Sucedió en 2017 y aún no han sido juzgados los nueves acusados por haber impedido en el centro de Sevilla el paso al autobús de la organización ultracatólica Hazte Oír desde el que se difundían mensajes contra la transexualidad.

Con peticiones de condena que llegan a los 12 años de prisión, el juicio, que iba a comenzar este martes, ha sido suspendido a última hora al haber sido trasladado el procedimiento para que sea juzgado por la Audiencia Provincial y no en un juzgado de lo Penal.

El autobús fletado por Hazte Oír lucía en sus laterales con letras bien grandes el siguiente lema: "Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo".

La movilización contra Hazte Oír en Sevilla

La organización ultracatólica lo puso en marcha en octubre de 2016 para protestar contra las leyes de identidad de género aprobadas en varias comunidades autónomas, que, a su juicio, estaban imponiendo a los menores una "ideología política muy concreta, la ideología de género", vulnerando el artículo 27 de la Constitución. Y en su tumultuoso recorrido por diferentes partes de España, en medio de numerosas protestas, llegó a Sevilla en marzo de 2017.

Una multitud interrumpió el paso del autobús cuando circulaba por delante del Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, primera comunidad que había aprobado una ley reconociendo el derecho a la autodeterminación de género.

El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, intentó entregar un escrito en el registro de la presidencia del gobierno andaluz, que entonces ostentaba la socialista Susana Díaz, pero las protestas de los manifestantes, los lanzamientos de piedras y naranjas y la tensión con la Policía que protegía la marcha del vehículo lo impidieron.

A raíz de aquellos incidentes se abrió un procedimiento judicial contra nueve manifestantes -entre ellos un periodista de profesión- que fue archivado por un juzgado de instrucción, pero reabierto en uno de lo penal tras el recurso presentado por la Fiscalía y la acusación particular ejercida por Hazte Oír.

El ministerio público pide un año y medio de prisión para cada uno de los acusados por los delitos de desórdenes públicos y daños, así como el pago de una indemnización de 3.478 euros a la empresa del autobús, mientras que la organización ultracatólica solicita 12 años de cárcel para cada acusado, ya que entiende que también concurren delitos de discriminación, coacciones e integridad moral. 

"Hartos” del largo procedimiento judicial

D. es la inicial con la que quiere identificarse uno de los acusados en este procedimiento. Tenía 22 años y era estudiante cuando participó en aquella concentración. Ahora ya ha cumplido 28 y trabaja en una ciudad alejada de Sevilla.

La primera impresión que traslada al hablar con Público es que están "un poco hartos" de un proceso judicial que se alarga desde hace ya seis años.

D. recuerda que el día que llegó el autobús de Hazte Oír a Sevilla las redes sociales estaban "encendidísimas" por la presencia de este vehículo en el centro de la ciudad exhibiendo unos mensajes claramente contrarios a la transexualidad.

Dice que él llegó a la concentración reunida de manera "espontánea" delante del Palacio de San Telmo cuando el autobús ya llevaba más de una hora parado.

"Yo estaba en la parte de atrás de la concentración y vinieron unos policías para que me identificara. Al rato empezaron a dispersar a la gente, a golpear con las porras para que el autobús pudiera salir, y se llevaron a varios chavales a los furgones", cuenta D.

Aquella identificación derivó en la imposición de una multa por la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, y después el procedimiento judicial que aún no ha terminado.

"Me acusan porque dicen que hay unos testigos que dicen que yo rompí la luna del autobús, pero esos testigos nunca han aparecido", asegura D., que, siendo estudiante, tuvo que hacer un gran esfuerzo económico para pagar la multa y luego buscar ayuda para afrontar los gastos de la abogada para defenderse ya por la vía penal.

En su escrito de acusación, la Fiscalía refiere que "llevados por la discrepancia ideológica", los acusados decidieron boicotear la campaña de Hazte Oír, lanzaron "proclamas de contenido injurioso y afrentoso" para esa organización, impidieron la libre circulación del vehículo y lanzaron contra él piedras y otros objetos contundentes.

D. considera, sin embargo, que se ha hecho "un juicio colectivo" sin pruebas para procesar a unas personas que se estaban manifestando contra la difusión de un mensaje tránsfobo, porque -subraya- cada uno de los acusados se encontraban en un punto diferente, con diferentes actitudes, sin haber entre ellos ninguna concertación de acción. "Cuando yo llegué, el autobús ya estaba parado y dañado. Y yo no interrumpí tampoco su circulación", añade.

Un informe policial de la estética y política de los acusados

La Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía aportó a la causa un amplio informe en el que se incluyen fotos y textos sacados de las redes sociales y medios de comunicación sobre las actividades políticas y sociales de los acusados.

En ese informe, la Policía presume la posible comisión de un delito de odio por las discrepancias ideológicas de los procesados con la organización ultracatólica que fletaba el autobús.

"Se pusieron a recabar información sobre la estética de cada uno, si llevábamos piercings o lo que sea, sobre lo que habíamos hecho antes, si acudíamos a asambleas feministas o antifascistas. Y eso no puede ser una prueba para un juicio. A mí no me pueden juzgar porque haya ido a una asamblea vecinal o feminista. Se nos está juzgado más la ideología que lo que realmente hicimos o no hicimos ese día: si he roto o no he roto un cristal, si gritaba o no gritaba tal cosa, si estaba o no estaba donde dicen que estaba", alega D.

Este joven entiende que la manifestación no iba dirigida contra una organización, sino contra un lema, contra el mensaje "transfóbico" que se difundía desde un autobús que estaba recorriendo toda España.

"Ese mensaje -argumenta- era un ataque a las infancias. Era un mensaje muy violento para las personas trans, que ya sufren mucho rechazo, mucha hostilidad en su vida cotidiana".

D. dice que sabe muy bien de lo que habla, porque él también sufrió el acoso en su etapa escolar por ser un menor LGTB: "Recuerdo que en el instituto me hicieron una canción en la que se gritaba mi nombre en femenino, que me hacían imitaciones con voz dulce de nenaza, que me llamaban palomo cojo. Y hasta una profesora de mi instituto dijo que prefería un hijo drogadicto muerto a tener un hijo maricón".

"Es un bombardeo constante que te intenta convencer de que lo que tú haces está mal. Y eso pasa en una etapa, además, crucial en el desarrollo de tu personalidad", denuncia.

Ese acoso causa secuelas, traumas personales, que, según D., pueden acabar en tragedia, en un suicidio. "Está habiendo suicidios de adolescentes y preadolescentes que sufren un bullying lgtfóbico que genera mucho trauma, mucho dolor".

"Y encima hay organizaciones como Hazte Oír que echan más leña al fuego con ese tipo de campañas. No están protegiendo a la infancia como dicen, sino que van contra ella. El odio lo promueven ellos contra la comunidad LGTB y la acusación es contra nosotros, que defendemos unos derechos", continúa.

Y el acoso no es sólo en los centros escolares, también en los espacios públicos, en cualquier ámbito, asegura D. "A mí en la calle -asegura- me siguen gritando maricón. Hemos avanzado con respecto a hace veinte años, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo cuando hay organizaciones y partidos de derecha que están instigando el discurso del odio".

Cambrollé: "Esto no debía tener cabida en una democracia"

La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera (ATA), Mar Cambrollé, califica como un "teatro" que se juzgue a nueve de los manifestantes de Sevilla contra el autobús de Hazte Oír.

"En una democracia, en un Estado de derecho, esto no debía tener cabida", dice a Público la veterana activista, una de las promotoras de la pionera Ley Integral de Transexualidad de Andalucía.

A juicio de Cambrollé, resulta totalmente contraproducente que el artículo 510 del Código Penal, que tipifica el delito del odio para proteger a los colectivos más vulnerables, se invoque en este procedimiento para acusar a personas que se manifestaron contra un autobús transfóbico.

"Este artículo solo se ha utilizado para defender a la Corona, a la Iglesia y a la Guardia Civil, y para ir contra el coño insumiso y los titiriteros", se lamenta la presidenta de ATA.

"Espero que los procesados sean absueltos, porque fueron a una manifestación pública con el fin de parar un autobús que traía mensajes transfóbicos. No se puede juzgar a unas personas que han ido a parar el odio", subraya Mar Cambrollé.

Juan Carlos Alcántara, abogado de uno de los procesados, sostiene, por su parte, que Hazte Oír está tratando de "politizar" este caso, al promover un debate ideológico en torno a unos hechos concretos. "Queremos impedir eso e intentaremos que no utilice precisamente los derechos constitucionales que constantemente ataca", señala el letrado.

A juicio de Alcántara, su defendido acudió a la concentración porque se enteró de la llegada del autobús a través de las redes sociales, pero sin haber concertado previamente con nadie su asistencia. "Solo profirió consignas antifascistas, nunca amenazó ni insultó gravemente a nada ni a nadie, ni tiró nada al autobús que ocasionara daños", recalca.

El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, donde debía comenzar el juicio el próximo martes, emitió el pasado miércoles un auto en el que accede a la petición de la acusación particular de Hazte Oír y de la Fiscalía de trasladar el procedimiento a la Audiencia Provincial, órgano judicial donde ahora habrá de fijarse nueva fecha para la celebración de la vista.

En el auto se fundamenta que las penas de inhabilitación especial para el derecho al sufragio solicitadas por la acusación particular exceden en número de años a las competencias de un juzgado de lo penal y, por tanto, el enjuiciamiento de la causa es competencia de la Audiencia Provincial.

"Es un proceso judicial agotador", se queja D., quien está deseando acabar con un procedimiento que empezó en 2017 y que ahora a él le obliga a desplazarse muchos kilómetros y pedir permiso en el trabajo para cumplimentar todos los trámites que conlleva la causa. "Esto te crea bastante jaleo y gastos, en la abogada, en el transporte. Tienes tus días buenos y malos, pero tengo ya muchas ganas de que esto se acabe", reconoce.