Los acusados del ataque informático a la web de la Junta Electoral Central niegan ser de Anonymous

GIJÓN .-  Los tres acusados de un ataque informático para bloquear las páginas web de la Junta Electoral Central, el Congreso de los Diputados y de UGT en mayo de 2011 han negado su participación en el sabotaje, así como su vinculación al colectivo Anonymous aunque la Policía les considera la cúpula de la organización. 

La vista oral, en la que la Fiscalía solicita penas de cinco años y cuatro meses de cárcel para dos de los acusados y de cinco años para el tercero por los delitos de grupo criminal y de daños, se ha celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón y continuará mañana con la declaración de más testigos y las conclusiones finales de las partes.

En su declaración, uno de los acusados, Rodrigo T., ha negado haber participado en el ataque al tiempo que ha asegurado que "nunca jamás" alojó software ilegal en su ordenador y que los servicios que presta a terceros, como páginas web de amigos y de temas relacionados con la astronomía, era por "afición" y sin fines delictivos.

Asimismo, ha sostenido que el día de los hechos de los que se les acusa estaba trabajando como marino mercante en un barco en Almería, en el que tenía acceso restringido a los ordenadores que allí había, y que comenzó a enterarse de lo que estaba ocurriendo a través de una red social.

En su declaración, ha reiterado que no ha formado parte del colectivo Anonymous y que no conocía a ninguna de las otras personas que se sientan con él en el banquillo.

Por su parte, José María Z. ha defendido que "nunca" coordinó ni recibió órdenes para iniciar el bloqueo de las páginas web.

El otro acusado, Yuri L., también se ha desvinculado del colectivo Anonymous y ha afirmado que su trabajo consistía en comprobar vulnerabilidades en los servicios de los sistemas informáticos pero "nunca" con el objetivo de "sabotearlos", por lo que ha negado su participación en el ataque.

Los acusados han coincido en apuntar que los "nicks" (alias) utilizados en las redes en las que participaban podían ser usados por otras personas. Los abogados de la defensa, que pedirán la absolución, han denunciado la vulneración de derechos en relación a algunas de las pruebas de la causa, como la incorporación de grabaciones de conversaciones telefónicas entre alguno de los letrados y los acusados.

El letrado de Rodrigo T., David Maeztu, ha asegurado que no se ha provocado "ningún daño" porque fue la propia Junta Electoral Central la que arregló "con sus propios medios", a través de un trabajador de la plantilla, el bloqueo que ese día sufrió de la página web.

"Al contribuyente esto no le ha costado un euro más allá de lo que está costando este juicio y estos cinco años de instrucción y persecución a un ciudadano que no ha hecho nada", ha afirmado.

Maeztu ha recalcado que "no hay nada que acredite" que Rodrigo T. forme parte del colectivo Anonymous, que no consta ningún tipo de registro que constate que en el servidor del acusado haya mensajes relacionados con el ataque cibernético y que no se han aportado las direcciones IP para corroborar este extremo.

El director del centro TIC del Congreso, Javier de Andrés Blasco, ha comparecido por videoconferencia como testigo y ha señalado que la caída del servicio de la web de la Junta Electoral se producía en intervalos de "minutos" y que quien la reparó fue un trabajador de la casa que no cobró por ello, por lo que los 700 euros atribuidos como daños no supusieron un desembolso real.

En este sentido, el abogado de Yuri L., Carlos Almeida ha dicho, en declaraciones a los periodistas, que las explicaciones del responsable del sistema informático del Congreso acreditan que la interrupción fue de "escasos minutos" y de madrugada y que no ha quedado claro que el origen de la caída sea un ataque de denegación de servicio.

Según sus palabras, el inicio de este bloqueo parece que pudieron ser las "innumerables cartas de protesta que enviaron los indignados desde las plazas de España solicitando que la Junta Electoral Central permitiese las acampadas".

Por su parte, el fiscal ha defendido toda la instrucción de la causa y la actuación de los agentes policiales y ha puesto de manifiesto que la intervención telefónica entre los abogados y sus clientes se hizo por orden judicial.

En calidad de peritos de la defensa, también han testificado un profesor universitario y un ingeniero informático, que ha indicado que cualquier persona puede "utilizar y reutilizar" un "nick" en este tipo de redes en las que se mueven los acusados y que para vincular ese alias a una persona física es necesario disponer de la dirección IP del ordenador.

Anonymous está constituido por numerosos usuarios informáticos de España y de otros países que, entre otras actividades, organizaban de forma concertada ataques de Denegación de Servicio Distribuido (denominados DDoS).

Dichos ataques consisten en la saturación de un entorno informático o una página web mediante peticiones simultáneas de forma que no tiene capacidad suficiente para responder, se colapsa y queda sin funcionamiento e inaccesible para los usuarios