"Si quiere, podemos mediar entre usted y el anfitrión, pero no podemos hacer nada más". Fue la respuesta de Airbnb que recibió Montse Pérez, propietaria de un piso alquilado en Barcelona, cuando les avisó de que su inquilino lo utilizaba para una actividad ilegal: subarrendarlo sin su permiso y sin licencia turística.

Pérez pasó entonces a la acción: utilizó la plataforma para realquilarle su piso a su inquilino y, una vez dentro, cambió la cerradura. El caso saltó a los medios y Pérez salió en todas las televisiones. Ganó la batalla a su estafador (la investigación posterior reveló que el joven con buena imagen al que alquiló su piso tenía otros tantos en Barcelona con el mismo objetivo: realquilárselos a turistas por Airbnb) pero también la batalla del discurso.

Todo el mundo entendió el envite de Montse Pérez: dar cobijo a las prácticas de un estafador no tiene nada que ver con la lógica de colaboración o el mejor aprovechamiento de los recursos que vende Airbnb. 

"Todo el discurso de Airbnb se construye sobre ideas de economías alternativas, con menor impacto medioambiental... pero lo cierto es que su prioridad es la experiencia del consumidor. Que cuando la gente utilice su aplicación salga contenta, tenga buenos resultados y se lo cuente a sus amigos. Que no tenga problemas. Como es un sistema nuevo de turismo, tiene que apostar por mecanismos para generar confianza. Para ellos lo más importante es que el consumidor siga alquilando", expone Javier Gil, investigador de la UNED.

"Airbnb invierte mucho en el desarrollo de la aplicación y los algoritmos, pero en lo que se trata de dar asistencia a la persona que alquila, el esfuerzo es mínimo, todo está automatizado", continúa el sociólgo, que presentará en octubre uno de los primeros estudios sobre las actividades de la plataforma en España.

Y ofrece una clave: "A la persona que alquila su piso no le dan importancia, tienen tantos que perder algunos no les supone un problema".

Lógica extractora

Pese a que Montse Pérez era la primera beneficiaria de la turistificación de Barcelona (alquila su piso de 30 metros por 950 euros al mes), su caso supuso la gota que colmó el vaso. Su inquilino rizaba el rizo de la ilegalidad: no solo ofrecía su piso sin licencia turística (ilegal), sino sin su permiso como propietaria (también ilegal). La ciudad, que descubrió más casos de este tipo, se siente expoliada por Airbnb: "Estafa a la ciudad", denunció este lunes la teniente de alcalde de Ecología Urbana, Urbanismo y Movilidad.

Una semana después de saltar a los medios, la pasividad de Airbnb para colaborar con Pérez se entiende mucho mejor. Un directivo de la empresa hacía exactamente lo mismo que su inquilino y realquiló durante dos años una vivienda a turistas. El Ayuntamiento de la ciudad condal sospecha que Airbnb "da cobertura a redes" de realquiler ilegal y le ha impuesto una multa de 600.000 euros por facilitar los alquileres turísticos sin licencia. "Airbnb traspasa todos los límites legales. Seguiremos multándoles hasta que cumplan la ley", zanjó la alcaldesa Ada Colau. 

Es la segunda multa por esa cantidad que le impone la ciudad, pero la empresa no ha hecho propósito de enmienda. "A Airbnb no le interesa en absoluto poner en marcha estructuras que solucionen los desmanes que se hagan a través aplicación, no es su objetivo. Tiene una lógica extractiva, su prioridad es estrictamente económica, obtener beneficios", aclara Daniel Sorando, sociólogo urbano coautor de First we take Manhattan: la destrucción creativa de las ciudades, donde estudia el impacto que actividades como las de Airbnb han tenido en las grandes urbes. "En la medida en que por su rentabilidad le siga mereciendo la pena comprometerse lo menos posible con los lugares donde hace dinero, va seguir actuando de la misma forma. No es una economía social o comprometida con la comunidad, sino al contrario, la va poco a poco desmontando", enfatiza.

Economía colaborativa capitalista

Esta característica es propia de las empresas de la economía colaborativa, que funcionan con muy pocos contratados y logran grandes beneficios gracias a una tecnología que permite costes de producción extremadamente bajos. Algo que también se percibe de su pasividad ante la acumulación de multas (en Barcelona Airbnb acumula ya 1,2 millones de euros en sanciones): "Lo que demuestra es que hacen tanto dinero que les compensan las multas. Hace falta otro tipo de regulación más ambiciosa, probablemente a nivel estatal, que contrarreste el poder que tienen estas compañías frente a las ciudades", pide Sorando. 

De cada alquiler a través de la plataforma, Airbnb cobra una tarifa entre el 3 y el 5% al anfitrión y de entre un 5 y un 15% al huésped. Contactada por este medio, la empresa ha explicado que el hecho de que en su actividad haya transacciones (y por tanto ley de oferta y demanda) así como lucro por su parte, "es una discusión semántica que desvirtúa el verdadero concepto de economía colaborativa, que es que dos particulares, individuos, puedan ponerse de acuerdo para intercambiar un servicio. El que haya un intercambio de dinero no es significativo".

Anfitriones con una, dos, o 47 viviendas en Airbnb

En Madrid, donde las competencias en materia de turismo están en manos de la Comunidad, la crisis de gentrificación no alcanza todavía las cotas de Barcelona. Al menos así lo aseguró este martes su presidenta, Cristina Cifuentes, que ha aprovechado la denuncia de la ciudad condal contra Airbnb para anunciar medidas más concretas para los alquileres turísticos y dar algo de poder a las comunidades de vecinos, pero sin atajar la raíz del problema. 

El Ayuntamiento de la capital no opina lo mismo y espera controlar la situación antes de que convierta Madrid se convierta en una ciudad de turistas y élites. Tras meses de negociaciones, intenta llegar a un acuerdo "de buena voluntad" con la aplicación para limitar el número de pisos en oferta, ha explicado una portavoz del consistorio a este medio. Sobre todo, de aquellos que disponen de un mayor número de ellos y utilizan la plataforma de manera profesional. 

En este punto la empresa ha querido recordar que "aunque a priori puede parecer que quien tiene más de un anuncio es un profesional que alquila pisos turísticos, esto puede no ser así y de hecho no lo es". 

"Puede ocurrir que un anfitrión alquile una habitación en la casa donde vive y que también tenga un anuncio de esa misma casa entera cuando se marcha fuera unos días por vacaciones o por trabajo. Pese a tratarse de un solo perfil y una sola propiedad, este anfitrión necesita tener dos anuncios diferentes. Además, sigue siendo su hogar, vive ahí y esa vivienda no tiene un uso intensivo turístico, al contrario de lo que ocurre con un piso turístico gestionado por profesionales", enfatiza una portavoz de Airbnb.

Un policía toma una foto a un grupo de turistas japoneses en Madrid.-EFE

Sin embargo, los resultados de los investigadores difieren de este argumento. "Airbnb vende la idea de que genera grandes posibilidades para las personas que necesitan un ingreso extra… pero cuando sacas los datos reales de quien está arrendando, tanto cuantitativos como cualitativos, te das cuenta de que en la mayoría de casos no son ese tipo de personas", revela en este caso Javier Gil. 

"Analizando por ejemplo las personas que tienen más viviendas alquiladas en Madrid —continúa el investigador—, encuentras a una pareja que dice: tenemos varios pisos en Madrid, nos gusta mucho compartirlos con nuestros amigos y con la gente que viaja para conocer la ciudad. Es un discurso que te hace pensar que tienen una vivienda o dos, pero no, luego te das cuenta de que tienen 46 pisos en Airbnb. Otros con el mismo discurso tienen 23 pisos. Hay casos de personas que lo alquilan cuando se van de vacaciones, pero estos son una minoría".

Ambos investigadores señalan hacia arriba ante la pregunta de qué hacer para controlar a la empresa estadounidense y limitar el impacto de su actividad. Iniciativas estatales o incluso, una red de grandes ciudades a nivel europeo que sufran el mismo problema: "Cuando se juntan ciudades como París, Londres, Berlín, Barcelona, etc. y hacen presión conjuntamente, es más difícil para Airbnb chantajearlas", confía Sorando.