La Fiscalía retira la petición de disolver el partido cannábico Luz Verde y deja la decisión en manos de los jueces

La Fiscalía y la abogacía del Estado han retirado la petición de disolver el partido cannábico estatal Luz Verde que había presentado ante la Audiencia Nacional el Ministerio del Interior por incumplimiento de plazos en los estatutos y falta de actividad. Según han informado fuentes de Luz Verde, ambas partes han retirado sus acusaciones al haber quedado acreditada la actividad de la formación y la adaptación de su funcionamiento a lo dispuesto en la Ley de Partidos, aunque queda por ver aún qué decisión tomará el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional que instruye el procedimiento.

En ese juzgado de la Audiencia Nacional permanece abierto desde el pasado mes de noviembre un procedimiento abreviado, en el que aparece como demandante el Ministerio del Interior a través de la abogacía del Estado, y en el que se incluye un informe de la Fiscalía favorable a la declaración judicial de extinción de Luz Verde. Sin embargo, ambas partes han dado marcha atrás ahora en sus peticiones de disolución a raíz de la documentación que ha presentado el partido cannábico demostrando la actividad política que ha llevado a cabo y la adaptación de sus estatutos a la normativa vigente, según la formación.

El proceso, como adelantó Público, deriva de la resolución que la Subsecretaría General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerio de Interior notificó el pasado 4 de octubre a los responsables de Luz Verde sobre la modificación de estatutos que esta organización aprobó en julio tras haber disuelto RCN-NOK (Representación Cannábica Navarra) para crear un partido de ámbito estatal. En esa resolución, Interior aprueba el cambio de denominación, pero comunica que hay una serie de requisitos legales que no se cumplen en la redacción de los estatutos de la formación y que deben ser subsanados para poder ser incluido en el Registro de Partidos Políticos.

Interior advirtió de que los estatutos de la nueva formación política debían adecuarse a lo dispuesto en la Ley de Partidos para el correcto funcionamiento interno de la organización, incluyendo, entre otros aspectos, la previsión de los plazos para la convocatoria de una asamblea general, las reglas de deliberación del comité ejecutivo, el procedimiento para la elección de sus miembros, la confección de listas electorales, los requisitos de los candidatos y los recursos.

En su primer informe favorable a la petición del Ministerio del Interior, el fiscal explicaba que el procedimiento especial de declaración judicial de extinción fue introducido por la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económica financiera de los partidos, aprobada bajo el gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, "como vía garantista de intervención judicial para la depuración y mejora del funcionamiento del Registro de Partidos Políticos que permita cancelar la inscripción registral" de organizaciones inactivas. La Fiscalía defendía que la declaración judicial de extinción de Luz Verde cumplía los requisitos exigidos legalmente en cuanto a plazos y procedimiento, y que resultaba "una medida justificada", ya que "no consta que tenga actividad" la formación.

Sin embargo, Luz Verde ha aportado documentación que ha demostrado la actividad de esta formación política, entre la que se encuentra un escrito firmado por senadores que presentaron el pasado mes de septiembre en la Cámara alta una proposición de ley, impulsada por el partido cannábico, para regular las asociaciones de usuarios de marihuana en España. Esa propuesta partía, además, de una ley similar que se había aprobado en el Parlamento de Navarra en 2014 a instancias de una Iniciativa Legislativa Popular auspiciada por la formación RCN-NOK, que en julio pasó a denominarse Luz Verde.

El Parlamento navarro pide al Gobierno que "desista"

Precisamente, el Parlamento foral de Navarra ha aprobado este martes una moción en la que insta al Gobierno de España a "desistir en su iniciativa de ilegalizar" a Luz Verde. La iniciativa ha salido adelante con los votos de los grupos proponentes, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y Grupo Mixto Izquierda–Ezkerra, y con la abstención de Navarra Suma y PSN.

La diputada Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que la propuesta de disolución del partido cannábico "va contra el pluralismo político" y la participación en medio de un contexto en el que España se mantiene como uno de los pocos estados de la UE que aún no ha regulado el uso del cannabis. "El respeto al pluralismo político es sagrado en una democracia", dijo por su parte el portavoz de Geroa Bai, Jabi Arakama, quien subrayó que ningún defecto de forma puede ser la causa de disolución de un partido que, además, ha tenido una notable actividad con propuestas como la regulación de las asociaciones de usuarios tramitada en esa cámara con una ley que, posteriormente, fue tumbada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales.

También recibió Luz Verde el apoyo del grupo mayoritario del Parlamento foral, Navarra Suma (PP, Ciudadanos y UPN), aunque luego se abstuviese en la votación. Su portavoz, Carlos Pérez-Nievas, mostró sus dudas sobre el comportamiento del Ministerio del Interior en este caso, sobre todo en cuanto a los plazos concedidos al partido cannábico para la adaptación de sus estatutos, y abogó por dejar que sea el juzgado de la Audiencia Nacional el que decida la suerte de un partido que, según él, ha demostrado sobradamente en Navarra trabajar conforme a la legalidad.

El grupo socialista, que tenía previsto votar en contra de la moción, varió su posición al enterarse de que "las circunstancias habían cambiado" tras haber retirado Fiscalía y abogacía del Estado la petición de disolución del partido cannábico, según explicó su diputada Inmaculada Jurio. No obstante, la portavoz del PSN negó rotundamente que la decisión inicial del Ministerio del Interior de solicitar la disolución de Luz Verde fuese contra el pluralismo político, ya que, a su entender, se trataba únicamente de una actuación por incumplimiento de los trámites normativos.

Luz Verde emitió un comunicado en el que agradeció el apoyo del Parlamento navarro y, en especial, de los grupos que habían presentado la iniciativa. "Esperamos que este llamamiento sea el clavo definitivo de esta causa injustísima contra el Partido Cannábico que nos desacredita cada día que está abierta y que nos está costando una barbaridad en trámites y abogados", afirma la formación política, cuyo objetivo fundamental es la defensa de la regulación integral del cannabis en España.

Sin embargo, los responsables de Luz Verde consideran una "vergüenza nacional" que la causa para su disolución se mantenga abierta en la Audiencia Nacional, pese a haber retirado la acusación tanto la Fiscalía como la abogacía del Estado que representa al Ministerio del Interior, tras las pruebas que han presentado en su defensa.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional, una vez recibido los informes de las partes, tiene ahora que emitir un auto con su decisión sobre el procedimiento abierto a raíz de la demanda del Ministerio del Interior, es decir, si mantiene la extinción de la formación cannábica o, si por el contrario, archiva el caso, un auto que podrá ser recurrido por las partes en un plazo de quince días.

Y hay un precedente muy reciente. El pasado mes de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 de la Audiencia Nacional decidió seguir con el procedimiento para la extinción del partido Izquierda Castellana después de que tanto la Fiscalía como la abogacía del Estado hubiesen modificado sus peticiones de disolución tras haber adecuado la formación afectada sus estatutos a la Ley de Partidos de 2015, tal como se exigía en el expediente abierto.

Luz Verde se constituyó el pasado mes de julio en una asamblea general en Pamplona con el objetivo fundamental de impulsar la legalización del cannabis en España y denunciar la persecución policial y judicial que está sufriendo el sector, con numerosas detenciones y juicios a dirigentes de asociaciones de usuarios y responsables de bancos de semillas y tiendas grow, entre ellos los destacados activistas cannábicos Albert Tió y Víctor Segués.

En su programa base, Luz Verde propone una regulación integral que abarque todo el espectro de la producción y uso de la marihuana, desde que se seleccionan y venden las semillas hasta el consumo por diferentes vías y con fines tanto medicinales como recreativos. Su objetivo era presentarse a las próximas elecciones generales y como presidenta fue elegida Fernanda de la Figuera, con 78 años la activista más veterana por la legalización del cannabis en España, que ha sido condenada a nueve meses de prisión por un cultivo para abastecer de marihuana con fines terapéuticos a una asociación de mujeres de Málaga.