El pasado fin de semana quedaron varadas en Irún (Guipuzkoa) más de cien personas, la mayoría llegadas a Canarias de forma irregular durante los últimos meses, con el objetivo de continuar su proyecto migratorio y cruzar a Francia. Sin embargo, el actual cierre fronterizo galo les dejó bloqueados en la ciudad, colapsando el único albergue de emergencia para personas migrantes de la ciudad y obligando a las autoridades vascas a improvisar otros espacios para evitar que se quedaran en la calle.

El Ejecutivo vasco aseguró que se atendió a todas las personas y que nadie tuvo que dormir al raso, aunque la situación se ha mantenido en los últimos días. El albergue gestionado por Cruz Roja —con capacidad para cien personas, pero reducida a la mitad a causa de la pandemia— se quedó pequeño, y varios de los recién llegados, entre ellos algunas mujeres con bebés, fueron alojados en un refugio de peregrinos y en otro albergue en la cercana localidad de Hondarribia.

Los números son cambiantes, según las distintas fuentes consultadas, y resulta difícil hacer una previsión de las personas que llegarán cada día a la estación de autobuses o de tren de la ciudad desde distintas partes el país. Según fuentes de Cruz Roja y del colectivo Harrera Sarea (Red de Recepción, en castellano), la mayoría de los migrantes que están en la ciudad son varones jóvenes procedentes de países subsaharianos, sobre todo de Mali, aunque han notado un aumento de mujeres con menores.

El Gobierno vasco habla de "llegada masiva"

Aunque el escaso centenar de personas atendidas en esta localidad fronteriza dista mucho de las casi 1.500 que han llegado a Canarias solo desde comienzos de año, el Gobierno vasco ya habla de una "llegada masiva de inmigrantes" y, en coordinación con ayuntamientos, diputaciones y la Delegación del Gobierno, prepara nuevos emplazamientos ante un posible repunte de llegadas. Así, el Ayuntamiento de Hondarribia ha habilitado un frontón con 94 camas, pero los migrantes son reacios a trasladarse allí, ya que les aleja de su objetivo, la ciudad de Hendaya, al sur de Francia, desde donde pueden alcanzar Bayona y el resto del país.

Irún ha sido un tradicional puente migratorio de fácil paso hacia Francia, ya que, al ser una frontera Schengen, los controles policiales son laxos o inexistentes. Al menos hasta la irrupción del coronavirus en Europa. Sin embargo, desde la crisis migratoria en las costas andaluzas de 2018, que convirtió a España en el principal punto de entrada de migrantes irregulares a Europa, con más de 50.000, Francia reforzó su vigilancia con redadas selectivas, por perfil racial, en autobuses y vehículos particulares.

Devoluciones de migrantes desde Francia

Los gendarmes galos retenían y devolvían automáticamente a los migrantes en furgones policiales al lado español de la frontera, explica Ruth Herrero, activista de Harrera Sarea, la plataforma autoorganizada de personas que se creó en 2018 precisamente para atender y orientar a los migrantes bloqueados que cada día se acumulaban en Irún por el tapón galo.

"Nuestras denuncias públicas consiguieron frenarlas en parte, pero las devoluciones en caliente de personas desde Francia son constantes y totalmente arbitrarias. No solo desde Hendaya, que está cerca. También las ha habido desde Bayona e incluso desde cerca de París", apunta esta activista.

En teoría, esta frontera es de libre tránsito y las únicas personas que Francia podría devolver a España serían quienes hubieran pedido asilo en España, tal y como establece el Reglamento de Dublín en materia de asilo y refugio. Pero en la práctica, la realidad es otra.

Las restricciones de movilidad por la pandemia y, sobre todo, el bloqueo masivo de migrantes en Canarias han reducido a alrededor de 2.000 las personas migrantes que fueron atenidas por Harrera Sarea el año pasado, según explican. En los últimos tres años, esta red recibió y orientó a unas 10.000, según sus registros, aunque son conscientes de que una cantidad importante de migrantes no tienen contacto con ellos. Cruz Roja, por su parte, no ha proporcionado datos del número de personas que han pasado por su albergue de Irún en 2020.

"En las últimas semanas hemos notado un aumento de gente que llega a Irún en grupos más numerosos, y sabemos que la situación es o será próximamente similar en otras ciudades como Bilbao o Donosti, a donde están llegando más personas que han logrado cruzar a la Península desde Canarias y quieren seguir su camino hasta Francia, Bélgica y otros países", apunta Herrero.

En un comunicado, el Gobierno vasco ha anunciado que también se han activado dispositivos de acogida en Bilbao, pero sobre todo "en la zona del Bidasoa" que "pueden ser útiles para que estas personas puedan parar y descansar antes de continuar su viaje".

Pero lo está impidiendo el cierre fronterizo que mantiene Francia ante una posible amenaza yihadista desde enero, además de la crisis sanitaria y el toque de queda impuesto a partir de las 18.00 horas, que dificulta el tránsito por el país. Una situación por la que el PNV ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien han recordado al país vecino que la libre circulación dentro del espacio Schengen "es un principio identitario de la UE".

Euskadi acusa a "alguna institución" de las llegadas

Por otra parte, esta situación ha vuelto a despertar la polémica sobre los traslados a la Península de grupos de migrantes bloqueados en Canarias. El miércoles, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, aseguraba en una entrevista de radio que "no parece fácil desplazarse a la Península a personas que no tienen documentación ni recursos, por lo que hay alguna organización institucional que permite esa movilidad". Unos comentarios "particularmente desafortunados", según ha dicho este jueves el consejero canario de Presidencia, Julio Pérez, que ha mostrado su "incomodidad" ante estas palabras.

El pasado año llegaron a las islas más de 23.000 personas de forma irregular, pero hoy solo hay unas 10.000 personas en los campamentos improvisados por el Gobierno, en otros centros de acogida y en las calles de Canarias. Una gran parte de los llegados en 2020, sobre todo ciudadanos marroquíes con su pasaporte en regla, pudieron salir del archipiélago en vuelos comerciales mientras que alrededor de 3.000 han sido traslados autorizados por Interior dado el perfil de vulnerabilidad de estas personas.