Los encarcelados de Alsasua llevan más de 75 días bajo un severo régimen penitenciario

@danialri

MADRID.- “El sábado vas a verles; el domingo lo pasas como puedes”. Con esa frase, Igone Goikoetxea resume cómo son sus fines de semana desde hace dos meses y medio. Ya han pasado más de 75 días (este lunes, se cumplen concretamente 77 días) desde que su hijo Jokin fue encerrado en la cárcel de Soto del Real, pero ella sigue sin resignarse. Ni quiere, ni puede. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tenerles en casa cuanto antes”, afirma. Maite y Antton la escuchan atentamente. Sus respectivos hijos –Oihan y Adur- también están presos por “terrorismo”. La Audiencia Nacional –y algunos diarios estatales- los han señalado como los máximos responsables de la trifulca con dos guardias civiles sin uniforme en un bar de Altsasu. Ellos lo niegan.

Jokin y Adur tienen 22 años. Oihan, 21. El resto de sus datos personales, incluyendo adscripciones ideológicas, fueron ampliamente divulgados por algunos periódicos de Madrid, que acompañaron sus informaciones con las fotos de los acusados. El relato se completó con anécdotas sobre los supuestos peligros que enfrentan los guardias civiles en Altsasu –una de las localidades más militarizadas de Europa-, algo que el propio coronel jefe de la Benemérita en Navarra, Javier Hernández, negó tajantemente hace ya varias semanas. No valió de mucho: para entonces, estos tres chicos ya habían sido señalados como los supuestos cabecillas del confuso episodio registrado el pasado 15 de noviembre a las cinco de la mañana en un bar de ese municipio navarro.

Aquella noche, dos guardias civiles de paisano, acompañados por sus respectivas parejas, se vieron involucrados en una pelea con otros jóvenes en el Koxka, un establecimiento muy conocido de esta localidad. A partir de ahí empiezan los relatos cruzados y las versiones contradictorias: primero se habló de una supuesta turba de cincuenta personas que querían linchar a los dos miembros de la Benemérita. Luego se redujo drásticamente el número de participantes en el incidente, así como la gravedad de las lesiones. Sin embargo, el caso tomó otro rumbo cuando entró en escena el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE). A pesar de que ninguno de sus miembros se encontraba esa noche en el bar, la organización liderada por Consuelo Ordoñez –hermana de Gregorio Ordoñez, el dirigente del PP asesinado por ETA en 1995- aseguró que se trataba de un episodio de carácter terrorista, por lo que pidió que actuase la Audiencia Nacional.

Basándose en un informe aportado por la Guardia Civil, la jueza Carmen Lamela ordenó el encarcelamiento de siete jóvenes, a quienes procesó –tal como reclamaba COVITE- por “terrorismo”. El auto de procesamiento fue emitido el 22 de noviembre. Casi un mes después, el 20 de diciembre, cuatro de los acusados fueron puestos en libertad condicional. Sin embargo, Lamela decidió mantener en prisión a Adur Ramírez de Alda, Jokin Unamuno y Oihan Arnanz, aduciendo su “especial liderazgo y protagonismo en los hechos”. Hoy continúan en Soto del Real, donde se encuentran bajo el estricto régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento).

“Todo esto es un sinsentido”, afirma Antton Ramírez de Alda, el padre de Adur. Igone Goikoetxea, la madre de Jokin, lo compara con “una película en 3D”. “Nuestros hijos están viviendo una experiencia que no deberían vivir”, lamenta esta mujer. A su lado está sentada Maite, la madre de Oihan. “Dentro de lo que cabe, están aguantando bastante bien”, asegura. Ella también quiere sentirse –y mostrarse- fuerte, sobre todo durante los cuarenta minutos que dura la visita semanal en Soto del Real. “Queremos que nos vea bien –explica-, para que el resto de la semana se queda con una buena sensación”. En otras palabras, no a las lágrimas y sí a las sonrisas. “Cualquier madre haría esto por sus hijos”, añade.

El denominado “caso de Altsasu” no solo preocupa a los padres de los detenidos. Este miércoles, los familiares darán a conocer el listado de adhesiones recibidas hasta ahora por parte de distintas personalidades de la sociedad civil. Según ha podido confirmar Público, en ese documento figuran el prestigioso forense Paco Etxeberria, la cineasta Helena Taberna, el también director Juanma Bajo Ulloa o el periodista Mariano Ferrer, entre otros. La búsqueda de apoyos continuará ahora en otros lugares del Estado, como Madrid y Barcelona.

La solidaridad también se ha dejado sentir este sábado en el exterior de la cárcel de Soto del Real, donde varias decenas de personas provenientes de Alsasua y Pamplona han realizado una concentración en solidaridad con los detenidos. “Estamos recibiendo apoyos de gente de todas las ideologías –destaca Goikoetxea-. Nos dicen que si en lugar de nuestros hijos hubiesen estado los suyos, estarían en la misma situación”.

En ese contexto, la madre de Jokin advierte que ha surgido “una lucecita”: la Audiencia Provincial de Navarra ha solicitado a la jueza instructora de Pamplona que explique por qué se inhibió a favor de la Audiencia Nacional en esta causa. No es un aspecto menor: si los tribunales revirtiesen esa decisión, el caso volvería al juzgado de la capital navarra y los siete jóvenes –tanto los tres que siguen encarcelados como los cuatro que están en libertad provisional- dejarían de estar sometidos a un procedimiento judicial por “terrorismo”. Así lo reclaman sus padres y amplios sectores de la sociedad.