En julio de 2022 un vecino de la Cañada Real (Madrid) vio destruido el hogar donde vivía desde 2006. El entonces Comisionado de la Comunidad de Madrid para estos asentamientos –hasta su cese en abril de 2023– envió la solicitud de derribo con un falso documento que señalaba la vivienda como abandonada y el jefe de Disciplina Urbanística la autorizó sin realizar comprobaciones. Ahora, la jueza de instrucción ha enviado a ambos funcionarios del PP a juicio por un presunto delito de prevaricación.

Además, los abogados de la acusación particular CAES destacaron este lunes en un comunicado que no existía una orden firme y que el derribo se realizó cuando el vecino había recurrido meses antes un procedimiento administrativo contra dicha solicitud. Tras
cerca de dos años de investigación, tanto la jueza titular como la Fiscalía consideran que existen indicios de criminalidad "evidentes" en la actuación de estos dos cargos.

"El vecino llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, año en el que adquirió la finca en la que se ubicaba la vivienda", señalan desde CAES. Al encontrarse en la conocida como "Zona sin asfaltar" de la Cañada Real, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 un expediente para su demolición y le otorgó un plazo para oponerse, de acuerdo con el procedimiento que han sufrido otros vecinos de la zona.

El vecino presentó alegaciones a dicho expediente hasta en dos ocasiones, pero "el Comisionado para la Cañada Real emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y solicitó su derribo. En apenas 24 horas, el jefe de Disciplina Urbanística autorizó el derribo", explican desde CAES.

Además, los abogados resaltan que este funcionario no llevó a cabo "ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo". Además, recuerdan que "conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento".

El derribo tuvo lugar el 19 de julio, cinco días después de la declaración de supuesto abandono. En ese momento, el vecino se encontraba de vacaciones fuera de su vivienda desde hacía una semana, y había pasado un mes desde que presentó las alegaciones para justificar y probar que vivía en el edificio.

"Es evidente que ambos conocían que una orden tan lesiva como
la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad solo puede dictarse cuando existe una resolución firme al respecto", señalan desde CAES, así como que "la declaración de la vivienda como 'abandonada' solo podría afirmarse tras la práctica de una exhaustiva prueba".

Los abogados denuncian que los funcionarios "no intentaron comprobar si el vecino seguía en la vivienda, lo cual habría sido harto sencillo, si no que teniendo evidentes pruebas de que así era, continuaron adelante con la ejecución". Entre dichas pruebas, mencionan "los recursos presentados semanas antes, la presencia de todos sus enseres personales y su vehículo dentro de la vivienda, y las declaraciones de los vecinos que intentaron evitar el derribo".

Los abogados afirman que el derribo de la vivienda tuvo lugar "en el marco de toda una campaña orquestada por las administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real" y señalan que su principal hito "fue el corte de luz a los Sectores V y VI en octubre de 2020".

Además, critican que estas actuaciones buscan "expulsar a los residentes de esta zona en beneficio de los desarrollos urbanísticos del sureste que colindan con esta zona residencial, poblada principalmente por población vulnerable o de escasos recursos".