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La Audiencia de Madrid permite a un profesor investigado por abusos sexuales seguir dando clase en otros centros

Entre las medidas adoptadas, también se ha levantado la prohibición que impedía al docente acercarse a lugares frecuentados por menores.

Varias mochilas en una percha de un aula. Imagen de archivo.
Varias mochilas en una percha de un aula. Imagen de archivo. Marta Fernández / Europa press

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido levantar parcialmente las medidas cautelares que pesaban sobre un profesor de un colegio privado en Torrelodones, quien está siendo investigado por abusos sexuales a varias niñas menores de cinco años.

En el auto emitido el 29 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados autorizaron al profesor a continuar con su labor docente en otros centros. Los jueces argumentan que la prohibición de ejercer solo puede imponerse mediante una sentencia condenatoria, en caso de que la causa llegue a juicio.

Entre las medidas adoptadas, también se ha levantado la prohibición que impedía al docente acercarse a lugares frecuentados por menores. Sin embargo, para proteger a las víctimas, se mantiene la prohibición de acceder al centro donde ocurrieron los abusos sexuales. La defensa impugnó las medidas, argumentando que eran "desproporcionadas" y que no había una "situación objetiva de riesgo" para una de las víctimas. Además, sostuvo que "no hay indicios de criminalidad" en relación con los abusos sexuales a menores.

Inspección Educativa solicita información al colegio

Los magistrados justifican la autorización para que el docente continúe su actividad en otros centros escolares, señalando que, de no hacerlo, se estaría cometiendo "una anticipación de pena", lo cual no es procedente en la fase de medidas cautelares. "No podemos compartir que la finalidad de la medida cautelar no puede ser la misma que la de la pena, retributiva, ni tampoco puede ser anticipatoria a la pena que pueda imponerse, en su caso, en el plenario, es decir, acordarse antes de haberse celebrado un juicio con todas las garantías", han señalado.

"Por más que, hablando con carácter general, los delitos de agresión sexual y más aún contra menores indefensos, resulten alarmantes en la sociedad, execrables y merezcan todo el reproche penal, pues las garantías del Estado de derecho, son también las que rigen la convivencia en nuestra sociedad", han añadido.

Tras el descubrimiento del caso, el investigado, quien desempeñaba funciones como ayudante en el centro, se dio de baja por problemas de salud. La Inspección Educativa solicitó información al centro sobre los hechos y las medidas adoptadas para asegurar la protección de los alumnos.

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