La cadena hotelera Riu podría perder uno de sus emblemáticos hoteles situados sobre las Dunas de Corralejo en Fuerteventura. El Gobierno de España apuesta por la demolición del Hotel Riu Tres Islas después de 15 años desde que se inició un expediente para investigar las posibles irregularidades urbanísticas en las obras que aumentaron el volumen de esta construcción.

La Dirección General de la Costa y el Mar ha propuesto declarar la caducidad de la concesión otorgada a esta construcción hotelera, situada encima de un parque natural y que se ha mantenido todo este tiempo sobre un espacio de dominio público marítimo-terrestre.

En una propuesta de resolución firmada el 27 de febrero de 2023, el área dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto la demolición del Tres Islas y que Riu enfrente los costes derivados de ella. Este documento está firmado conjuntamente por la subdirectora General del Dominio Público Marítimo-Terrestre y el jefe de Servicio. Esta propuesta de resolución fue enviada al Consejo de Estado, a la espera de que emita un dictamen.

Dos hoteles con expedientes abiertos

Hasta la fecha, la empresa Riu Hotels ha venido explotando dos hoteles de la misma cadena localizados sobre el parque natural de las Dunas de Corralejo. Ambos con expedientes abiertos para estudiar la caducidad de su concesión por posibles incumplimientos urbanísticos.

En este espacio ya no está permitida la construcción, pero la cadena turística balear había llegado a un acuerdo con el Estado para mantener la explotación de estas parcelas, que venía aprovechando desde la década de los 70, bajo unos condicionantes.

En el caso del Hotel Riu Tres Islas, la apertura de un expediente se inició en el año 2008, tras detectar un aumento de volumen, altura y superficie ilegal, así como obras no autorizadas en el interior del local.

De acuerdo con Costas, Riu Hotels habría aumentado de forma ilegal su construcción en más de 1.031 kilómetros cuadrados sobre un espacio de dominio público. Mientras que el aumento de las actuaciones no autorizadas alcanzaría un volumen de 2.996,2 metros cúbicos.

En mayo de 2008 se abrió un expediente sancionador contra la mercantil Sonco Canarias (ahora Riu Hotels) por "un aumento de volumen" en las instalaciones. Estas obras sin autorización han sido entendidas por la Dirección General como "incumplimientos del título concesional lo suficientemente graves como para justificar la procedencia de la caducidad". Así lo ha dado a conocer una información publicada por Diario de Fuerteventura y confirmada por Público.

Sanción de 10.885 euros

Ese expediente se resolvió en septiembre de ese mismo año y consideró que la infracción estaba clasificada como "grave". En ese momento, se impuso una sanción de 10.885 euros y "la restitución de las cosas" a su estado anterior, como estaban cuando fue otorgada la concesión.

Durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy, entre el año 2011 hasta 2019, no se realizaron más inspecciones al expediente iniciado contra Riu Hotels. No fue hasta el 13 de febrero de 2020 cuando la Demarcación de Costas de Canarias, a través de su servicio de vigilancia, informó de que las obras denunciadas por aumento de volumen no habían vuelto a su estado anterior. Riu desoyó la instrucción del organismo público.

En marzo de 2020, la Dirección de la Costa y el Mar aclaró a la mercantil que las obras eran "ilegales" y consideró que estas obras no eran tampoco "legalizables". En esa misma resolución concedió un plazo de 15 días a los administradores del Hotel Riu Tres Islas para iniciar la demolición de las zonas construidas sin autorización y un máximo de dos meses para finalizarlas.

A 30 de junio de 2020, el área dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico insistió en que la demolición no había sido realizada en el plazo ordenado. La falta de actuación por parte de la mercantil llevó a la institución a abrir un periodo de actuaciones previas para justificar el cese de la concesión. Sin esa concesión, la empresa no podría seguir explotando el hotel sobre un espacio protegido.

La mercantil pidió entonces el archivo del expediente sancionador y más tiempo para "aportar un informe que acredite que las obras realizadas en 2007 en absoluto supusieron un aumento de volumen". A pesar de haber hecho este requerimiento y de arriesgarse a perder la licencia para explotar el citado hotel, la Dirección de la Costa asegura que Riu Hotels nunca presentó ese informe.

Costas comprobó que había "nuevas edificaciones e instalaciones posteriores al otorgamiento" de la concesión y que seguían sin devolverse a su estado anterior. El 13 de agosto de 2020, se levantó el acta para el reconocimiento de estas obras y tras una visita se enumeraron los espacios contrarios a la ley.

Las zonas ilegales

Entre las zonas que el expediente sancionador recoge como ilegales están las obras realizadas en abril de 2008. La cadena de hoteles Riu habría construido de forma ilegal un solárium, una planta de cuatro habitaciones con uso comercial no autorizado, nuevas instalaciones de SPA con jacuzzi y una piscina, una nueva piscina circular con jacuzzi en la zona de jardines, el techado del control de acceso al hotel, una planta desalinizadora por sistema de ósmosis inversa y una depuradora de aguas residuales.

Además, esta depuradora tiene un sistema de aireación "en muy mal estado" que hace que prácticamente se vierta "bruto directamente al mar tras un emisario submarino". Asimismo, la propuesta de resolución indica que el estado de la planta puede provocar daños al medioambiente. A esta advertencia de la Dirección de Costas, tampoco respondió la mercantil.

"Además de un importante aumento de volumen se ha producido un aumento de altura del edificio del hotel en cinco metros", puntualiza el informe. Asimismo, Costas constató que la empresa llevaba a cabo una explotación comercial "no autorizada" mediante el alquiler de espacios o habitaciones de hotel en una construcción declarada "ilegal", por lo que esta práctica supone un enriquecimiento "ilícito".

Incoación del expediente de caducidad

Las obras de aumento de volumen y de altura, sin haber ejecutado la demolición requerida, la explotación comercial de un espacio creado de forma ilícita, que aún continúa, conllevan "indubitadamente a nuestro entender la subsiguiente incoación del expediente de caducidad", concluyó de forma tajante la propuesta de resolución.

Además de lo señalado, Costas indica que hay hechos "incuestionables" que podrían dar lugar a otros posibles incumplimientos de la concesión. Entre ellos, la planta desalinizadora y su vertido de salmuera, así como el mantenimiento de la planta depuradora de aguas residuales.

En agosto de 2021, Riu Hotels alegó "indefensión" ante el inicio del expediente de caducidad y acusó a la Dirección de Costas de "incompetente" para tramitar y resolver dicho trámite. Además, insistió en que las obras ilegales ya han prescrito. Algo que la Dirección de la Costa y el Mar rechaza en este último escrito.

Costas ha afirmado que "el incumplimiento" de las condiciones particulares, recogidas en la disposición general 38 de la Ley de Costas, "será causa obligada de caducidad y conforme a la prescripción particular B, se prohíbe realizar obras que no san d reparación y mejora sin aumento de volumen y con autorización". Bajo este supuesto se procede a declarar la caducidad de la concesión.

En septiembre de 2022, la Dirección General de la Costa y el Mar remitió un expediente de caducidad a la Abogacía del Estado. En diciembre de 2022, emitió el expediente de referencia al Consejo del Estado. Ya en febrero de 2023, se notificó a Costas la apertura del procedimiento de infracción.

La materia en Costas entonces dependía del Gobierno de España, quien abrió el expediente contra la famosa cadena hotelera. El 1 de enero de 2023 pasó a ser gestionada por el Gobierno de Canarias, a excepción de los expedientes ya abiertos, como ocurre con el caso de los hoteles de Riu en La Oliva.

Por ese mismo motivo, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias envió un escrito al secretario de Estado de Política Territorial sobre el traspaso de funciones a Canarias en la gestión de Costas. "En su escrito, el viceconsejero somete a la consideración la posibilidad de que por la Administración no se adopten decisiones en los ámbitos controvertidos mencionados hasta que no exista acuerdo entre ambas administraciones".

En esta línea queda pendiente que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la propuesta de resolución. Asimismo, el expediente de caducidad se realizará de forma independiente a la incoación del procedimiento sancionador. Riu podría enfrentarse también a una sanción económica.