La nueva estrategia del Gobierno para frenar el flujo de pateras que salen de Marruecos hacia las costas españolas— que en 2018 batió todos los récords con alrededor de 58.000 migrantes rescatados— pasa por más implicación en los rescates por parte de la Marina Real marroquí y por un cambio en los operativos de Salvamento Marítimo, ente público civil dependiente del Ministerio de Fomento.

Según publicó El País el pasado jueves, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el reino alauí para que determinadas embarcaciones con migrantes rescatadas por los equipos de salvamento españoles acaben en puertos marroquíes, siempre que éstos sean los puertos seguros más cercanos. Es una de las decisiones del Ejecutivo para reducir a la mitad el número de llegadas cuando la agencia europa de fronteras Frontex ha advertido de que aumentarán los flujos de pateras hacia España durante este año. Fuentes del Ministerio del Interior negaron a Público "rotunda y tajantemente" la información de El País y ni siquiera confirmaron que existieran negociaciones en ese sentido. No obstante, desde el gabinete de comunicación de Salvamento Marítimo no confirman ni desmienten este extremo y explican que, por el momento, no van a hacer comentarios sobre este tema, que supone un paso más en el giro de Pedro Sánchez hacia una línea dura en política migratoria

Sin embargo, esta información de El País ha encajado perfectamente en los esquemas de los trabajadores del Salvamento Marítimo, que desde hace meses denuncian una "preocupante" deriva marcada por "decisiones políticas" encaminadas a bloquear una fuga de votos cuando la inmigración se ha convertido en arma de la contienda electoral. Fuentes de CGT, el sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, explican a Público que, por el momento, no tienen órdenes ni protocolo para desembarcar migrantes en puertos marroquíes, aunque hay varios cambios en la organización y localización de los barcos que apuntan en esa dirección.

Guardias Civiles a bordo

Recientemente, la dirección de Salvamento Marítimo decidió trasladar a la zona del Mar del Alborán un gran barco remolcador polivalente, el Clara Campoamor. Se trata de un buque de 80 metros de eslora y capacidad para 500 personas que ahora fondeará en aguas próximas a Almería, donde la afluencia de pateras es más acusada, explican fuentes sindicales de Salvamento Marítimo. Según reconoce a Público el patrón de una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo que pide anonimato, ya que se ha prohibido a los trabajadores hablar con la prensa, al Clara Campoamor le acompañarán varias embarcaciones más pequeñas que patrullarán las aguas para rescatar pateras a la deriva. Aunque aún no está definida la nueva forma de proceder, todo apunta a que estos barcos más pequeños irán llevando a los rescatados a bordo del Clara Campoamor en lugar de volver a puerto con los migrantes tras un operativo.

Según avanzaron a Público fuentes de CGT, en el Clara Campoamor habrá al menos tres agentes de la Guardia Civil de forma permanente, una medida sin precedentes, señalan los trabajadores. Fuentes del Instituto Armado confirman a Público que habrá agentes a bordo de los barcos de Salvamento Marítimo, aunque no han precisado ni cuántos ni en qué barcos ni las funciones de estos agentes. Se trata, explican, de una "medida de mayor protección y seguridad" que estará coordinada por Salvamento Marítimo.

El remolcador Clara Campoamor de Salvamento Marítimo.- SASEMAR

Precisamente, la presencia de estos agentes a bordo del remolcador es lo que hace sospechar a los trabajadores que las devoluciones de migrantes recién rescatados a Marruecos serán pronto una realidad y que para ello se precisará de agentes de la autoridad a bordo. Según el patrón de una de las salvamares, alguna vez han embarcado agentes, pero siempre de forma puntual y a petición de los marinos de Salvamento Marítimo para operativos de rescate más "complicados o conflictivos".

"Lo que estamos viendo es una paulatina militarización de un cuerpo civil. Tememos que Salvamento Marítimo acabe dependiendo más del Ministerio de Interior que del de Fomento. Nosotros no deberíamos hacer funciones de control de fronteras", afirma Manuel Capa, delegado de CGT en la empresa pública. Capa recuerda que esta decisión se suma a otras ya criticadas como la supresión de las tripulaciones de refuerzo, la falta de radares en los aviones para localizar embarcaciones y el apagón informativo en redes sociales de Salvamento Marítimo sobre cualquier operativo relacionado con el rescate de migrantes.

Entre las tripulaciones de la empresa en la frontera sur hay temor a que estas devoluciones generen episodios de tensión entre los migrantes rescatados. "Después del periplo, de jugarse la vida y del dinero que gastan en cruzar el mar, si ven que los llevamos de nuevo a Marruecos puede haber problemas a bordo", explica un patrón de una de las naves de Salvamento Marítimo con más de diez años de experiencia. "Esto hará que los migrantes intenten pasar más desapercibidos, que no pidan ayuda si están en problemas. Eso es muy peligroso y costará más vidas", expone este trabajador.

Esta medida se une a una mayor actividad en labores de rescate de la flota marroquí, que es otra de las exigencias de España al país vecino después de las presiones en Bruselas para que Marruecos reciba fondos europeos para frenar a los migrantes. De hecho, el viernes, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, afirmó que desde su Secretaría se ha trabajado con los comisarios europeos con competencias migratorias para incluir a Marruecos en fondos fiduciarios a través de programas similares a los utilizados en Turquía durante la llamada crisis de los refugiados sirios. Así, se han concedido 140 millones de euros vinculados a fomentar canales de migración "ordenada y segura" pero también para el control de fronteras y rescates", ha dicho Rumí. "El dinero llega en diferentes momentos porque tiene unos protocolos de actuación pero está llegando", ha apostillado.

El principio de no devolución de refugiados, en peligro

La noticia del supuesto acuerdo hispanomarroquí, del que ningún portavoz del Gobierno ha dicho nada claro, ha indignado pero no sorprendido a diferentes ONG, plataformas de apoyo a las personas migrantes y colectivos defensores de los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional critican este nuevo "paso hacia la denominada Europa Fortaleza, más ocupada por cerrarse a cal y canto y externalizar fronteras que por las personas y sus derechos humanos”. “Hemos documentado en numerosas ocasiones el coste humano de estas políticas que se centran en la externalización de sus responsabilidades internacionales de derechos humanos: la realidad es que las personas siguen huyendo de sus países de origen pero se encuentran cada vez con más peligros por el camino”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de la organización.

Para Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), “devolver a los migrantes rescatados a Marruecos sin haberles dado la posibilidad de pedir asilo incumpliría la normativa internacional -debido al principio de no devolución, reconocido en la Convención de Ginebra- de no realizar devoluciones a países donde la seguridad de la persona podría estar en peligro”.

Galán advierte además de que estas prácticas podrían ser devoluciones en caliente en alta mar, algo por lo que el Gobierno italiano ya ha sido condenado en 2012 por rescatar a 200 migrantes y trasladarlos en buques militares de nuevo a Libia.  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció que aquella práctica incumplió el Convenio Europeo de Derechos Humanos en cuanto a expulsiones sumarias, que vulneró el derecho a recurso efectivo de los migrantes retornados y no cumplió con la obligación de evitar devoluciones de personas a países donde su integridad esté en riesgo.

La activista y experta en migraciones Helena Maleno, en contacto permanente con Salvamento Marítimo para alertar cuando una patera con migrantes se encuentra la deriva, resume así esta medida: "Van a poner muros en el mar. Eso es dejarles morir, es la política brutal de España y Europa. Y se ha normalizado todo tanto que a nadie parece importarle". Para Maleno, "se va a usar de forma perversa un servicio que protege el derecho a la vida para funciones del control migratorio. Esto va a convertir a Marruecos en una segunda Libia, es una estrategia que se ha usado ya en el Mediterráneo central y ha causado más muertes. Es gravísimo, se está condenando a la muerte a miles de personas, eso sí, sin hacer el espectáculo que se hizo con el Aquarius", lamenta.

Blanca Garcés, investigadora de migraciones del CIDOB recuerda que "España siempre ha sido el laboratorio de políticas de externalización y control fronterizo en Europa". Según esta experta, "ahora vemos que se va a aplicar la misma estrategia que en la ruta Italia-Libia: externalizar fronteras y realizar devoluciones exprés y devoluciones en caliente en el mar. Esto supone vulnerar el principio de no devolución en el caso de menores, solicitantes de asilo, refugiados... Luego también está el asunto de Marruecos como puerto seguro", apunta.

"Marruecos no es un país seguro porque para serlo deberían garantizar unos mínimos y que las vidas de los retornados no corran peligro. Europa externaliza las políticas de control fronterizo y luego no se pregunta qué se hace con nuestro dinero. En Marruecos hay redadas policiales en los campos de migrantes que esperan para saltar las vallas fronterizas, se realizan deportaciones de migrantes al desierto, hay malas condiciones de centros de detención, se instalan alambradas con cuchillas en territorio marroquí. Todo esto se hace con dinero europeo y nadie se hace preguntas", lamenta.