Medio centenar de marroquíes han acudido esta mañana a la oficina de Asilo y Refugio situada en la frontera del Tarajal de Ceuta para solicitar asilo político. Según han explicado a Efe fuentes policiales, estas personas entraron en la ciudad los pasados días 17 y 18 de mayo y se encuentran viviendo a la intemperie ante su negativa a volver a Marruecos.

Desde que se acabó con las entradas irregulares a través de los espigones marítimos fronterizos del Tarajal y Benzú el país vecino ha aceptado el retorno de todos sus nacionales que han optado por regresar voluntariamente a su territorio, aunque el flujo ha ido cayendo hasta quedarse en apenas "una veintena" este lunes. En total el número de los regresados se calcula en "más de 8.000".

Durante los últimos días los agentes del Reino alauita han extremado el celo para vetar el cruce de la frontera a aquellos que no creen que llegaron a Ceuta en la avalancha de mediados de mayo o que sospechan que se habían quedado en la ciudad autónoma tras la declaración de la pandemia. Las Fuerzas de Seguridad están incoando expedientes de expulsión a los marroquíes mayores de edad que siguen en Ceuta.

La Delegación del Gobierno espera saber "este miércoles" si el Reino alauita aceptará o no la devolución de ese colectivo que se niega a regresar a su país y que se cifra en más de medio millar de personas. Las solicitudes de protección internacional registradas en Ceuta por ciudadanos marroquíes rara vez han encontrado respuesta positiva de las autoridades españolas salvo en casos "muy puntuales" ligados a situaciones probadas de persecución por razones de orientación sexual o el de algún activista del Hirak del Rif.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, también conserva la esperanza de alcanzar algún tipo de acuerdo con el país vecino para viabilizar la reagrupación con sus familias de los cerca de 1.000 niños y adolescentes acogidos por la Ciudad Autónoma, a los que sólo ha mostrado su deseo de recuperar una pequeña parte (7,5%) de las familias contactadas por el Servicio de Protección a la Infancia autonómico.