Los helicópteros de la Policía Civil sobrevuelan las favelas de Río de Janeiro y no tienen reparos en tirotear objetivos desde lo alto. Estén esos objetivos donde quiera que estén –incluso cerca de escuelas u hospitales–. Sucede en el Complexo da Maré, en el Complexo do Alemão, en los morros de Fallet, Fogueteiro y Prazeres, o en todo aquel barrio en el que el gobernador Wilson Witzel se disponga a impartir su justicia. Witzel llegó al poder como aprendiz de Jair Bolsonaro y, en un momento dado, es más peligroso que el propio presidente. Las policías civil y militar son competencias de cada estado, de modo que Witzel toma sus propias decisiones. La orden es “abatir”, “cazar”.

Fernando Haddad, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en las últimas elecciones presidenciales, ha asegurado que el gobernador es “el gran responsable de las atrocidades que se cometen en Río de Janeiro”. Le ha llamado “asesino”. Su modus operandi habitual es este: “Empiezan a sobrevolar la zona a eso de las cinco y media de la mañana, para dar protección a los policías militares que realizan alguna operación”, cuenta para este periódico Melissa Cannabrava, coordinadora del portal de noticias Voz das Comunidades, nacida y criada en el Complexo do Alemão. “Nos despertamos con el ruido del helicóptero. Los vecinos empiezan a pensar entonces si pueden salir de casa o no, si salen a trabajar o no, si llevan a sus hijos al colegio o no”.

En la siguiente escena los alumnos están apiñados en un pasillo, huyendo de las ventanas. La violencia contra la violencia nunca ha dado resultados en Río de Janeiro. Más bien todo lo contrario. Pero la mano dura recolecta votos, y Witzel, que era juez federal, se convirtió en gobernador. La última víctima mortal de sus agentes de seguridad tenía ocho años, se llamaba Ágatha, y se desplazaba con su abuelo en una de esas furgonetas de transporte alternativo tan populares en las comunidades de Río. La Policía Militar la disparó por la espalda el pasado viernes. Todo hace indicar que alguno de sus objetivos rondaba las proximidades. Así funcionan las policías de Witzel. Ni rastro de prevención ni de labores de inteligencia, y una buena dosis de racismo.

Tantos miles de muertos al año, tanta crueldad intolerable, cuenta con defensores incluso en las propias favelas, aunque cueste creerlo. “Desgraciadamente mucha gente apoya estás acciones”, asume Melissa Cannabrava. La comunicadora resalta la influencia de las iglesias evangélicas, tanto en el caso de la elección del gobernador Witzel como en el caso de la elección del presidente Bolsonaro o del alcalde de Río, Marcelo Crivella.

Cannabrava se pasa la vida de funeral en funeral, informando a los vecinos de las últimas fatalidades: “Si no estamos nosotros para hablar de esto y contarlo, ¿quién lo va a contar?”. No tiene mucho tiempo para reflexionar sobre ello, pero reconoce que el miedo ya es compañero de rutina. “En el área del activismo y la comunicación comunitaria no podemos decir que no tenemos miedo”. Las favelas viven en medio de un tiroteo interminable, y absurdo, pues va rellenando al mismo tiempo una larga lista de agentes policiales muertos.

Otra activista de uno de los barrios más afectados por los tiroteos desde los helicópteros, en la zona norte de la ciudad, explica para Público que, en sus calles, “la violencia es un ciclo que nunca termina; la recibes y la reproduces” –eso explica también los apoyos dentro de las propias favelas–. Por eso el problema de seguridad pública en torno al tráfico de drogas, debate que Wilson Witzel quiere solucionar a base de cañonazos, ha de ser analizado también desde el ámbito sociológico. “Quizás en otras partes del mundo sirva con debatir la legalización de las drogas. Aquí hay que debatir también las consecuencias de la guerra contra las drogas, las políticas racistas que justifican la violencia y el uso de helicópteros disparando, en operaciones que doce o catorce horas”.

Según está activista de la zona norte –prefiere no desvelar su nombre y el de su barrio, para no poner en riesgo a sus vecinos, ya que las venganzas policiales son algo habitual–, a la hora de pensar en una hipotética legalización de las drogas habría que pensar incluso en los propios vendedores, en los jóvenes que no tuvieron otra salida que no fuera formar parte de un negocio clandestino y mortal. En un mensaje mucho más avanzado que lo que la mayor parte de la población carioca pueda llegar a procesar, “al regularizar la drogas habría que trabajar para que el mercado laboral reabsorbiera a estas personas, que tenían la venta de drogas como única fuente de ingresos”. Dado el “contexto de violencia” perpetuo, cualquiera hubiera podido acabar en esa situación.

Las ONG condenan la política del miedo

Amnistía Internacional Brasil es una de las organización que se ha manifestado a través de una nota pública ante los últimos acontecimientos de violencia institucional. “¿Hasta cuándo insistiremos en una política de seguridad pública que convierte al Estado, que debería proteger a todas y todos nosotros, en violador de nuestro derecho a la vida?”, se preguntan. “Exigimos que el Estado asuma su responsabilidad de proteger el derecho humano a la vida de todas y todos, independientemente de su raza e independientemente de su lugar de residencia”.

No hace falta que nadie le explique a un vecino de Río de Janeiro que los helicópteros no dispararían en los barrios nobles de la zona sur (Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon), por ejemplo, o que ningún autobús sería tiroteado en el centro de la ciudad o en Barra da Tijuca. “Urge que el estado de Río de Janeiro reconsidere su actuación en relación a la seguridad pública, que provoca miedo, inseguridad y muerte a las favelas y a las comunidades”, explicaba la organización no gubernamental Justiça Global en su comunicado de hace unas semanas, en respuesta a otra ola de muertes. “No se pueden seguir tratando como balas perdidas los disparos que caracterizan la ejecución de personas negras (disparos en la cabeza, tórax y órganos vitales, casi siempre por la espalda) o que se dan en situaciones de confrontación por operaciones policiales en lugares pobres del estado, muchas veces incluso en horario escolar”.

Lo único que no se le puede rebatir a Witzel es que no cumpla sus promesas electorales. La población le votó en masa sabiendo que iba a suprimir la secretaría de seguridad pública y que utilizaría francotiradores de élite para las operaciones contra el tráfico de drogas. Famosa es su escena festejando con algarabía los certeros disparos contra el secuestrador de un autobús hace un mes, como si de un gol se tratara. De celebración en celebración va tomando posiciones para la próxima carrera presidencial.

Su reacción a la muerte a tiros de la última niña, sin embargo, no ha sido tan rauda. Concretamente, ha tardado tres días en aparecer en público para aclarar que no es “un desalmado”, que es una persona “con sentimientos”, pero dejando claro el futuro que le espera a Río: “No porque haya sucedido un hecho terrible como este vamos a parar el Estado”.