La administración Trump le tiene declarada la guerra al derecho al aborto y ha visto en la pandemia de covid-19 el escenario adecuado para tratar de demoler, bloquear o laminar ese derecho. Desde que Donald Trump declaró la emergencia nacional el 13 de marzo, hasta doce Estados han actuado para vetar los abortos en sus territorios. Esta semana, la administración ha dado un paso más: el pasado lunes la agencia estadounidense de cooperación internacional (USAID, por sus siglas en inglés) le reclamó oficialmente a la ONU que eliminase todas las referencias al aborto y al derecho a la salud reproductiva del plan mundial sobre la pandemia de covid-19.

En una carta firmada por el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, éste le pide al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que a fin de "evitar controversias (…) elimine las referencias a la salud sexual y reproductiva y sus derivados del Plan Global de Respuesta Humanitaria, y saque las disposiciones sobre el aborto como un componente esencial de las prioridades de las Naciones Unidas para responder a la pandemia de covid-19".

Barsa acusa a la ONU de tratar de "usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como servicio esencial. Lamentablemente", añade, "el plan mundial hace precisamente esto, al colocar cínicamente la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva al mismo nivel de importancia que la inseguridad alimentaria, la atención sanitaria esencial, la malnutrición, la vivienda y el saneamiento de aguas".

El documento de la ONU, con todo, no tiene ninguna referencia explícita al aborto. Menciona 16 veces el concepto de salud reproductiva para afirmar cosas como que estos servicios, junto a otros, pueden sufrir mermas y limitaciones durante la pandemia o alertar de que mientras ésta se prolongue "las desigualdades de género se verán agravadas y los riesgos de la violencia de género aumentarán".

Por este motivo, el plan subraya "la urgencia de proteger y promover los derechos y la seguridad de las mujeres y las niñas, quienes suelen tener un acceso reducido a las redes y servicios de protección, incluidos los de carácter sexual y a los servicios de salud reproductiva, como resultado de la
emergencias sanitarias".

En cuanto a Barsa, esgrime en su carta dos argumentos sorprendentes. Por un lado, le da un toque de atención a la ONU al asegurar que "no estamos en un momento como para añadir desavenencias innecesarias relacionadas con la respuesta a la covid-19". Sin embargo, Estados Unidos bloqueó a principios de este mes una resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto el fuego global para abordar colectivamente la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, Barsa se atreve a recodarle al secretario general de la ONU que USAID "ha destinado 45,3 millones de dólares a las agencias de Naciones Unidas para combatir la pandemia globalmente", pero elude mencionar que la administración Trump ha cancelado los fondos destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es una agencia de la ONU.

Sobre la relación entre el derecho al aborto y la salud reproductiva en medio de la pandemia de covid-19, la propia OMS emitió un comunicado a principios de abril en el que alertaba de que "la violencia contra las mujeres permanece como una amenaza mayor tanto para la salud pública global como para la de las mujeres en particular en períodos de emergencias".

"Globalmente, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual por parte de cualquier otra persona a lo largo de su vida", aseguraba la OMS en dicho comunicado, que remacha: "La violencia contra las mujeres tiende a aumentar durante todo tipo de emergencias, incluyendo epidemias".

"La violencia contra la mujer puede provocar lesiones y graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva, incluidas las infecciones de transmisión sexual, el VIH y los embarazos no planificados", sentencia la OMS.

La misiva de USAID a Naciones Unidas ha desatado también las críticas entre las organizaciones y colectivos relacionados con el derecho al aborto. La presidenta del Centro para la Igualdad en la Salud y el Género (CHANGE, por sus siglas en inglés), Serra Sippel, no ha dudado en arremeter contra la agencia estadounidense: "USAID debería avergonzarse por su descabellado intento de utilizar el coronavirus como medio para desmantelar un marco de derechos de salud sexual y reproductiva".

"Cuando los Estados Unidos se alejan del marco de los derechos de la salud sexual y reproductiva acordado internacionalmente, se alejan de la protección del derecho a la vida de las mujeres", ha afirmado Sippel, en declaraciones a la CNN.

No es éste el primer intento de los republicanos de Estados Unidos por laminar o bloquear el derecho al aborto. Desde que Trump declaró la emergencia nacional en Estados Unidos por la covid-19 el pasado 13 de marzo, hasta doce Estados han emprendido acciones encaminadas a ese objetivo, aunque con diverso resultado.

Según un recuento del Washington Post, el caso más flagrante fue el de Texas, que llegó a cerrar las clínicas de abortos tras una orden del gobernador, Gregg Abbot, que pertenece al ala más conservadora del Partido Republicano. Abbot ya aprobó una ley en 2017 que prohíbe en Texas a las compañías de seguros médicos incluir el aborto en sus seguros médicos estándar.

La actual orden del gobernador para vetar el aborto durante la pandemia expiró finalmente el pasado 23 de abril y desde entonces las clínicas abortivas están abiertas. Esta cancelación total del derecho al aborto con la excusa de la pandemia es, según el Washington Post, "el mayor bloqueo al acceso al aborto permitido por las cortes federales desde que una sentencia del Supremo en 1973 sobre el caso Roe vs. Wade declarara el aborto como un derecho constitucional".

En cuanto a otros Estados, se han implantado ciertas restricciones en Alaska, Arkansas, Iowa y Ohio. En Alabama, Oklahoma y Tennessee hubo intentos por parte de sus gobernadores, pero los tribunales supremos de esos Estados vetaron dichas iniciativas.

En Indiana, Kentucky, Misisipi y Utah, los republicanos han promovido acciones para vetar o restringir el derecho al aborto, pero finalmente las clínicas permanecen abiertas y funcionando por diversos motivos. En Kentucky, por ejemplo, fue el gobernador demócrata el que bloqueó los intentos en ese sentido del fiscal general del Estado, vinculado al Partido Republicano.