en función de los consumidores tras el plato pedido.

Minimizar las pérdidas alimentarias

La nueva legislación no establece obligaciones ni sanciones para los ciudadanos que realizan un mal uso de los alimentos en sus domicilios. Aunque, sí lo hacen para los agentes del sector agroalimentario desde el eslabón primario y las industrias a la distribución y la hostelería.

Esta normativa obliga a toda la ciudadanía a contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas de alimento y actuar a través de un orden de prioridades, en lugar de destinar el sobrante para consumo humano. Este plan se ejecutará a través de una firma obligatoria de acuerdos o convenios con bancos de alimentos que deberá reunir las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos.

Las empresas de hostelería, además de las obligaciones anteriores, deberán facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido, salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares. Las industrias, bares ni restaurantes no están obligados a bajar los precios de venta de los productos próximos a caducar. "Esto entra dentro del ámbito de las buenas prácticas", sostienen las fuentes del Ministerio.

Los establecimientos del comercio minorista con menos de 1.300 metros cuadrados tampoco están obligados a firmar un convenio con bancos de alimentos. Si bien, tendrán que contar con el plan de prevención antes mencionado. Las inspecciones para el cumplimiento de la normativa estarán a cargo de las comunidades autónomas con sanciones graves que pueden oscilar entre los 2.0001 y 60.000 euros, al igual que infracciones entre 60.001 y 500.000 euros de multa.