Open ArmsEl Gobierno habla ya de sanciones al Open Arms tras salvar la vida a unas 160 personas

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha recordado este miércoles que el barco de la organización Proactiva Open Arms no tiene licencia para realizar rescates en el Mediterráneo y ha apelado al cumplimiento de la ley al ser preguntada sobre posibles sanciones a la ONG.

"Nuestro país es un estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco", ha explicado Carmen Calvo en una entrevista en la Ser .

Asimismo, ha recordado que el propio fundador de la ONG, Oscar Camps, ha reconocido "cuáles son las condiciones del buque" y qué actividad puede realizar. "Tiene una autorización para ayuda humanitaria y esas son las condiciones en las que puede salir y puede operar; se lo recordó el ministro y en nuestro país todos sabemos lo que se puede hacer y lo que no", ha reiterado Calvo.

"Hemos actuado con la coherencia de la seguridad y respeto a los derechos humanos"

La vicepresidenta ha celebrado el desembarco de los migrantes que permanecían aún en el barco de bandera española y ha resaltado el esfuerzo del Gobierno español para hallar una solución a la crisis humanitaria. "Hemos actuado con la coherencia de la seguridad y respeto a los derechos humanos, pero nos alegra que la solución de estas personas se haya resuelto", ha indicado Calvo.

Asimismo, ha insistido en que durante la duración de la crisis el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo "infinidad" de contactos con las autoridades italianas para "ver si ellas adoptaban alguna decisión".

La vicepresidenta ha precisado que dichos contactos se mantuvieron con los ministros de Transportes y Exteriores, sin haber llegado a hablar con el de Interior, Matteo Salvini. "Salvini dejaba todos los días claro qué opina de los migrantes y de los puertos", ha añadido Calvo.

Sobre el Ocean Viking, el barco de Médicos sin Fronteras que se encuentra también en el Mediterráneo sin poder atracar en un puerto seguro con más de 300 migrantes a bordo, Calvo ha insistido en la necesidad de una respuesta coordinada de Europa.

"España es el país que más y mejor hace su tarea, lo hacemos con criterios de seguridad y respuesta humanitaria y pretendemos que Europa mejore y avance porque no puede corresponder a un solo país siempre la respuesta", ha dicho.

La ONG señala que no tiene ningún proceso penal

Por su parte, el abogado de la ONG, Jaime Rodrigo de Larrucea, ha recordado que Proactiva Open Arms no tiene abierto "el más mínimo procedimiento penal" en contra de ningún miembro y que la incautación del buque por orden de un fiscal italiano obedece simplemente a efectos probatorios.

También aclara que, muy al contrario, la investigación se ha abierto en Italia a instancias suyas y se dirige contra funcionarios o autoridades públicas de dicho país. "La orden de la FiscalÍa de Agrigento, más allá de señalar la inmediata liberación de los refugiados, lo que impone es un secuestro meramente probatorio del Open Arms", ha especificado Rodrigo, que ha recordado que el fiscal tan solo tuvo una hora para inspeccionar la nave y entrevistarse con los migrantes rescatados.

De ahí que el fiscal haya ordenado paralizar el barco y en las dos semanas que está previsto que el Open Arms permanezca en Italia pueda recuperar los documentos del buque, las pantallas del radar o los registros informáticos.

Por otro lado, el presidente de la ONG, Óscar Camps, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno de actuar como el ministro del Interior Italiano, el ultraderechista Matteo Salvini. "A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo", ha ironizado en se cuenta de Twitter.

Hasta 900.000 euros de multa

El Gobierno ya advirtió al buque humanitario a principios del mes de julio de que si retomaba los rescates de migrantes que están a la deriva en el mar Mediterráneo podía ser sancionado con multas de hasta 901.000 euros. También avisó al capitán del Open Arms que podría ordenar su regreso a puerto español "para hacer efectiva" su paralización en el caso de que acometiese operaciones de búsqueda y salvamento sin tener autorización.

Todo ello quedó reflejado en una carta remitida el 27 de junio al capitán del barco y que está firmada por Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento.

En la misiva, la Marina Mercante avisaba al barco de las "infracciones" que implica su "pretensión de retomar rescates" pese a que sólo cuenta con la autorización de proporcionar ayuda humanitaria.

El buque, de bandera española, no tiene permitido navegar ni realizar búsquedas activas en la zona SAR de salvamento y rescate del Mediterráneo central. En la misiva que incidía en que los incumplimientos "constituirán infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo", que pueden sancionarse "cada una de ellas con multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente", con arreglo al texto refundido de la Ley de Puestos del Estado y la Marina Mercante.

Además, la Marina Mercante advirtió al capitán de que si cometía infracciones "graves o muy graves contra la seguridad marítima" se podría declarar la suspensión del título profesional español.