Autobús de ZaragozaLa muerte de un chófer colma la paciencia de la plantilla del bus urbano de Zaragoza

“Ha primado más el autobús que el conductor”, resume Javier Anadón, coordinador del CUT (Colectivo Unitario de Trabajadores) en los Autobuses Urbanos de Zaragoza (Auzsa), un servicio público privatizado que gestiona el Grupo Avanza (filial de la multinacional mexicana ADO) y en el que la tradicional tensión en las relaciones laborales se ha disparado tras fallecer un conductor al que la empresa sugirió que siguiera conduciendo varios kilómetros tras haberle comunicado este que sufría una indisposición. "La empresa nos dice que quién lo iba a pensar, pero está claro que es mejor un ingreso en el hospital por una falsa alarma que la muerte de un trabajador por no ser atendido a tiempo, ¿no?”, añade Anadón.

El sindicato, que ha convocado una concentración de protesta para este martes, sostiene que el fallecimiento del chófer “es producto de los recortes de personal que está realizando la empresa” y de “una cadena de despropósitos” por la que piden “depurar responsabilidades”. Entre otros aspectos, denuncian la falta de conductores suplentes y el recorte de inspectores y de auxiliares en algunas de las dependencias de la empresa, lo que dificulta la sustitución de los trabajadores cuando sufren algún tipo de indisposición. Mientras tanto, un portavoz oficial de Auzsa/Avanza, la empresa del bus urbano, declinó entrar en la polémica. “Lamentamos el fallecimiento del trabajador, pero no vamos a hacer ningún tipo de declaración por respeto a su familia”

Una nueva fase crítica al negociar convenio

Este incidente calienta de nuevo las relaciones laborales en una empresa clave para el funcionamiento de la ciudad, al superar los 93 millones de usos al cabo del año (255.000 desplazamientos diarios en una ciudad de 700.000), y que se adentra en una nueva fase crítica: la caducidad del convenio 2015-2019 el 31 de diciembre ya ha sido denunciada, lo que abre una etapa de negociación que, tradicionalmente ha incluido conflictos y, con frecuencia, huelgas.

La última, convocada por el incumplimiento del convenio, fue a principios de 2016, con algo más de cuatro meses, la de mayor duración de la historia del bus urbano, aunque también es cierto que le siguió un periodo de tres años sin paros que es, a su vez, el más largo que se recuerda.

Ese conflicto incluyó varios episodios sintomáticos de la tensión que las relaciones laborales llegan a alcanzar en ese servicio público privatizado. Uno de ellos fue la agresión a un trabajador por parte del director de Recursos Humanos, Héctor Muñoz, en las puertas del servicio autonómico de mediación (fue despedido tras reclamarlo los sindicatos como condición previa reanudar las negociaciones). El otro, la petición de intervenir la empresa que la plantilla planteó al consistorio.

“La negociación se prevé dura, no ha habido ninguna sencilla”, explica Anadón, quien, no obstante, recuerda que “la dirección de Avanza en Zaragoza es totalmente nueva”.

“Estamos trabajando para reconducir poco a poco esas tensiones” que se han dado históricamente, señala por su parte un portavoz de la empresa, que destaca dos aspectos: “el empleo en Avanza es estable, sin apenas rotación”, y “hemos vivido los primeros 'pilares' sin amago de huelga en el servicio de autobús urbano en muchos años”.

PP y C’s añaden más tensión a las relaciones laborales

Sin embargo, intervenciones como las de los nuevos responsables municipales de PP y C’s no aportan precisamente serenidad a los ánimos. El pasado 4 de octubre, la nueva concejal de Movilidad, la conservadora Natalia Chueca, comunicaba en la primera sesión de la mesa tripartita entre empresa, sindicatos y técnicos municipales que la periodicidad mensual de las reuniones acordada la pasada legislatura, cuando se creó, pasaban a ser trimestrales.

Ese órgano fue inicialmente concebido para tratar asuntos que afectan a la gestión diaria de la empresa, entre los que se encuentran varios de los que los sindicatos siguen denunciando como irregularidades e incumplimientos de los acuerdos, como la utilización de vehículos de más de 16 años, el empleo de autobuses pequeños en líneas como la 23 y la 24 donde deberían usarse los articulados, la circulación de coches sin la segunda validadora de abonos, lo que ralentiza el servicio, y, entre otros, la frecuente salida de otros con las rampas de acceso para minusválidos averiadas.

Junto con esto, tanto la plantilla como la empresa que gestiona la contrata y el propio ayuntamiento están esperando a que, más de tres años después de que Avanza recurriera el fallo inicial del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón), el Supremo aclare la principal de las disputas entre los dos primeros y determine si la adjudicación del contrato a Avanza en 2012, tras vencer la concesión de Tuzsa, fue o no legal.

El tribunal aragonés dictaminó que el ayuntamiento creó en el concurso, en el que había en juego más de 700 millones de euros en diez años, “una situación de ventaja y contraria a la normativa” que benefició a Avanza y que la eliminación de la cooperativa de trabajadores del bus urbano que pujaba por la contrata era contraria a la legislación.

Por otro lado, un juez llego a investigar, aunque sin hallar indicios de delito, a varios miembros del equipo de gobierno municipal de aquella época para determinar si los 153 despidos del ERE posterior a la adjudicación fueron pagados o no con dinero del consistorio como “costes de transición”.

La muerte del conductor

La muerte del conductor, que ha sido denunciada hoy ante la Inspección de Trabajo por el sindicato CUT y que ha añadido nuevas tensiones a las que ya venían lastrando las relaciones entre la plantilla y la empresa, se produjo a última hora de la tarde del jueves 3 de octubre.

El chófer, O. D., estaba cubriendo la línea 23, una de las de mayor trasiego de pasajeros de la ciudad, cuando “comenzó a sentirse mal, [y] se puso en contacto con la empresa para que le pusieran un reserva [o conductor suplente] e irse a la mutua. Le respondieron que en ese momento no había, que continuara el servicio”, sostiene el CUT.

Tras llamar “varias veces” desde la parada de un centro comercial, la empresa le comunicó “que se quedase allí o que fuera sin viajeros” a una zona del centro que dista entre dos y cinco kilómetros de ese punto (según la ruta) y donde “le esperaría un inspector”.

“Llegó un inspector, pero no para llevarlo al hospital”

“Llegó al lugar y al poco tiempo apareció un inspector, pero no fue para llevárselo al hospital, sino para hacerse cargo del autobús, ya que todavía no había reserva”, por lo que “el conductor tuvo que trasladarse solo y andando” hasta la sucursal de Auzsa/Avanza en una plaza cercana e ir de allí a la mutua, que resultó estar cerrada, antes de dirigirse hacia el Hospital Provincial, donde fallecía de un paro cardiaco al poco de llegar.

La familia del fallecido tardó un día en enterarse de lo sucedido, ya que ni el centro sanitario ni el IMLA (Instituto de Medicina Legal de Aragón) les había comunicado su muerte. Lo localizó un compañero de trabajo que se había puesto a investigar su paradero tras conocer su indisposición del día anterior y ver que ese viernes no se había incorporado pese a aparecer su nombre en la hoja de servicio para un relevo. Un portavoz del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) señaló que por el momento los juzgados no tienen constancia de la presentación de ninguna denuncia por el ‘olvido’ del cadáver del conductor en el IMLA.