Se disparan las denuncias por acoso laboral en la Generalitat de Catalunya: pasan de 40 a 178 en cinco años

Las denuncias de los trabajadores públicos por acoso laboral en la Generalitat de Catalunya se disparan. Según un informe de la CGT Catalunya con datos del Govern al que ha tenido acceso Público, han experimentado un crecimiento del 354% en los últimos cinco años. Concretamente, se ha pasado de las 40 registradas en 2020 a 178 desde que ha empezado el 2024. La organización sindical califica los mecanismos de prevención actuales como "muy deficientes".

Tal como recoge el documento, los datos muestran un cambio de dinámica importante a partir de 2021, momento en el que se deja atrás un periodo donde se registraban entre 40 y 50 denuncias anuales, para dar a un crecimiento exponencial por el cual reclaman "medidas realmente efectivas". Quién denuncia suele ser la persona afectada y solo en el 2,9% de los casos es una tercera persona, si bien sobre el origen solo se tienen datos desde el año 2022.

El 48% de las denuncias se han hecho en el Departament de Educación y el 23% en el Institut Català de la Salut (ICS), seguidos del 7,25% en Justicia y el 4,29% en Interior. Los datos son mucho más pronunciados este año, donde el 71,35% han sido en Educación, un total de 127 casos, casi el mismo número que el de toda la administración catalana el año pasado. Las denuncias de las plantillas de centros educativos se han multiplicado por más de cinco desde 2017, y este año solo recoge datos hasta inicios de septiembre.

Tres de cada cuatro no se admiten a trámite

Los datos facilitados por el Departament de la Presidencia también reflejan que la inmensa mayoría de las denuncias no se admiten a trámite. De hecho, se ve un incremento porcentual y absoluto de las inadmisiones en los últimos años, cuando se registran más denuncias. En concreto, se pasa del 50% de las admitidas en 2019 al 15% de 2023 y al 14,6% de este año.

CGT ve "preocupante" que el 72,4% de las denuncias no haya sido admitida a trámite, "basándose mayoritariamente en criterios discrecionales". Aquellas que sí que se tramitan, pasan a ser evaluadas en una comisión de investigación: en los últimos cinco años, tan solo ha observado indicios de acoso en un 2,4% de las denuncias.

En cuanto a los motivos, los datos señalan tres grandes causas: "lista de conductas no constitutivas" (125), "falta de elementos definitorios" (111) y "otros" (90). Al sindicato le llama la atención que algunos motivos de inadmisión de denuncias de acoso sean "descartada existencia de conductas hostiles o de acoso", "falta de objeto" o "no aporta datos identificativos del posible acosador (PA)".

Las propuestas de la CGT

A la hora de buscar las causas que han llevado el sistema educativo a la cola del Estado y al descalabro de las pruebas PISA, el sindicato cree que "parte importante" se debe a un "modelo educativo vertical y centralista". Apunta dos motivos respecto de las otras comunidades: la "infrafinanciación crónica" del sector y el aumento del poder de las direcciones de los centros "sin fiscalización". "Escogen a dedo una gran parte de sus claustros, otra singularidad que no se da a ninguno otro territorio del Estado", critica.

Recuerda que este modelo de gobernanza fue popularizado por el gobierno de Margaret Thatcher, y "promueve la competición entre centros por la matrícula del alumnado y la 'fidelidad' del profesorado hacia las direcciones". "Paradójicamente, unos decretos que buscaban la estabilidad de los claustros han generado la situación contraria", señala. Apunta a los cambios de claustro después de denunciar malas praxis, ya que las direcciones tienen "poder para seleccionar el personal afín discrecionalmente".

Con los datos en la mano, el sindicato pide garantizar la "correcta aplicación" del protocolo contra el acoso. Considera "urgente" que la Secretaría de Administración y Función Pública "revise a fondo los criterios de admisión a trámite, deje de revictimizar las personas que están sufriendo acoso y no encubra las personas acosadoras".

Finalmente pide "devolver la democracia en los centros educativos" con la "derogación inmediata" de los decretos de plantillas, direcciones y autonomía de centros "que permiten a las direcciones hacer y deshacer en los centros.