"Ha empezado algo imparable, no hay vuelta atrás". Los sindicatos de inquilinas califican de "histórica" la manifestación por el derecho a la vivienda que desbordó Madrid este domingo. Miles de personas –22.000 según la Delegación del Gobierno; 150.000 según los convocantes–, tomaron las calles de la capital para exigir una "bajada del 50% de los alquileres" y denunciar la "inacción" de las administraciones públicas. Los manifestantes, hartos de "pagar 600 euros por un zulo", hicieron sonar sus llaveros por toda la ciudad. Ana María fue una de las vecinas que alzó la voz. Lo hizo, además, horas antes de enfrentarse a su propio desahucio. 

El lanzamiento estaba programado para este lunes a las 10.30 horas. Los activistas del Sindicato de Vivienda de Carabanchel llegaron al bloque pasadas las 23.00 de la noche, tras una "intensa jornada" de protestas. La Policía acordonó el Camino Alto de San Isidro sobre las 2.00 de la madrugada. Los agentes se retiraron, una vez "militarizada" la zona, y esperaron la llegada de la comisión judicial en las calles aledañas. El portal se llenó de vecinos, amigos y militantes: una "sinergia" de más de 200 personas que logró detener el primer desahucio tras la "gran marcha" de este 13-O. La expulsión quedó aplazada para el próximo 30 de octubre. La familia y el sindicato tienen dos semanas para "coger fuerza y buscar nuevas soluciones".

Este domingo, Ana María dejó las maletas hechas antes de salir de su piso de protección oficial para sumarse a la manifestación. Casi todas sus pertenencias llevaban empaquetadas varios días, porque las expectativas con las que trabajaba el sindicato, "sin ninguna vía de negociación" accesible, no eran "para nada favorables". Ana María vive junto a su pareja, su madre con alzhéimer, uno de sus hijos –con discapacidad– y tres nietas de las que figura como tutora legal. La Comunidad de Madrid, propietaria del inmueble, rechazó los informes de vulnerabilidad que presentó la familia y tampoco quiso reunirse con el Sindicato de Vivienda de Carabanchel para explorar posibles alternativas. 

El piso pertenece al IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid). Ana María lleva en el edificio casi tres décadas, desde que su tío –el anterior propietario– le cedió la vivienda. La administración pública decretó en 2017 que la familia no cumplía los requisitos necesarios para hacer uso del apartamento, basándose en un supuesto informe que los tachaba de "conflictivos". El Sindicato de Vivienda de Carabanchel critica el "componente racista" de los argumentos y destaca la implicación de los vecinos para frenar el desahucio. 

"La Ley de Vivienda no para desahucios. Ana María se queda". Este es el mensaje que los activistas colgaron de la fachada del edificio. La misma consigna fue objeto de cánticos y pancartas en la manifestación de este domingo. El Gobierno pactó con sus socios una moratoria para prohibir los lanzamientos de familias vulnerables hasta 2025. El número de desahucios, sin embargo, sigue en aumento: 80 familias han perdido sus casas cada día durante el primer semestre de 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

La propiedad del inmueble, es decir, la Comunidad de Madrid, llegó al barrio sin "ninguna intención de negociar", pero la presión social hizo que tuvieran que aplazar el lanzamiento, al menos, dos semanas. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel pone en valor la respuesta de los vecinos. "No sólo se han movilizado, también nos han ofrecido café, comida y agua a todos los compañeros que pasamos aquí la noche. La organización en estos casos es fundamental", destacan. La Policía ha amenazado con "detenciones" y ha irrumpido sobre las 4.30 de la madrugada con "actitudes violentas", pero los activistas han resistido hasta que llegó la comisión judicial. 

La fuerza de los sindicatos, clave

"Ana María, no estás sola". Los vecinos y los colectivos sociales desplazados en el número 10 del Camino Alto de San Isidro han arropado con cánticos y "con su propio cuerpo" a la familia. Ana María llevaba varios días "casi sin comer" y pasó la noche sin pegar ojo, preparándose, tal vez, para lo que parecía inevitable. "La Comunidad de Madrid les ofrecía entrar en un piso compartido. Ellos ya son siete, ¿cómo van a compartir piso con más gente?", se preguntan los activistas. La propia afectada ha reconocido que, si finalmente pierde su casa, toda la familia se quedaría en la calle. 

"La fuerza del sindicato ha sido fundamental. La Ley de Vivienda y las moratorias no ofrecen ninguna garantía. La paralización del desahucio ha sido posible gracias a la unidad colectiva y la capacidad de organización de los sindicatos, las clases trabajadores y la gente del barrio", insisten desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. ​La plataforma hizo sonar las alarmas durante la manifestación de este domingo, para convocar a la ciudadanía y evitar el desahucio de Ana María. El llamamiento congregó a cerca de 200 personas en el portal de la familia, pero no hubo "ni rastro de los partidos políticos". 

¿Dónde estaban los partidos políticos?

El Sindicato de Vivienda de Carabanchel marchó junto al bloque crítico en la manifestación contra la subida desorbitada de los precios. Los activistas organizaron una sentada en Cibeles para evitar el paso de las formaciones políticas, "cómplices" de la situación por haber impulsado una Ley de Vivienda que "no protege a los inquilinos". El intento de desahucio de Ana María, pocas horas después de la protesta, no hizo más que reafirmar su postura.

"El domingo todos los partidos estaban en la manifestación sacándose la foto. El lunes, cuando había que madrugar y poner el cuerpo, ¿dónde estaban? Tenemos la sensación de que nunca los veremos en un desahucio, porque sólo nos utilizan para rascar votos. Es bastante hipócrita que se manifiesten por una vivienda digna y luego no muevan ficha para frenar los desahucios. Llevamos dos décadas con el mismo problema y aquí nadie propone soluciones", señalan desde el colectivo.

El sindicato de inquilinas defiende que "este caso es, si cabe, más escandaloso", porque hablamos de un piso de protección oficial. "El desahucio lo ejecuta directamente la Comunidad de Madrid, para que nos hagamos una idea de cómo funciona la vivienda pública en España", relatan. Las protestas de este fin de semana exigían, precisamente, movilizar más vivienda pública y expropiar los pisos gestionados por fondos buitre. Ana María, de momento, podrá pasar otras dos semanas en su casa, pero sigue "mentalizada" y cuenta los días para quedarse en la calle. La familia agradece el papel de los sindicatos y las asambleas de barrio, que tienen claro dónde toca estar el próximo 30 de octubre: "La volveremos a acompañar y haremos fuerza para evitar, nuevamente, su desahucio".