El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha dado otro tirón de orejas al Gobierno por su deficiente gestión de la llamada crisis migratoria de Canarias, que a su juicio, se ha convertido en "un lugar de privación de derechos" para miles de personas migrantes que han llegado en pateras y cayucos a los largo del último año.

Fernández Marugán  ha entregado este miércoles al Congreso de los Diputados un informe de más de 80 páginas sobre la situación migratoria de Canarias, el resultado de "una exhaustiva supervisión de las instalaciones de recepción, detención y acogida de personas extranjeras" en las islas que un equipo de su oficina realizó durante últimos meses de 2020.

En el documento, el Defesnor del Pueblo da cuenta de la "deficiencias" de la improvisada red de acogida, de las carencias en los procedimientos de atención y asilo y de "las restricciones a la libre circulación" que sufren solicitantes de asilo y los migrantes con orden de devolución no ejecutada cuando intentan desplazarse al resto de España, a pesar de contar con documentos identificativos válidos para ello.

"El sistema de acogida en Canarias, tanto de personas en situación irregular que por distintos motivos no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atenderlas en centros residenciales adecuados", subraya el Defensor, que ve "imprescindible" que se exploren "sin más demora" fórmulas como la de confirmar "por escrito" a los extranjeros que todavía no pueden ser expulsados que su orden de retorno "no se ejecutará temporalmente".

Esto, explica Fernández Marugán, ayudaría a que salgan "de las situaciones de precariedad y marginalidad en la que con frecuencia se encuentran" y dejaría espacio para una mejor gestión de las plazas de acogida en las islas. Por eso insiste en que los centros improvisados para migrantes "en modo alguno deberían ser utilizados como campamentos en los que ciudadanos extranjeros esperen sine die a que se pueda ejecutar su retorno". Por ello, Marugán apremia a que se "agilicen los traslados de personas migrantes a la península", sobre todo, da los más vulnerables.

El problema, según el informe, no solo ha sido la repentina llegada de miles de personas procedentes, sobre todo, de Marruecos. Aunque es cierto que las más de 23.0000 personas llegadas durante 2020 solo tienen comparación con la crisis de los cayucos de 2006, Marugán recuerda que este aumento, que ya se apuntaba en 2019, sorprendió al Gobierno con menos de cien plazas de acogida en todo el archipiélago, generando una situación de "colapso" absuluto.

Así, las principales carencias identificadas en su inspección fueron la "falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables". Pero también critica la mala gestión en cuanto a la protección de los más de 2.600 menores no acompañados, la garantía del derecho de asilo, el respeto al límite de 72 horas de detención, la asistencia letrada, la sanidad o el desamparo de las familias de los desaparecidos, que no tienen un punto de información al que recurrir para saber su sus allegados han sobrevivido a la ruta o dónde se encuentran.

Según la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), al menos 600 perdieron la vida en el intento de llegar a Canarias desde la costa atlántica africana en 2020. Es solo una estimación que la propia agencia considera ínfima. El colectivo Caminando Fronteras eleva el número de muertos y desparecidos a 1.851 personas. Sin embargo, dice Marugán, ninguna Administración asume su responsabilidad a la hora de atender a las familias de los supervivientes y de las víctimas y de "promover actuaciones tendentes a documentar el número de desapariciones en esta peligrosa ruta".