Derecho a la ViviendaAlmeida impide celebrar los conciertos del festival por el derecho a la vivienda

El Ayuntamiento de Madrid ha denegado a la Coordinadora de Vivienda de Madrid el permiso para celebrar los conciertos posteriores a la manifestación por el derecho a la vivienda que llevan organizando desde hace dos años y que tendrán lugar el próximo 5 de octubre, según han informado los activistas.

Consideran esta decisión un acto de "censura" a un movimiento social crítico con la administración del PP en el Consistorio por la venta de miles de viviendad públicas a un fondo buitre durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa.

La Coordinadora de Vivienda, en la que se agrupan las diferentes Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y los colectivos Stop Desahucios, lleva dos años celebrando su "manifestival" el primer fin de semana de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat. Como trasfondo de los actos de protesta y difusión siempre ha estado la reivindicación de una ley de vivienda para la Comunidad de Madrid, única región que no cuenta con ley específica sobre la materia.

En la primera edición, los activistas dieron a conocer su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la Asamblea de Madrid debatiera y votara una ley que garantizara el derecho a la vivienda en la región, dificultara los desahucios y penalizara la tenencia de viviendas vacías por los bancos y grandes propietarios, entre otras medidas. En la segunda edición, la manifestación y el posterior festival criticaba el rechazo de PP y Ciudadanos a que esa iniciativa, que contó con el respaldo de 77.000 firmas, fuera siquiera debatida en la Cámara autonómica. En esta ocasión, la reivindicación iba a ser la misma, pero el Consistorio dirigido por Martínez Almeida no va a permitir que se celebren los conciertos en el punto donde culmina la marcha, en el parque de las Vistillas de la capital.

Según ha asegurado a Público Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la PAH de Madrid, comenzaron los trámites para poder celebrar actos en la vía pública el pasado junio. "Después de la manifestación comienza el festival con conciertos, iluminación, una barra donde se sirve bebida y puntos de información sobre la situación del acceso a la vivienda en Madrid", describe.

Sin embargo, la respuesta se fue retrasado hasta que finalmente se les ha comunicado por teléfono que no se va a autorizar en esta ocasión porque hay instalaciones deportivas en la zona que pueden ser utilizadas por el Ayuntamiento para esas fechas. "La técnico que me llamó dijo que no había nada programado para ese fin de semana por el Ayuntamiento, pero que podría haberlo, por lo que rechazaban la solicitud sin siquiera dar una alternativa", apunta Jacinto, que también señala un aumento de la burocracia exigida por la nueva administración. "Nos pidieron un seguro de responsabilidad civil y un informe de un arquitecto que garantizara que el escenario contaba con condiciones óptimas. En las dos ediciones anteriores fue la propia Junta municipal la que nos proporción el escenario", apunta. Pero ni siquiera les dieron margen para reunir esos requisitos. "Tres horas después de informarme de las nuevas condiciones me volvieron a llamar para decirme que no me molestara, que no nos iban a dar el permiso", lamenta la abogada.

La manifestación terminará en el Ayuntamiento

"Creemos que es un acto de censura más a los que el Ayuntamiento ya nos tiene acostumbrados", ha señalado Jacinto, en referencia a la reciente cancelación de los conciertos de Luis Pastor en las fiestas de Aravaca, pero ha insistido en que mantienen la fecha de la manifestación, aunque este año terminará en la puerta del Ayuntamiento para protestar también contra las trabas.

Los activistas también vinculan esta decisión "sin razones válidas ni alternativas" a la denuncia constante de este colectivo de la venta masiva de viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo  (EMVS) al fondo de inversión Blackstone (Fidere) en 2013. Una operación por la que el Tribunal de Cuentas condenó a la excaldesa Botella y siete miembros de su equipo, ya que la venta supuso un perjuicio para el consistorio de más de 27 millones de euros. No obstante, el mismo tribunal revocó la condena poco después gracias a los votos de dos consejeros afines al PP. El actual alcalde ya ha dejado claro que no va a recurrir esta decisión que exonera a Botella y su equipo. "No vamos a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles", argumentó Almeida.

Este jueves, la Coordinadora de Vivienda de Madrid ha presentado sendos escritos ante el Ayuntamiento y la Fiscalía instando a ambos a presentar recurso contra esta absolución.