La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, lleva al menos desde 2020 justificando con una normativa caducada de los años 90 la falta de personal en las residencias con "cheque de servicio". Ante las numerosas quejas de familiares y asociaciones en defensa de los derechos de los mayores, los servicios de Inspección de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales llevan años haciendo caso omiso al Acuerdo de Acreditación del año 2008, que establece plantillas más amplias.

Tal y como ha denunciado PLADIGMARE, las familias de residentes llevan tiempo denunciando públicamente que el número de trabajadores para cuidar a estas personas vulnerables en estos centros es "escaso" y que esta situación "pone en riesgo una atención de calidad".

Se trata de residencias privadas que reciben a personas con una prestación económica vinculada al servicio, el llamado "cheque servicio". La gente que percibe esta ayuda es porque tiene derecho a una plaza pública pero que no encuentra al no haber suficientes. 

Como solución, el Gobierno autonómico propone este cheque que consiste, básicamente, en que la Comunidad de Madrid da una ayuda con la que el residente paga una parte del coste o el coste total (dependiendo del grado de dependencia y de la capacidad económica) de una plaza en una residencia privada.

Aplican una normativa del año 90

Esta situación, sin embargo, no ha llamado la atención de los servicios de inspección que han afirmado en, al menos dos resoluciones —una sobre una reclamación contra el centro Orpea Carabanchel y otra contra La Virgen y San Celedonio, a las que ha tenido acceso Público—, que los centros disponen de "la plantilla establecida en la Orden 612/1990".

Dicha orden de 1990 (normativa que ya no aplica en estos centros) establece unas ratios para todo el personal del 0,35 (35 trabajadores por cada 100 residentes). Sin embargo, posteriormente, en 2008, una resolución del Consejo Territorial de la Dependencia estableció una serie de criterios para que, entre otras cuestiones, las residencias que quisieran recibir mayores beneficiarios de la prestación económica vinculada al servicio accedieran a la acreditación necesaria.

De esta forma, si el centro de mayores quiere acceder a la categoría de "acreditada", debe cumplir con las ratios que establece este último acuerdo: 0,28 para gerocultoras (28 por cada 100 residentes) y 0,47 contando a todo el personal (47 por cada 100). A la hora de pasar los controles, en cambio, la Inspección madrileña sigue aplicando el 0,35.

Las familias exigen el cese de Inspección

Desde PLADIGMARE critican el "supuesto desconocimiento" de la normativa aplicable por parte Administración Pública y el desinterés manifiesto por parte de la Consejería.

"Nos hemos dirigido a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales pidiendo el cese de los responsables de Inspección de su Consejería porque no existe error posible en esto, sino complicidad o negligencia grave", así como por las consecuencias que tiene para los cuidados "el hecho de que exista menos personal en estas residencias, del que están obligadas a tener legalmente", ha explicado la organización.