Las fechas parece que marcan la desescalada, pero lo realmente importante en este proceso es la capacidad del sistema sanitario de cortar las cadenas de transimisión. La evolución de la pandemia es favorable. Los datos lo muestran y la vigilancia epidemiológica también. Hay comunidades en las que la transmisión ya es residual y, ante esto, el Gobierno se ha planteado acelerar los tiempos previstos para la desescalada. 

¿Esta decisión se motiva en justificaciones sanitarias o económicas? Las fuentes y los expertos consultados por Público apuntan a los dos lados, pero inciden en que la clave no es marcar ninguna fecha: es la capacidad del sistema sanitario de controlar las cadenas de transmisión.

La presión social y empresarial sobre el Gobierno crece cada semana. El principal partido de la oposición, el PP, no le ha apoyado en sucesivos estados de alarma y no existe un diálogo entre el Gobierno y él. Pero, además, la patronal se ha posicionado en contra de varias decisiones tomadas por el Ejecutivo y ha reclamado públicamente que se cambien determinadas posiciones. Ha pasado, por ejemplo, con la hostelería o el turismo que ha pedido flexibilizar la desescalada para reiniciar sus negocios lo antes posible.

Fuentes del Ejecutivo reconocen esta presión, pero aseguran que siempre ponen por delante las opiniones de los expertos y la situación epidemiológica. Por esto dicen que ahora Sanidad ha planteado poner fechas y dar permiso a determinadas zonas a acelerar la desescalada. "Si controlamos lo sanitario, ¿por qué no empezar a cuidar lo económico?", plantean estas fuentes.

No es una decisión fija todavía. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado este miércoles que la premisa inicial es que cada fase dure 14 días y que las acciones permitidas se decidieron valorando los riesgos. "No quiere decir que no se pueda flexibilizar, pero se tiene que justificar muy bien", ha explicado.

En un primer momento, los expertos reconocieron la buena estrategia de las autoridades sanitarias para hacer una desescalada por fases y no por fechas. Había una aproximación y solo en un cronograma orientativo se marcó que en torno al 30 de junio podría comenzar la nueva normalidad.

Sin embargo, las condiciones en las que aún se encontraban comunidades como Madrid, Catalunya o Castilla y León, las últimas en pasar a la fase 1, hacen que sea imposible que se llegue a esta fecha si se tiene que esperar dos semanas entre fase y fase. Un tiempo que no se decidió sin motivos: es el tiempo que señalan los expertos que es necesario para comprobar que no hay un rebrote. 

Media docena de expertos de Salud Pública consultados por Público exponen que no hay ningún motivo sanitario para acelerar, mientras que sí lo hubo para marcar esas dos semanas. Aunque también reconocen que las fechas no se alejan tanto de lo previsto y que la clave es la capacidad del sistema sanitario para cortar las cadenas de transmisión. 

"Siempre se tienen que cumplir requisitos, por ejemplo, tienen que estar muy afinados los sistemas de detección e identificación de casos. Si hay capacidad, puede ser razonable. Y creo que hasta el momento se está haciendo", valora Fernando Rodríguez Artalejo, director de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y portavoz de la Sociedad Española de Epidemología.

El experto razona que hasta este momento se han controlado los rebrotes. En Valencia, Salamanca, Totana (Murcia) y Lleida se han detectados nuevos focos de contagio a tiempo. El rastreo de contactos ha funcionado y, de momento, se ha cortado la cadena de transmisión. Esta es la clave para seguir avanzando. Simón, sobre estos casos, ha explicado que a nivel nacional no se ha detectado ningún rebrote y que esto son focos concretos que "en principio se están controlando correctamente".

Esta opinión la comparten más profesionales. "El riesgo depende de la evolución de la pandemia. Si la situación es favorable sin rebrotes importantes podría plantearse esa reducción de tiempos", valora la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás.

Apunta en la misma dirección sobre la intención de levantar la cuarenta a los turistas el próximo 1 de julio: "Las próximas semanas serán claves para ver la evolución del virus en las diferentes comunidades autónomas siendo un ensayo general para otras aperturas". "Siempre que los contagios sigan a la baja, si no es así se tendría que replantear tomar de nuevo medidas", concreta.

De hecho, la mayoría de los gobiernos autónomicos están priorizando la prudencia en todo este proceso. Catalunya, por ejemplo, ha retrasado la propuesta de que la región de Lleida pase a la fase 2 tras detectar cadenas de transmisión en mataderos y centros sanitarios. Lo mismo hizo Murcia con la población de Totana la semana pasada. O la Comunitat Valenciana tras detectar un incremento de infectados, pese a no tener ningún brote activo. 

Aunque otros expertos, como Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud, se ha mostrado públicamente más reticente a los cambios y ha defendido que continúe la prórroga del estado de alarma "para cumplir bien con el plan de transición hacia la nueva normalidad".

Diferencias entre los gobiernos autonómicos

Las peticiones de acelerar este proceso vienen de comunidades como la de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido flexibilizar horarios de paseos y apertura limitada de centros comerciales. Andalucía fue más allá la semana pasada y pidió que Málaga y Granada pasaran de fase sin esperar las dos semanas. Baleares también ha pedido que pasen a la fase 3 el próximo lunes todas las islas, sin respetar las dos semanas en la etapa 2.

Pero es una posición que no comparten todas las comunidades autónomas. "No veo razones sanitarias ni epidemiológicas para acelerar el tiempo de reposo entre una fase y otra", indicó este lunes la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, quien ha defendido "blindar" los 14 días para pasar a la siguiente fase de la desescalada.

Pese a esto, las consecuencias de la aceleración tampoco parece que puedan ser muy agresivas. La fecha marcada por el Gobierno es el 1 de julio, que es cuando se levanta la restricción de la cuarenta al turismo. "Entonces las islas, por ejemplo, previsiblemente estarán en la nueva normalidad. El paso de la fase 1 a la fase 2 tampoco implica muchas nuevas actividades de riesgo. Hay que seguir midiendo los riesgos de transmisión y monitorizando que la población cumple cada una de las fases, pero estamos en lo previsto y no parece dramático", desarrolla Artalejo. 

En este sentido, María Del Mar Tomás apunta que la reducción en el número de contagios manteniendo siempre las condiciones de distanciamiento social, el uso de mascarillas e higiene de manos para prevenir el contagio seguirán siendo claves fundamentales en todo el proceso hacia la transición a la 'nueva normalidad'.