La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid ha vuelto a poner fecha y hora al desahucio de Josefa Santiago, la mujer de 65 años que vive de alquiler con sus dos hijas desde hace más de 20 años en uno de los pisos del bloque de la calle Argumosa, 11, en el madrileño barrio de Lavapiés. Se trata del quinto intento de desahucio para esta mujer, que lleva batallando desde julio —junto a otros vecinos también amenazados de desahucio— contra la inmobiliaria Proindivisos S.L., que ha comprado gran parte del edificio con la intención de extinguir los contratos de arrendamiento, vaciar las viviendas, reformarlas y sacarlas al mercado a un precio de hasta el 300% más de lo que ahora pagan sus inquilinos, según denuncian los vecinos y diversos colectivos por el derecho a la vivienda que están peleando por la permanencia de los vecinos.

La última vez que Pepi, como conoce todo el mundo a la afectada, se enfrentó al desahucio, decenas de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda se concentraron durante toda la noche en la puerta del edificio, a pesar del amplio dispositivo policial que se desplegó para la ocasión. Esto, unido al interés mediático que está suscitando la lucha de los vecinos de este bloque contra la especulación inmobiliaria y la burbuja del alquiler en Madrid, forzaron la suspensión indefinida del desahucio el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, el pasado noviembre, la jueza volvió a ordenar el lanzamiento para este 14 de diciembre, y en esta ocasión parece que quiere asegurarse de que ni la presión popular ni la mediática frustren el desalojo.

En su auto, al que ha tenido acceso Público, la jueza ha decretado “horas y días inhábiles”, es decir, fuera del horario habitual de los funcionarios judiciales, para que la comisión judicial se persone en el inmueble. Según ha precisado a Público la abogada de Pepi, Alejandra Jacinto, el desahucio está fijado para las 6.30 horas de este viernes, un horario “muy poco habitual” en este tipo de procedimientos. Tanto la letrada como el colectivo Bloques en Lucha y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid consideran que la intención de la jueza es evitar una concentración ciudadana que impida el desalojo. Apesar de ello, los activistas han convocado una concentración en la puerta del edificio a partir de las 5.00 horas de este viernes y un grupo de personas acompañará a la afectada y su familia durante toda la noche previa al desalojo.

Además, la orden de desahucio también especifica que “a fin de que se practique el lanzamiento lo antes posible” se utilicen “los servicios de cerrajero si fuere necesario” y se recurra “al auxilio de la fuerza pública, incluyendo el oficio a las unidades de intervención de la Policía, ya que al menos en tres ocasiones se ha tenido que suspender [el desahucio] por circunstancias ajenas al trámite procesal”.
La abogada de la afectada recuerda que han presentado en el juzgado dos escritos diferentes del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones Unidas en el que se ordena la suspensión cautelar del desahucio o que las Administraciones Públicas competentes le concedan a Pepi una alternativa habitacional mientras el comité estudiaba el caso para "evitar posibles daños irreparables a la familia por vulneración del derecho a una vivienda. “El lunes, el comité nos envió una reiteración de esta orden que dio el pasado septiembre, antes de otro intento de desahucio, pero por el momento, la jueza no se ha pronunciado al respecto”, asegura Jacinto, que recuerda que programar un desahucio a estas horas contraviene el protocolo de las Naciones Unidas para casos de desahucio.

Negociaciones con la propietaria

Tanto la afectada como los colectivos por el derecho a la vivienda han mantenido diferentes reuniones con la empresa propietaria para intentar llegar a un acuerdo y evitar el desahucio, aunque no ha sido posible, explican fuentes presentes en esas negociaciones. Incluso el Ayuntamiento de Madrid ha intentado mediar entre las partes para evitar el desalojo y también ha remitido cartas al juzgado instando al aplazamiento del desahucio tal y como ordena el Comité DESC de la ONU, han explicado fuentes del Consistorio, que recuerdan que la tarde de este jueves hay prevista otra reunión entre las partes en la que mediará para “renegociar” unas subidas de los alquileres a los actuales inquilinos “de forma que sean asequibles dentro del contrato”, precisan las misma fuentes, que no tienen muchas esperanzas de alcanzar un acuerdo.

Según explicó en varias ocasiones a este diario la propia afectada, el alquiler rondaba los 400 euros al mes, pero tras la compra de los pisos por la nueva propietaria, los vecinos empezaron a recibir burofaxes en los que les comunicaban que no se iban a renovar los contratos. Pese las negociaciones, Pepi consiguió que la empresa le dejara quedarse en la casa, pero la renta subiría drásticamente: de 400 a 1.400 euros al mes, una cifra inasumible para la afectada, cuyos únicos ingresos provienen de una prestación social.

Sin vivienda alternativa

Ante esta situación, la mujer ha solicitado una vivienda pública y social tanto a la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA de la Comunidad de Madrid), como a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento, aunque sólo ha conseguido figurar “en una interminable lista de espera”, explica su abogada.
Desde el Ayuntamiento de Madrid recuerdan que a ellos les corresponde dar una solución temporal a casos como el de Pepi, pero que es a la Comunidad de Madrid “a quien corresponde la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, en virtud del artículo 26.1.1.4 del Estatuto de Autonomía”.

“No existen promociones de vivienda pública y con parámetros de alquileres sociales suficientes. Necesitamos que la Comunidad de Madrid esté cerca de la gente, que es lo que requiere un problema de este calado. Es necesaria una corresponsabilidad absoluta con el tema de la vivienda, pero los Ayuntamientos no podemos hacer nuestro trabajo y al mismo tiempo el de las comunidades autónomas. En este sentido, les pedimos una implicación seria y sobre todo real”, apuntan desde el Consistorio dirigido por Manuela Carmena.

Desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid denuncian que la Agencia de la Vivienda Social cuenta con alrededor de 500 casas vacías desde hace años sin entregarlas a 3.700 familias que figuran en la lista de personas de especial necesidad, según datos de la propia empresa pública.