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"En relación con la Educación concertada, iniciaremos de manera progresiva la extensión de los conciertos a la etapa de Bachillerato en los centros que tengan ya concertadas otras etapas, de modo que el alumno no esté obligado a cambiar de centro al terminar la ESO". Así reza el programa electoral con el que el PP de Andalucía se presentó a las elecciones de junio de 2022, en las que Juan Manuel Moreno Bonilla sacó mayoría absoluta.
Un año y medio después de esa victoria, la previsión de la Consejería de Educación es que en el curso 2024-2025, el que arranca el próximo mes de septiembre, haya 22 nuevas aulas concertadas, que suponen transferencias de dinero público a manos privadas, mayoritariamente de fe católica, en Bachillerato. Este tipo de conciertos han estado, hasta ahora, congelados durante años en Andalucía.
La cifra puede parecer pequeña y en comparación con el punto de partida, las 260 clases concertadas que dejó el PSOE cuando dejó la Junta en 2018, lo es, pero marca ya una tendencia. Son dos años consecutivos en los que el Gobierno andaluz ha expandido las aulas concertadas de Bachillerato por toda la Comunidad. Por ejemplo, en Almería, donde no había ninguna, según la Junta, habrá ahora cuatro.
"El año que viene habrá 282 unidades concertadas de bachillerato, y al menos 3.487 públicas (aún no son definitivas). El Gobierno socialista concertó 260 y este Gobierno 22. Incluye primero y segundo de Bachillerato. El 93% de los alumnos que estudian bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos (117.258) lo hacen en institutos públicos, y el 7% en centros concertados", son los datos que aporta Educación a Público.
"Hasta la llegada al poder de Moreno Bonilla en 2019, el número de unidades de Bachillerato concertadas estaba congelado, debido a la existencia de un tope normativo que impedía aumentar el número de unidades concertadas por centro. Por lo que, aunque no existía una prohibición expresa de concertar las enseñanzas postobligatorias, en la práctica, el número de conciertos en Bachillerato era muy reducido", asegura el sindicato Ustea.
Poco a poco, piano, piano, al estilo de Moreno Bonilla, el PP va implantando su ideario en Andalucía. El Gobierno de Moreno Bonilla cambió al llegar las normas de escolarización que venían de la etapa socialista, lo que le costó una huelga sectorial, y en una orden del año 2020, de 16 de diciembre, eliminó, según Ustea, el tope al aumento de unidades concertadas por centro.
Este, el de los conciertos del Bachillerato, es uno de los grandes anhelos del empresariado que se dedica a la enseñanza y que mayoritariamente profesa la confesión católica. Cada año, la Consejería de Educación recibe numerosas solicitudes para concertar aulas de Bachillerato. Tanto durante los últimos Gobiernos del PSOE, que tuvo durante muchos años parados los nuevos conciertos, como en la primera legislatura de Moreno Bonilla, en la que las competencias sobre Educación recayeron en Ciudadanos, se habían rechazado.
Sin embargo, ahora, la veda se ha abierto de nuevo. "Pueden no parecer muchas cuantitativamente", admite Ustea, "pero suponen un salto cualitativo y el inicio de la materialización del plan del PP y las derechas de extensión de la concertada", señala el sindicato.
Lo aprobado, además, no es suficiente para los empresarios de la educación, que con los datos del 7% del alumnado en la concertada frente al 93% en la pública, ven que el negocio –y la fe– se puede ampliar y creen que la oportunidad es este Gobierno del PP. Así, a Escuelas Católicas, que agrupa a los titulares de los centros educativos de esa religión, les ha parecido decepcionante la política del Gobierno andaluz y quieren más.
Los conciertos suponen una transferencia de fondos públicos a manos privadas. En el presupuesto para el año próximo la cifra para el Bachillerato supera los 31 millones de euros, un 13% más que en el año anterior. El PP aprobó durante la tramitación de las cuentas en el Parlamento una propuesta de Vox que elevó esa cantidad en casi un millón de euros. La ultraderecha lleva años presionando a Moreno Bonilla para que amplíe los conciertos educativos en el Bachillerato.
Además, según Ustea, la Junta favorece más sutilmente aún la escolarización en la concertada. "Un asunto llamativo –asegura el sindicato a Público– es que la ampliación de los conciertos a nuevas unidades de Bachillerato se hace efectiva con la orden correspondiente que se publica en junio o julio, pero los centros ofertan estas nuevas plazas en el periodo de escolarización de marzo. Esto contrasta con la situación en la pública, en la que por el contrario, se entra en el periodo de escolarización con una oferta a la baja (el menor número de unidades por nivel posible) y solo se aumenta si las solicitudes superan no ya la ratio máxima establecida por la normativa (en el caso de Bachillerato, 35), sino una ratio ilegal de 37".
Mil millones
En el resto de las etapas educativas, el Gobierno andaluz también ha ido ampliando el gasto en conciertos y este año, en total, supera por primera vez los mil millones de euros. Desde que gobierna Moreno Bonilla, los fondos para conciertos educativos se han incrementado un 22% y, según Ustea, han desparecido 2.500 aulas en la pública, debido a que esta escuela la que soporta la caída de la natalidad.
La Consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo (PP), viene defendiendo lo siguiente: "No se entiende el sistema educativo de Andalucía sin su red concertada. ¿Qué importa que estudien en un concertado, en un público si lo pagan los fondos de los andaluces? Hay que cuidarlos exactamente igual".
El sistema mixto que existe en España de educación concertada, fundamentalmente católica, combinada con el sistema público –en España, se creó en el año 1985, con los socialistas en el poder–, genera problemas de equidad y de segregación del alumnado, según recogen múltiples estudios.
Críticas de la oposición
La oposición de izquierdas no ahorra críticas a la medida. Para Inma Nieto, de Por Andalucía, "la asignación a conciertos de bachiller, puede parecer discreta en comparación a los 1.000 millones de euros que ya alcanzan todos los conciertos educativos".
"Pero lo cierto es –prosigue– que el PP, jaleado por Vox, ha aumentado en este año las dotaciones presupuestarias para los conciertos de bachillerato, siguiendo la misma línea ascendente que los recursos que se destinan a la FP privada. Frente a esto, el refuerzo de la educación pública en esos apartados apenas han crecido un 1%".
"La estrategia privatizadora es evidente, y muestran a las claras una apuesta del PP de fortalecimiento progresivo de la educación privada y concertada, mientras recorta en la pública, cierra unidades y restringe los recursos para profesorado y personal de apoyo del alumnado con necesidades educativas especiales", remacha Nieto.
La socialista Susana Rivas argumenta que "no se pueden destinar 30 millones de euros en el presupuesto andaluz a conciertos de Bachillerato cuando se siguen cerrando clases en los centros docentes públicos".
"Y por supuesto –añade Rivas– no se pueden concertar Bachilleratos cuando la red pública de los mismos funciona estupendamente, pero necesita los recursos públicos que se está destinando a la privada. Consideramos estos conciertos como una prueba más de la privatización que el gobierno del señor Moreno Bonilla está llevando a cabo en el sistema educativo público andaluz".
José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, aseguró: "La entrada masiva de los conciertos en el bachillerato supondría el gran salto hacia la destrucción de la escuela pública tal y como la conocemos hoy. Sería un gran problema que ocurriera. Sí el PP se atreve a dar esa batalla nosotros vamos a estar muy en frente".
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