Los extranjeros nos quitan el trabajo. Los inmigrantes empeoran nuestras condiciones laborales. La crisis podía haberse evitado si no hubiéramos recibido tantos inmigrantes. No tienen formación suficiente para nuestras necesidades laborales. Se llevan la mayoría de ayudas sociales y subsidios. Colapsan la sanidad y elevan el gasto público. Vienen por nuestro Estado del bienestar. Reciben más de lo que aportan. En España no necesitamos a los inmigrantes para crecer.

Todas estas ideas llevan décadas circulando, prácticamente el mismo tiempo que las personas migrantes circulan por nuestro país. Siempre han sido falsas creencias, prejuicios sin fundamento empírico a menudo utilizadas como ariete político y caladero de votos. No todas son aceptadas por la sociedad, aunque algunas sí, pero sobre todo son repetidas y utilizadas por partidos que condicionan las políticas públicas en ese campo.

Ante la proliferación de este discurso y la preocupante deriva racista que reflejan recientes estudios demoscópicos, el Defensor del Pueblo, dirigido por Francisco Fernández Marugán, ha publicado junto a su informe anual un extenso y exhaustivo anexo sobre la contribución de la migración a la economía española.

Pide reformas legislativas que faciliten el acceso de los extranjeros al mercado laboral y que mejoren sus condiciones, ya que son el 15% de los trabajadores, unos tres millones de personas, a los que habría que sumar a todos los que podrían incorporarse con varios cambios en el reglamento de la Ley de Extranjería que recomienda.

Más de cien páginas llenas de datos, estudios, informes y estadísticas oficiales que echan por tierra cada una de estas ideas y que también quieren servir para que las Instituciones Públicas reaccionen. "Recibir cientos de miles de inmigrantes cada año es incompatible con una política pasiva y una marcada atonía institucional en materia migratoria", critica Marugán. "La inmigración debiera ser un área de interés y estudio preponderante, porque no hay forma de gestionar lo que no se examina y no se discierne con precisión", añade.

El Defensor del Pueblo pide una "toma de conciencia" gubernamental y una política migratoria "activa e inteligente" ya que la población extranjera resulta fundamental para el crecimiento económico. Unas recomendaciones que se antojan más oportunas que nunca ante la crisis económica derivada del coronavirus que, sin lugar a dudas, aumentarán la desigualdad, la pobreza y el paro, caldo de cultivo idóneo para el populismo de todos los signos políticos.

Solución ante el envejecimiento de los españoles

Según este informe, los extranjeros son la tabla de salvación del modelo europeo de bienestar. Con una población envejecida, baja tasa de fecundidad y crecimiento vegetativo negativo, la sosteniblidad del sistema de pensiones se encuentra "en jaque" y sólo la llegada de extranjeros jóvenes tira del crecimiento población.

Marugán considera "alarmante" la actual tasa de dependencia del país (número de personas dependientes sobre el total de la población en edad de trabajar) que, según la Comisión Europea, está en un 54% y llegará al 62% en 15 años para alcanzar el 82% en 2050. Este cambio demográfico "supondrá un incremento del 12 % en la factura sanitaria global de aquí a 2033", advierte.

En ese sentido, "la migración se plantea como un factor de alivio de la crisis demográfica". En España, desde 2002, siete de cada diez nuevos habitantes han nacido en el extranjero, casi se ha multiplicado por tres. Y desde el año 2000, el 60% de los 4,4 millones de nuevos activos incorporados al mercado laboral es población extranjera, con tasas de actividad mucho más elevadas que las españolas.

Además, la llegada de mujeres y su incorporación al trabajo doméstico y de cuidados — el 60% son extranjeras— "reduce el coste de tiempo y dedicación asociado a la maternidad", la hace más compatible con el trabajo fuera del hogar y, por tanto, contribuye a aumentar la tasa de fecundidad nativa y ta tasa de actividad femenina en general.

Por eso, Marugán pide facilidades para la agrupación familias de mujeres extranjeras y cambios legales para que las cuidadoras puedan ser dadas de alta en la Seguridad Social por otro contratante cuando este fallece, algo complicado actualmente y que dificulta que mantengan sus papeles.

Nos quitan el trabajo que no queremos hacer

La idea de que los extranjeros roban oportunidades laborales a la población nacional también queda desmontada. El Defensor del Pueblo recuerda que los extranjeros representan el 17% de la población activa de España a pesar de no superar el 12% de la población total. Si se fueran mañana, ilustra, el nivel de empleo caería a los 16,7 millones de ocupados —España llegó a las 20 millones antes de la pandemia—, imposible de sostener por trabajadores españoles.

Desde 2006, el 70% de los nuevos incorporados al mercado laboral son migrantes y cuatro de cada diez empleos generados el año pasado fue ocupado por extranjeros. Mientras la población activa española perdió 300.000 personas desde el final de la crisis, todo el aumento de la fuerza de trabajo ha recaído sobre los migrantes. Sin embargo son el 20% de los empleados en servicios de restauración, comercio, atención personal o seguridad; el 35% de los asociados a las cualificaciones mínimas "y las tareas más penosas".

Marugán critica la llamada "especialización negativa" de los migrantes en el empleo, a pesar de que la mayoría tiene formación superior a las labores que desempeña. Critica la poca integración laboral de los migrantes, que después de la crisis han ocupado los trabajos peor pagados y más inestables. 

No acaparan las ayudas sociales ni las prestaciones

Es uno de los mantras repetidos por Vox, aunque es del todo falso. Los migrantes no viven de las ayudas públicas ni tienen prioridad sobre los españoles para obtenerlas.

Según datos del INE, el 65% de los hogares extranjeros está sustentado por el trabajo por cuenta ajena, un 1% más que los nacionales. El 14% se sustenta por trabajadores autónomos.

En resumen, solo el 18% de los hogares extranjeros tienen como fuente de ingresos principal una pensión contributiva (4%), por desempleo (8%) u otro tipo de prestación social (6%), aunque siempre están ligadas a una cotización previa. A final de 2019, solo un 1,6% de las pensiones contributivas eran para extranjeros, un gasto público "testimonial", según el Defensor del Pueblo.

Del mismo modo que poco más de 200.000 personas extranjeras son beneficiarias de una prestación por desempleo, sujetas a las mismas condiciones que para la población nativa, aunque con un discriminación: las posibilidades de que un migrante trabaje sin contrato y sin alta en Seguridad Social son más altas y, con ello, menores sus posibilidades de recibir una prestación.

Tampoco copan los servicios sociales ni las rentas mínimas autonómicas, a pesar de vivir en situaciones económicas mucho más desfavorables. "Resulta triste constatar que uno de cada dos extranjeros son pobres en España", apunta Marugán. A pesar de ello, el último informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social clarifica que el 74,6% de los beneficiarios de una renta mínima son españoles y solo el 25,4% son extranjeros, mientras que no llega el 6% el total de usuarios de los servicios sociales españoles.

Nos son una carga para arcas públicas, al contrario

Tampoco suponen un gasto público, muy al contrario, a pesar de que fue la excusa del PP para negar la asistencia sanitaria gratuita en 2012 a los migrantes irregulares, recuperada parcialmente por el PSOE el pasado año. De hecho, los extranjeros acuden menos a los distintos servicios de salud públicos que los españoles, según la Encuesta Nacional de Salud de 2017, que también refleja que consumen menos medicamentos que los españoles.

Por otra parte, la edad media de los extranjeros también contribuye a que padezcan menos dolencias. "Mediante un cálculo simple, el gasto per capita medio por atención sanitaria pública sería, en promedio, un 38 % superior
para la población española respecto a la extranjera", explica Marugán.

Al mismo tiempo, los migrantes han sido clave en el crecimiento del número de cotizantes a la Seguridad Social, aunque la escasa calidad de sus empleos hacen que la base de cotización sea un 16% menor que la media de la población nacional. No obstante, estudios de la OCDE y de otras entidades aseguran que la contribución fiscal de los extranjeros es "netamente positiva" y cercana al 0,5% del PIB.

"La sugerencia lógica es, por tanto, potenciar las políticas en materia de integración laboral", insiste Marugán.