"La decisión de ir a despedir a mi padre antes de que falleciera era mía, no del Gobierno. Y no estar allí fue algo muy difícil, porque a mi hermano y a mí nos quitaron esa oportunidad".

Es el relato de la mexicana Mayra Garibo a Público después de que, en enero de 2018, tuviera que seguir por FaceTime el funeral de su padre. Ella se encontraba en California. Su padre yacía en un ataúd a miles de kilómetros de distancia, en el estado mexicano de Sinaloa. Llevaban veinte años sin verse ni abrazarse.

Garibo, que ahora tiene 28 años y permanece indocumentada desde que llegara a EEUU a los seis años, había solicitado un permiso temporal al gobierno de Donald Trump para viajar a México y despedirse de su progenitor. Las autoridades migratorias (USCIS) rechazaron la petición porque, según éstas, el caso no respondía a "razones humanitarias".

La autorización que solicitó Garibo, conocida como advance parole, le permite a los jóvenes indocumentados, soñadores o dreamers, viajar temporalmente fuera de EEUU y regresar legalmente al país anglosajón sin miedo a la deportación.

Pero el 5 de septiembre de 2017, Trump había emitido una orden ejecutiva para frenar en seco DACA, un programa federal que protege frente a la deportación a unos 700.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran niños y que les permite trabajar de forma legal. Con el fin de DACA, sin embargo, también se puso un alto a los permisos temporales para viajar.

"Llevamos dos años luchando por recuperar los permisos de advance parole y viendo, en este tiempo, cómo los dreamers y sus padres están afectados por un terrorismo de estado que los tiene en jaque, en un pavor continuo, hasta el punto de que requieren atención de salud mental", denuncia a Público Armando Vázquez-Ramos, presidente del Centro de Estudios México-Californianos (CMSC), una ONG dedicada al intercambio cultural entre EU y México situada en Long Beach.

Vázquez-Ramos es también catedrático de estudios chicanos y latinos de la Universidad de California en Long Beach y, hace dos años, fundó el Advance Parole Assistance Program a través de CMSC. El objetivo de la iniciativa es asesorar y ayudar a estudiantes indocumentados de todo el país a tramitar las solicitudes de advance parole.

De las 182 solicitudes de soñadores que el centro recibió inicialmente, sólo se tramitó una treintena, porque la mayoría de los casos no cumplía los requisitos exigidos por las autoridades, o los jóvenes no disponían de los fondos suficientes para financiar el costoso proceso.

"Las peticiones cuestan 675 dólares y yo he pagado algunas de ellas para mantener la vía legal abierta", explica el profesor. "Ya rechazaron trece casos y varios estudiantes han recibido cartas donde se les avisa que su caso también será rechazado, pero cada moción o apelación cuesta dinero".

Cuenta Vázquez-Ramos que, a pesar de que los estudiantes están aportando pruebas del fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, las solicitudes son rechazadas de forma sistemática.

"Hay una decisión de una corte de San Francisco que le permite al gobierno otorgar el permiso a los solicitantes que demuestren que, por razones humanitarias, se lo merecen", denuncia. "Pero la están ignorando".

A pesar de la postura inamovible del Gobierno, Garibo no ha tirado la toalla y está tratando de conseguir un nuevo permiso –esta vez, para visitar a sus abuelos en México–.

"Sigo peleando porque mis abuelitos están enfermos. Tengo una abuela con neumonía y mi abuelo tiene cáncer", explica la mexicana. "Ya han rechazado la petición una vez, y pagué por segunda vez 675 dólares en noviembre de 2019 para pedirles que lo reabran y lo reconsideren, porque es importante que el caso siga abierto en el sistema de USCIS".

Según Vázquez-Ramos, mantener la vía judicial vigente es "fundamental" mientras el Tribunal Supremo de EEUU delibera sobre el futuro de DACA y, por consiguiente, de advance parole.

La decisión judicial del Supremo –que cuenta con mayoría de magistrados republicanos– podría llegar antes de junio de este año y sería inapelable. Sin embargo, el profesor cree que, de ser desfavorable para los soñadores, estos podrían presentar una querella colectiva contra el Gobierno de Trump por no haber respetado las razones humanitarias.

"Otro resultado puede ser que el Supremo no tome una decisión y le regrese el caso a la Corte de Apelaciones", reflexiona Vázquez-Ramos. "Como estamos en año electoral, el Supremo quizá prefiera no posicionarse y que el próximo gobierno que salga elegido decida sobre DACA, pero también podría dar una decisión mixta".

Desde 2014, el catedrático ha recurrido a ‘advance parole’ para llevar al extranjero a cientos de alumnos indocumentados inscritos en sus programas y clases universitarias. Durante el mandato de Barack Obama no hubo inconvenientes: los estudiantes podían viajar a su país de origen y realizar un proyecto de investigación sobre sus raíces. Algunos también pudieron conocer otros países.

Lo cuenta la salvadoreña Lidieth Arévalo que, entre 2015 y 2017, llegó a viajar a México y a El Salvador en siete ocasiones antes de que Trump acabara con DACA. Pudo visitar a su hermano –que había sido deportado años antes– y a su padre, que se trasladó a El Salvador para estar con su hijo.

"Es una frustración que te corten las alas. Viajar me abrió las fronteras, me hizo soñar y, obviamente, no tener ya la oportunidad, duele", asegura la joven en entrevista con Público.

Desde hace cinco años, Arévalo trabaja en CMSC como directora multimedia y asistente de Vázquez-Ramos. Fue aquí donde conoció a Garibo, con quien entabló una profunda amistad y cuya batalla por asistir al funeral de su padre quedó retratada en Advance Parole: Broken Undacamented Dream, un documental dirigido por la salvadoreña.

En varias ocasiones, los dreamers han acompañado "al profe" hasta Washington D.C. y se han reunido con congresistas y senadores, a quienes les han pedido que aboguen por DACA y advance parole.

Lograron que este apoyo quedara reflejado en una carta firmada por decenas de representantes políticos. Pero insisten en que ha servido de poco y que las autoridades migratorias de EEUU continúan dándole la espalda a los indocumentados.

"Hemos estado escribiendo a las autoridades y enviándoles la carta de apoyo, y la respuesta más reciente fue del jefe de USCIS, Ken Cuccinelli. Nos envió una carta el 5 de noviembre de 2019 y dijo que ya no estaban aprobando advance parole", explica Garibo.

"Y si miras en la carta su firma, al lado, hay una carita feliz. Es increíble que todo el esfuerzo que hacemos para estar con nuestros seres queridos no le toque el corazón a la persona que recibe nuestra carta".

Mientras decenas de miles de soñadores viven pendientes de la sentencia del tribunal supremo sobre DACA, Vázquez-Ramos advierte que seguirá en pie de guerra hasta que logre una solución "humana y justa" para todos los indocumentados, un objetivo que, indirectamente, ya ha logrado para algunos de sus alumnos.

"Los estudiantes que viajaron al extranjero con advance parole tienen un registro de entrada legal al país. Algunos se casaron con sus parejas, que tienen la ciudadanía estadounidense, y eso les ha permitido regularizar su estatus migratorio", asevera el catedrático.

Para aquellos como Garibo o Arévalo, que no cuentan con una pareja que pueda "patrocinarlas", la "experiencia" acumulada de ser indocumentadas durante tantos años sigue siendo, por el momento, su mayor consuelo.

"Sé lo que es vivir de forma indocumentada, y si el Supremo acaba con DACA, ya sé cómo sobrevivir", sentencia la salvadoreña.