—Hola, buenas tardes... ¿Guardia Civil, no?

—Sí.

—Mire… Yo llamaba para informar que hoy, entre las cuatro y media y las siete de la tarde, va a entrar en el pueblo de Benamahoma una furgoneta Volkswagen blanca, con matrícula terminada en DTT, con una importante cantidad de droga para ser consumida en las fiestas del Coto de Bornos.

Esta llamada, que consta tal cual transcrita en las diligencias de la Guardia Civil, fue una de las claves de la trama que se urdió contra Juan Clavero, un histórico ecologista andaluz a quien, en 2017, le colocaron 47 gramos de cocaína para forzar su detención y acallar sus protestas. La trampa no salió del todo bien. De hecho, la Justicia terminó imputando a los conspiradores, vinculados a Sociedad Breña del Agua, una empresa con la que el ecologista había tenido varios encontronazos por la usurpación de caminos públicos y vías pecuarias en la Sierra de Grazalema.

Este miércoles debería haber empezado el juicio contra los cuatro implicados –el apoderado de la empresa, dos capataces y la persona que colocó la droga en el interior del vehículo–, pero el magistrado lo ha aplazado horas antes y Clavero, seis años después, sigue esperando justicia. "Me han intentado hundir la vida. A mi, a mi familia y a Ecologistas en Acción", dice a Público. "Las consecuencias de esta trama pudieron ser terribles, pero afortunadamente se supo todo muy rápido, y gracias a la colaboración ciudadana".

"He tenido muchos problemas y muchos encontronazos por defender el acceso a los caminos públicos del monte y las vías pecuarias, pero nunca me habría imaginado una operación así", relata. Clavero se acelera cuando recuerda aquellos días; cuando describe cómo la Guardia Civil le paró deliberadamente para buscar, bajo el asiento del copiloto, un pequeño fardo de cocaína.

"Nosotros hemos chocado mucho con esta gente y con otros propietarios de fincas. Hemos organizado marchas y hemos pasado por los caminos públicos que se apropian, pero nunca habría pensado en una represalia así", indica el conservacionista a quien en el pasado, debido a su activismo, también le llegaron a quemar el coche por oponerse a la construcción de una urbanización en zona protegida.

A Clavero le detuvieron y pasó una noche en el calabozo. Después, el juez le puso en libertad y a los pocos días emitió un auto que, para él, "tiene un valor importantísimo" porque deja clara su inocencia. "El juez no sólo archivó el caso, sino que dijo en su auto que he sido sometido a una trampa por mi actividad como ecologista y por defender los caminos públicos", comenta.

La Guardia Civil constató que los cuatro acusados que esperan a ser juzgados urdieron un plan que pudo destaparse, en parte, gracias a las declaraciones de varios testigos, que presenciaron cómo conjuraban en uno de los bares del pueblo. Las cámaras de vigilancia de un banco, además, acreditaron que uno de los acusados emitió la denunció denuncia falsa de tráfico de droga desde una cabina telefónica.

La presunta implicación del cabo de la Guardia Civil

Sin embargo, para Clavero y su defensa la Justicia no ha operado del todo bien, ya que ha dejado fuera del banquillo al cabo de la Guardia Civil que encontró la droga. "Cuando me para, en un primer momento, no encuentra la droga y entonces escribe un mensaje de whatsapp a la persona que se infiltró en mi círculo y que colocó la cocaína. En la conversación, esta persona le dice que mire bien debajo del asiento del copiloto y después le pide que borre el mensaje", explica el ecologista.

Tanto la Fiscalía como el juez han librado al agente de sentarse en el banquillo, aunque desde la defensa de Clavero siempre han considerado que podría estar implicado. "Argumentan que a él también le engañaron y que, al darse cuenta de ello, avisó a sus superiores", lamenta. "Cuando declara en el juzgado y cuenta la película, el cabo reconoce que en el atestado se omitió la conversación de whatsapp y viene a decir que lo hizo para proteger a su informante, que, mira tu por dónde, era el infiltrado que me colocó la droga...", narra.

Las grandes fortunas extranjeras, los nuevos "señoritos"

La otra gran preocupación de Clavero y de Ecologistas en Acción es que el magistrado también considere como responsable subsidiario a la empresa para la que trabajaba el apoderado y los dos capataces. Breña del Agua, la sociedad implicada, es una de las mayores propietarias de fincas en la Sierra de Grazalema y es un negocio en manos de un magnate belga, Marnix Galle.

"Es importante que quede claro que esto lo monta el responsable de la empresa y varios trabajadores. Lo hacen, no porque tengan algo personal contra mí, sino por lo que yo hago para que las vías pecuarias se abran al público. Es decir, la trama se monta para defender a la Sociedad Breña del Agua; para poder quedarse con terreno público usurpado y también para desactivar la actividad de Ecologistas en Acción en la zona", destaca. 

En este caso, la petición del ecologista coincide también con la del Ministerio Público, que ha solicitado la responsabilidad subsidiaria de la empresa en la trama.  

"En Andalucía se dice que los señoritos han desaparecido, pero quienes no lo han hecho han sido los cortijeros que se creen los dueños del territorio. Las grandes fortunas han asumido la forma de actuar de los señoritos. Aquí llegan inversores de fuera con mucho dinero que compran fincas para organizar su particular escopeta nacional y que asumen ese rol. Ponen a un administrador matón cortijero y se comportan como los señoritos antiguos, asumiendo que tienen capataces que se encargan de que no pase nadie por los caminos", zanja.