Mediante mensajes de SMS que llegaban como un cuentagotas al móvil. Este era el único canal que tenía B.Y. (iniciales de su nombre que prefiere que no aparezca) para poder comunicarse con los responsables de la residencia en la que vivía su padre las semanas antes de morir, en abril de 2020, sin ser derivado a ningún hospital pese a estar enfermo. Tres años después, ella y sus hermanos siguen sacando fuerzas “de donde no las hay” para mantener abierta la investigación sobre lo ocurrido en aquellos fatídicos días. Una causa que, por primera vez, señala a Isabel Díaz Ayuso por un delito de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Hace apenas un mes, la familia de B.Y. recibía la noticia: la Audiencia Provincial de Madrid reabría el caso sobreseído por el Juzgado de Primera Instancia de Collado Villalba para investigar la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero en las muertes de miles de mayores en las residencias de la región durante la primera ola de la covid 19.

A petición de la jueza, declararán en calidad de testigos el próximo 7 de noviembre el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes.

La noticia, si bien fue acogida con gran esperanza en casa de B.Y., ha vuelto a recordarles el agobio, la incertidumbre y el dolor con el que vivieron su pérdida. Un daño compartido por miles de familias madrileñas que reclaman verdad y justicia, y que ahora tienen fe en que, a partir de esta causa, se depuren responsabilidades.

“Fue un desastre. Yo intento olvidarlo todo lo que puedo. No sabíamos como estaba mi padre. De pronto, el Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores ya no nos dejaba ir a visitarle, ni casi llamarles ni hablar con ellos, ni nada”, explica a Público B.Y.

Su padre tenía un perfil especialmente vulnerable. Padecía Alzheimer, por lo que le era absolutamente dependiente. El 18 de marzo, la residencia les informó de que le habían cambiado la habitación: “Nos sonó un poquito raro, así les pregunté si era por alguna razón especial, por si habían detectado algún caso de covid. Pero me escribieron un mensaje para decirme que no”.

Desde que se decretó el confinamiento, la única vía de comunicación que B.Y. tenía con el centro eran unos mensajes de SMS que los responsables de la residencia enviaban periódicamente para informar sobre el estado de salud de los mayores. Un automatismo y una frialdad difícil de entender en momentos de tanta desesperación. “Lo que supe de mi padre antes de morir fue lo que ponía en la aplicación. Nos pidieron explícitamente que no llamáramos”, afirma B.Y.

Ya el día 20 observaron a través de la app que le habían puesto un medicamento nuevo. B.Y. y sus hermanos preguntaron la razón, y la respuesta que recibieron fue que su padre había contraído una infección de orina, “pero que estaba todo bien”. Motivo por la que en cualquier otro contexto ya le habrían llevado al hospital, “como había pasado otras veces”, detalla B.Y.

Una semana después, su padre ya se encontraba con fiebre, pero tampoco le llevaron al hospital. “Nos dijeron que se iba a ocupar la geriatra de Puerta de Hierro, que ella era la encargada de hacerle el seguimiento desde allí y decidir qué hacían con él. Ya cuando falleció, nosotros pedimos el informe de Puerta de Hierro, donde se recogía cuál había sido su evolución, pero nunca nos dieron nada", señala B.Y.

Su padre falleció el 2 de abril. El día de antes, tras semanas insistiendo en que estaba “todo bajo control”, la residencia se puso en contacto con B.Y. para ofrecerla despedirse de él: “Fue un golpe muy duro. Nosotros nos fiábamos de lo que nos decían. Siempre había sido así... Yo no quiero nada. Yo no quiero una indemnización, yo lo que quiero es que reconozcan lo que hicieron y pidan perdón. Es posible que aunque hubiera ido al hospital tampoco se hubiera salvado, pero se merecía esa oportunidad, esa dignidad”, lamenta B.Y.

Tras su muerte, ella y sus hermanos pudieron comprobar en los documentos de la residencia que su padre sí que estaba aislado, aunque a ella lo que le dijeron en todo momento fue que sólo le habían movido de habitación. Es decir, “sospechaban que podía tener covid”.

Sin embargo, el calvario no concluyó ahí: “Tres días después, nos dijeron que le podían incinerar, pero que en Madrid estaban dando unos plazos de ocho o nueve días mientras que si queríamos que fuese más rápido se le podían llevar a València. Dimos nuestro consentimiento y casi un mes después nos llamaron para decirnos que nos llevan las cenizas a casa. Sin embargo, en ellas figuraba que le habían incinerado en Sevilla”, narra B.Y. Un descontrol que “inevitablemente hace que te entren dudas”, asegura. “¿Serían las cenizas de mi padre o de otra persona?”, se pregunta.

7.291 muertes

La jueza ha pedido a la Consejería de Sanidad que aporte el plan de choque, anunciado el 26 de marzo de 2020, su desarrollo, implementación y recursos utilizados en el mismo; los protocolos de coordinación para la atención de pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid durante la covid, adoptados por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria y los recursos sanitarios y Equipos de Protección Individual (EPI) facilitados por la Comunidad a las residencias desglosados por fechas.

La asociación Marea de Residencias valora positivamente la decisión por lo que tiene de novedosa, pues por primera vez se practica una investigación en este sentido hacia los aforados y se solicita documentación al Gobierno de Ayuso por canales judiciales.

En ese período, altos cargos del Ejecutivo autonómico firmaron los llamados “protocolos de la vergüenza” que suponían la exclusión sanitaria de residentes contagiados por covid en función de su dependencia física o cognitiva. Una discriminación que se saldó la vida de 7.291 mayores, a quienes se les negó asistencia médica.