En la calle La Felicidad de Barakaldo está por producirse un hecho angustiante. Cinco meses después de la primera amenaza, una mujer de 41 años víctima de la violencia machista y con dos menores a su cargo afronta, ahora sí, un inminente desahucio. Hay ultimátum del juzgado: a partir del próximo martes 26 podría ser desalojada de la vivienda de alquiler social del Gobierno Vasco en la que reside.

J.T.B. vive inmersa en una pesadilla. Sabe dónde dormirá hoy, pero desconoce –y teme– lo que ocurrirá la semana próxima. El miedo se hace aún mayor cuando mira a su entorno más cercano: tiene dos hijos de 15 y 6 años respectivamente. Esta familia sobrevive “gracias a una entidad benéfica que le proporciona lotes de comida todas las semanas”, señalaron en un comunicado el Centro Asesor de la Mujer Argitan y Berri Otxoak, una plataforma centrada en la defensa de los derechos sociales.

El pasado 30 de julio, ambos colectivos dieron a conocer que el desahucio, inicialmente previsto para ese día, había sido suspendido temporalmente. “Durante este periodo, esta madre con dos hijos menores ha intentado repetidamente, sin lograrlo, ser recibida y obtener propuestas de los servicios sociales del ayuntamiento y del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Ninguna de las dos instituciones ha dado respuesta durante meses”, denuncian.

La vivienda de alquiler social estaba a nombre de su ex pareja, a quien J.T.B. “denunció por violencia de género en varias ocasiones en el juzgado de guardia ante la Ertzaintza entre los años 2013 y 2017”. Precisamente, la mujer notificó que “su ex pareja ya no residía en la vivienda y solicitó su cesión y uso en mayo de 2018”. Sin embargo, los problemas no se resolvieron –se acumulan, además, retrasos en los pagos– y ahora está a punto de quedarse en la calle.

Fuentes de la consejería de Vivienda del Gobierno Vasco señalaron a Público que se trata de una vivienda del programa Bizigune (enfocado en la “captación de pisos desocupados para su puesta en el mercado a través del alquiler protegido”). Apuntaron que el titular de la vivienda acumula una deuda que ronda los 11 mil euros y aseguraron incluso que a la mujer afectada “se le ofreció por su situación familiar que se subrogara el contrato”.

Desde el Gobierno Vasco dijeron además que en los informes “no consta ninguna denuncia de malos tratos”. Este extremo fue rechazado por el entorno de la afectada, que remarcaron que sí existen esas denuncias y aseguraron que fueron aportadas a lo largo de este proceso.

Este jueves, Argitan y Berri Otxoak se concentrarán a partir de las 10.30 frente a las oficinas de Alokabide –el área del Gobierno Vasco a cargo del “desarrollo de la función social de la vivienda a través de la política de alquiler”– en Bilbao para pedir que se paralice el desahucio.

111 casos en 2019

Esta misma semana, el Gobierno Vasco respondía por escrito al parlamentario de Elkarrekin Podemos y miembro de Ezker Anitza Iñigo Martínez Zatón sobre los desahucios en viviendas protegidas. En ese documento, el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, señala que “del conjunto de viviendas públicas en régimen de alquiler gestionadas por Alokabide, que han alcanzado la cifra de 13.985 a 30 de septiembre de 2019, se encuentran en fase de tramitación judicial del desahucio 111 casos”, lo que constituye el “0,79% del total”.

La localidad que concentra mayor número de desahucios de vivienda pública es Vitoria, donde figuran 50 casos. Detrás están Bilbao con 14 y Barakaldo –donde vive J.T.B.– con 11.

En la información global sobre desahucios se señala además que “el inicio de un procedimiento de desahucio no implica, por supuesto, que concluya con el lanzamiento de la persona afectada” y subraya que “la mayoría de los casos se cierran antes de llegar a la vista judicial por alcanzarse un acuerdo para reconducir la situación”. En esa línea, sostiene que “únicamente el 46% de las demandas de desahucio iniciadas en 2018 terminaron en un lanzamiento, mientras que en el 54% de los casos se recondujo la situación”.

El consejero destaca además que “el Gobierno Vasco no es un casero que busca el lucro arrendando las viviendas del parque público que gestiona Alokabide”. “Por el contrario –continúa–, la finalidad de su actividad es “asegurar el acceso a una vivienda digna en alquiler a las personas o familias que no pueden acceder a ella por sus propios medios, cumpliendo el mandato de la Ley de Vivienda de 2015”.

En tal sentido, defiende que “a ninguna persona inquilina –absolutamente a ninguna– se le desahucia de su piso por el hecho de que se retrase en el pago de la renta o no pueda pagarla por causas justificadas o de fuerza mayor”. “El procedimiento de desahucio es el último y excepcional recurso, al que sólo se acude cuando se agota todo un amplio proceso de acompañamiento social y búsqueda de alternativas y otros remedios”, apunta.

De hecho, Arriola subraya en su respuesta que “los gestores de la sociedad pública Alokabide tienen instrucciones de ser extremadamente flexibles y actuar con sensibilidad, buscando siempre soluciones personalizadas ante los problemas que pueden motivar e inicio de un procedimiento de desahucio”.