Fondos BuitreCómo los fondos buitre se han hecho con el negocio de la vivienda y la sanidad

Los fondos de capital riesgo son sociedades privadas que se caracterizan por invertir grandes cantidades de dinero en momentos y situaciones delicadas. Su objetivo es comprar barato y vender una vez que la crisis se ha superado a precios mucho mayores de lo que invirtieron. De ahí que se les conozca comúnmente como fondos buitre, aunque el problema es, precisamente, que no son muy conocidos. Por ese motivo, y para poner coto a las actividades especulativas que enriquecen a estas compañías con sedes en paraísos fiscales y que generan graves problemas para los ciudadanos, se ha presentado este martes en Madrid la Plataforma contra los Fondos Buitre. 

Su objetivo, han detallado sus portavoces, es "denunciar las actividades de los fondos buitre en el campo de la deuda soberana de numerosos países", un problema grave que ha afectado a Estados como Argentina en 2001, a Grecia en 2012, a la República del Congo en los años 2000 y a Zambia en 2007, entre los casos más flagrantes. Por el momento no ha afectado a la deuda española, aunque "existe un riesgo de que sea así en el futuro", han advertido en rueda de prensa, donde han detallado que estos fondos de inversión aplican el mismo modus operandi que el de los bonos de deuda para hacer negocio con la vivienda, la sanidad y las residencias de mayores en España.

Dueños de la vivienda

"Los fondos buitre están atacado a lo bestia en el mercado de la vivienda", ha señalado Mercedes Revuelta, una de las portavoces de la plataforma, que apunta a estas entidades como uno de los responsables de la nueva burbuja del alquiler. Quizás los casos más conocidos fueron la venta masiva de viviendas sociales de Madrid a varios fondos buitre durante la alcaldía de Ana Botella y la presidencia de Esperanza Aguirre. De repente, miles de inquilinos que habían accedido a alquileres protegidos por razones sociales vieron como su nuevo casero era una empresa multinacional que se negaba a renovar los contratos y aumentaba los precios de forma desorbitada. Pero aquellas casi 5.000 viviendas públicas que casi se regalaron sólo fueron la punta del iceberg.

"Los bancos son los grandes tenedores de vivienda del país después de los desahucios por impago de hipotecas o por daciones en pago", ha explicado Revuelta, que ha advertido de que gran parte de esas casas están siendo vendidas en grandes lotes a precios muy bajos a estos fondos de inversión mientras más de tres millones de casas siguen vacías en España.

Otra gran parte de esos activos fue colocada en la Sareb, conocida como el "banco malo", por aglutinar los activos tóxicos del ladrillo de todas las entidades bancarias españolas. Según denuncian, la Sareb no sólo está organizando y vendiendo grandes lotes de viviendas a los fondos buitre a precios muy bajos, sino que también "se ha convertido en uno de ellos". Para ello, participa en una sociedad de inversión que se dedica a "especular en bolsa" con el mercado del alquiler. La herramienta se llama SOCIMI, y desde que explotó la burbuja del ladrillo, ha proliferado en España a una velocidad de vértigo, ya que goza de exenciones fiscales y no tiene que pagar el impuesto de sociedades.

"Gran parte de las SOCIMIS están en manos de fondos buitre. Todo este entramado no es más que especulación de estas empresas para ganar dinero a corto plazo, pero está provocando que se compren bloques de viviendas enteros, se eche de sus casas a inquilinos por no renovación de contratos, aumente el precio de la vivienda y haya escasez", ha denunciado Revuelta, que también ha advertido que un fondo buitre puede acabar controlando un barrio entero cuando compra miles de viviendas en él.

El negocio de los hospitales públicos de gestión privada

El negocio de la sanidad —pública, privada o mixta— es otro de los sectores donde los fondos buitre han irrumpido. "Hay que recordar que el objetivo de estas empresas no es mejorar el servicio de salud, sino aumentar los beneficios de sus accionistas", ha denunciado Vicente Losada, miembro de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, un colectivo que forma parte de la nueva plataforma contra los fondos buitre. Según Losada, el procedimiento es muy simple: comprar participaciones y recortar los gastos mediante rebaja de salarios o de personal para posteriormente venderlas a un precio millonario al mejor postor.

La presencia de fondos buitre en los hospitales españoles ha ido en aumento hasta el punto de que, actualmente, estas compañías poseen el 100% de hospitales semipúblicos como el del Arganda del Rey y el de Puerta de Hierro, ambos madrileños. Pero desde que el PP implantó en España el modelo de gestión público-privado en la sanidad, los fondos buitre han acabado comprando participaciones a las empresas adjudicatarias (normalmente, las constructoras de los hospitales) en centros como el Hospital del Henares, el Infanta Cristina en Madrid, pero también han hecho compraventas millonarias en otras comunidades como Valencia, con el Hospital del la Rivera, o en Galicia, con el Hospital de Pontevedra.

La entrada de los fondos buitre en la sanidad, denuncia la plataforma, genera la "precarización de las condiciones laborales y la reducción de plantilla", contribuye al deterioro de la sanidad pública y permite a estas empresas acceder a los datos de los pacientes del sistema público de salud. 

Leyes contra los fondos buitre

Desde la Plataforma, compuesta por organizaciones como ATTAC Madrid, Audita Sanidad, la Asamblea de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) Ecologistas en Acción, la FRAVM o distintas plataformas de afectados por la hipoiteca, entre otros,  recuerdan que una gran parte de estas empresas tiene sus sedes en paraísos fiscales, por lo que los miles de millones que ganan con los "pelotazos" en España ni siquiera tributan aquí. Además, "los fondos buitre no generan ni riqueza ni empleos, sólo se dedican a escapular", recuerda Revuelta.

Por razones como esta, la Plataforma exige que se adopten medidas que eviten la entrada de fondos especulativos en servicios básicos como la vivienda, la sanidad o los cuidados a la tercera edad. Además, piden que España desarrolle una legislación restrictiva con estas sociedades como ya existe en países europeos como Bélgica, Francia o Reuino Unido.