Día de InternetPara la Fiscalía , el uso de las nuevas tecnologías sirve "desgraciadamente" al incremento de la delincuencia

La Fiscalía General del Estado lamenta que el uso de las nuevas tecnologías haya servido "desgraciadamente" al incremento de la delincuencia, incluso de comportamientos delictivos tradicionales como las estafas, y ha advertido que la investigación de un ciberdelito es más complicada, pues en muchos casos la utilización de estas nuevas herramientas inciden tanto en el planteamiento como en el desarrollo de la actividad criminal.

Así lo ha expuesto la Fiscalía General del Estado en un comunicado en el que celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información —conocido como el Día de Internet— y subraya que los medios informáticos "a todas luces" han hecho mejorar "la calidad de vida de los ciudadanos", aunque "desgraciadamente" han provocado un aumento de la delincuencia.

El Ministerio Público recuerda que a tenor de los avances tecnológicos, en 2015 se aprobaron reformas legislativas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal —una de las reformas enmarcadas en las llamadas 'leyes mordaza'— o leyes orgánicas, para acomodar la norma procesal española a "las necesidades que plantea el reto tecnológico" y para para proteger las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, así como los principios y valores inherentes al Estado de Derecho.

Según recoge la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, relativa al año 2016, se incoaron 4.930 procedimientos sobre esta materia en la que se incluyen algunos comportamientos delictivos más tradicionales como las estafas, cuyos efectos se han visto multiplicado "extraordinariamente" por el uso de las nuevas tecnologías tanto en el planteamiento como en el desarrollo de la actividad criminal.

La venta de venta o el ofrecimiento "engañoso" de vehículos, electrodomésticos, dispositivos móviles o informáticos, ofertas de viajes u operaciones relacionadas con el mercado inmobiliario son cada vez los productos más frecuentes que se ponen a disposición a través de la red y que cada año general "un número importante de perjudicados".

El comunicado de la Fiscalía destaca que otras de las actividades ilícitas que se encuadra en la ciberdelincuencia son las transferencias económicas no consentidas, que se realizan tras captar las claves bancarias de los perjudicados mediante técnicas de ingeniería social como el 'phising' o por manipulaciones informáticas; o por el uso irregular de tarjetas de crédito o débito tras ser sustraídas físicamente o la utilización de sus datos de forma no autorizada. En este sentido, el Ministerio Público indica que en muchos casos no dan lugar ni tan siquiera a la incoación de actuaciones judiciales.

También destaca el aumento de las defraudaciones vinculadas con el juego online y también a las que se asocian a la utilización irregular de los servicios de telecomunicaciones; así junto a las ya más tradicionales de contratación irregular o de suscripción no consentida a servicios de tarificación adicional.

Incremento de expedientes por ciberacoso

Para la Fiscalía, de gran importancia son aquellos delitos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual y, en particular aquellos relacionados con pornografía infantil, o de personas con discapacidad o con el 'child grooming' —acoso sexual a menores por Internet. Aunque se ha detectado una leve disminución en los delitos de pornografía infantil con respecto a 2015, en el caso del acoso permanente sí que ha aumentado de los 96 expedientes en 2015 a los 131 del presente año.

En este último caso, la institución que dirige Julián Sánchez Melgar, explica que este delito se encuentra vigente desde el 1 de julio del año 2015 por lo que dichas conductas, hasta ese momento, se venían tipificado en las figuras genéricas de amenazas o coacciones cuando concurrían los requisitos necesarios para ello.

En cuanto a la leve disminución detectada en la pornografía infantil, la Fiscalía señala que no es sino una variación intrascendente, pues son investigaciones cuya evolución dependen de la actuación de oficio de unidades policiales especializadas a partir de la información que localizan en sus actividades de ciberpatrullaje en fuentes abiertas, por comunicación de autoridades de otros países; pero también de entidades prestadoras de servicios o, incluso, de usuarios particulares que, con ocasión de su navegación por la red, detectan dichos contenidos ilícitos vinculados a direcciones IP inicialmente de origen español.

Añade que este tipo de investigaciones cada vez son más difíciles, pues en los últimos años se está detectando actividades de naturaleza "más grave" a la distribución y posesión, ya que el material pornográfico se elabora directamente en el territorio nacional, organizándose también desde aquí la posterior distribución del mismo.