ProstituciónUna asociación lleva a juicio al Ministerio de Trabajo por aprobar el sindicato de prostitutas

Tras la espera por fin llega la fecha. El próximo 14 de noviembre la Sala Social de la Audiencia Nacional celebrará a las 11.30 de la mañana los actos de conciliación y juicio por la demanda interpuesta por la asociación pro derechos humanos L’Escola AC, el pasado 3 de agosto, contra el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para impugnar la inscripción como sindicato por el propio Ministerio de una organización de autodenominadas “trabajadoras sexuales” (OTRAS) bajo los criterios de la ley 11/1985 de Libertad Sindical.

Casi dos meses después la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se ha declarado competente para conocer de este procedimiento, mediante auto del presidente de la Sala, Ricardo Bodas Martín, en auto de fecha 3 de octubre, una vez oídas a las partes y en contra del criterio del Ministerio Fiscal.

Según Nuria González, presidenta de L´Escola, llama la atención que el juez quiera juzgar este caso. “En contra del criterio del Ministerio Fiscal, la Sala Social de la Audiencia Nacional se declara competente para juzgar el caso. Es una resolución favorable a reconocer la nulidad de la inscripción como se pide en el recurso administrativo que dejaría sin objeto los dos procedimientos judiciales abierto por este tema en la Audiencia Nacional”, comenta en exclusiva a Público.

Corre más la Justicia que la administración

Para González resulta además importante reseñar que “en este caso, la Justicia está siendo más rápida que la Administración. El Gobierno tenía que haber tenido la misma celeridad que honró a la ministra en reconocer su error, que en poner todos los medios para arreglarlo. De todas maneras, hasta el 14 de noviembre están a tiempo de hacerlo”, declara esta feminista. Por otro lado la promotora de la demanda cree que “un error administrativo debe ser subsanado administrativamente. Pero si no se hace, para eso tenemos la vía judicial”.

Desde L´Escola AC son optimistas con la definitiva prohibición de este sindicato que defiende al lobby proxeneta. “Según la ley, la inscripción y la personalidad jurídica de un sindicato de nueva creación surgen efectos a partir de los 20 días de la publicación de esa inscripción si nadie lo impugna. En este caso, como sí se produjo la impugnación dentro de esos 20 días, entiendo que la organización OTRAS no tiene personalidad jurídica efectiva como sindicato, hasta que no se resuelvan los procedimientos administrativos y judiciales en marcha. Así que están en una suspenso legal", recalca González.

Asimismo González considera que la acción judicial interpuesta es una manera de demostrar la fuerza del movimiento feminista que clamó ante el gol que en su día le metieron por la escuadra a la ministra de Trabajo. “Aunque no es la victoria definitiva. No, por lo menos no todavía. Estamos en una batalla que nunca se tenía que haber planteado. No tendríamos por qué encontrarnos en esta situación porque nunca se tenía que haber dado vía libre a la inscripción de esta organización pro prostitución como sindicato de trabajadoras por cuenta ajena. Estamos peleando precisamente para que no nos impongan por la vía del hecho lo que el derecho no permite, y esto es, que el proxenetismo pase a ser una actividad empresarial en lugar de un delito. Más que meterles un gol, lo que hemos hecho es intentar parar el que nos querían meter a nosotras. Eso sí, en el último minuto y rozando el larguero. Menos mal que tenemos buenas porteras... Veremos cómo acaba el partido”, añade.

Así pues, se cita a las partes, esto es a la demandante, L’Escola AC, al demandado, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y el ministerio fiscal. Recordamos que la demanda interpuesta por L’Escola AC solicita que se declare nulo de pleno derecho el acto administrativo por el que se inscribió a la citada organización como sindicato, al amparo de la ley 11/1985 de Libertad Sindical, por considerar que se estaría reconociendo por la vía del hecho, el proxenetismo como una actividad empresarial lícita, cuando en nuestro ordenamiento jurídico es un delito tipificado en nuestro Código Penal.