Los bomberos de Castilla y León piden que el Estado asuma el control ante la incapacidad de la Junta

Los bomberos forestales de Castilla y León han pedido este martes a la Junta que declare el nivel 3 de riesgo para que el Estado asuma el control del operativo ante la falta de capacidad de la gestión autonómica para controlar las llamas que se extienden en Zamora y Salamanca.

Los sindicatos de bomberos consideran que están trabajando por encima de sus capacidades y han implorado al Gobierno regional que se eleve el nivel de riesgo del INFOCAL para que los operativos estatales presten ayuda. Esta medida permitiría el apoyo de la UME o de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Para que esto ocurra, no obstante, debe ser la Junta quien solicite al Ministerio de Interior una intervención.

El fuego en la provincia zamorana ha afectado ya a 34 municipios, que han sido desalojados, y ha dejado varios cortes de carretera. Además, un brigadista ha fallecido cuando trabajaba en labores de extinción y otros dos han resultado heridos. Además, un pastor perdió la vida este lunes cuando trataba de evacuar a sus ovejas. Al foco de Zamora se agrega el incendio en Salamanca, que comenzó a propagarse desde Las Hurdes, en Cáceres.

"Estamos totalmente desbordados, no tenemos capacidad para lidiar con esta gravedad de incendios, no hay capacidad, pero tampoco hay organización. Parece que hay un mono gobernando", denuncia Manuel, portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL). Actualmente hay en torno a 4.000 efectivos trabajando en labores de extinción y cerca del 90% de ellos son empresas privadas. "Para ellos declarar el riesgo 3 es un tema político, supone reconocer su incompetencia y su incapacidad para gestionar esto".

El problema, dicen desde el sindicato, no tiene que ver con las personas que hay trabajando, sino con la ausencia de relevos. "Estamos trabajando 70 horas en cuatro días, estamos agotados y no hay relevos. En la mayoría de los casos por el SMI, con algún plus de peligrosidad. En caso de que seas de empresa pública, la cosa no mejora mucho, se cobran unos 1.300 euros", cuenta el portavoz de ATIFCYL.

Esau Escolar, presidente de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, hace hincapié en la falta de relevo y pone el foco en la ausencia de unos presupuestos en la región. "Al no haber presupuesto, no se puede comprometer más del 70% del gasto público y eso nos lleva a que ahora mismo tengamos en todas las provincias entre cuatro y cinco retenes sin adjudicar. Esto se traduce en que falta personal y en que los efectivos están machacados, currando 18 horas al día, descansando cuatro horas y volviendo a trabajar", dice el sindicalista, que considera que la cuestión no debe girar en torno a declarar el nivel 3 de riesgo, sino en renovar y reestructurar todos los planes de prevención y extinción.

Los sindicatos denuncian la falta de descanso, pero también las pésimas condiciones laborales. Uno de los hechos más significativos es la comida ofrecida por la Junta, un pobre bocadillo con tres lonchas de embutido, y la falta de agua para hidratarse.

El INFOCAL, el protocolo de extinción de la Junta, tiene más de 20 años de antigüedad y no renueva su texto desde 1999. El documento, por tanto, no incluye ninguna mención a la crisis climática y no se ajusta a las nuevas características de los incendios, que son cada vez más virulentos y difíciles de frenar.