La lucha contra la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables se verán reforzadas este 20022 con nuevas medidas gubernamentales dirigidas a tratar de paliar dichas necesidades. Entre esas iniciativas se encuentra la ampliación de la base de consumidores con derecho a percibir el bono social.

En tal sentido, el Gobierno someterá a información pública dos proyectos de real decreto que incluirán medidas como la citada ampliación de la población susceptible de recibir el bono social y su renovación automática para los beneficiarios, informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado.

La cartera que dirige Teresa Ribera ha actualizado los indicadores de pobreza energética correspondientes a 2020 que contribuyen a conocer mejor la evolución de las situaciones, la eficacia de las medidas y el análisis y actualización de los instrumentos de lucha contra ella, ámbito en el que el Gobierno ya ha desplegado medidas tales como la prohibición de los cortes de suministro o el refuerzo del bono social.

El informe explica y analiza la evolución de la pobreza energética en 2020 con cuatro indicadores, de los que han empeorado dos: la temperatura del hogar y el retraso del pago de facturas debido al impacto negativo de la pandemia de la covid-19.

En cambio, mejora el indicador de la pobreza energética escondida y se observa un resultado estable para el de gasto energético desproporcionado. La temperatura inadecuada en la vivienda en invierno y el retraso en el pago de facturas de suministros han aumentado respecto a 2019 respectivamente 3,3 y 3 puntos.

Estos resultados reflejan la especial dificultad que han sufrido los hogares más vulnerables a la hora de mantener una temperatura confortable durante el invierno y de hacer frente al pago de facturas durante un año especialmente complejo como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria.

En 2020, un 10,9% de la población, frente al 7,6% en 2019, consideraba que no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el inverno y el 9,6%, frente al 6,6% de un año antes, se había retrasado en el pago de las facturas de los suministros de su vivienda.

El indicador de gasto desproporcionado reproduce prácticamente el valor correspondiente al ejercicio 2019, con un ligero incremento de 0,1 puntos y pasa del 16,7% al 16,8% de los hogares en 2020.

La evolución de este indicador puede guardar relación con el confinamiento adoptado como respuesta a la incidencia de la pandemia. Dicho confinamiento obligó a la población, incluidos los ciudadanos más vulnerables afectados o en riesgo de verse afectados por pobreza energética, a permanecer más tiempo en sus hogares.

Esto supuso un impacto en sus consumos energéticos y el incremento del gasto, teniendo en cuenta que, en la mayor parte de los casos, el volumen de ingresos del hogar se ha reducido, debido a la paralización de la actividad económica.

A pesar de las circunstancias socioeconómicas que han motivado su incremento, dicho indicador se sitúa aún en niveles inferiores a los observados en 2017 y 2018.

Solo mejora el indicador de pobreza escondida de los hogares, que se sitúa en un 10,3% y sigue la senda decreciente empezada en 2019 (con un 10,6%), lo que refleja la mejora de este punto, de acuerdo con el informe.