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'Lobbies' ultras, asociaciones policiales y grupos negacionistas agitan el miedo a una posible amnistía

Hazte Oír llama a firmar una carta dirigida a Pedro Sánchez en la que advierten al presidente de que no cometa "una ilegalidad". Activistas de extrema derecha ya han coordinado movilizaciones en algunas ciudades.

Concentración de Hazte Oír
Manifestantes en una concentración convocada por Hazte Oír en Madrid el 23 de septiembre de 2022. Gustavo Valiente / EUROPA PRESS

El PP no está solo en su ofensiva contra una hipotética ley de amnistía a independentistas catalanes. El fantasma que hoy agitan en la calle Génova también habita en lugares tan dispares como la sede de Hazte Oír, las oficinas de las principales asociaciones de policías y guardias civiles o, incluso, en canales de Telegram donde defienden que el coronavirus es una excusa para controlar a la población.

El tema del verano será también del otoño en el ordenador y la cabeza de Ignacio Arsuaga, el abogado que está al frente de Hazte Oír. La palabra clave es "amnistía", pero también "separatistas", "ruptura de la nación" o, cómo no, "Pedro Sánchez".  

"Necesitamos organizar el mayor movimiento civil de los últimos años si queremos detener la ley de amnistía de Sánchez", afirma Miguel Tomás, director de campañas, en la iniciativa que ha lanzado este lobby y que contaba al cierre de este artículo con más de 53.000 firmas.

"Estamos ante uno de los momentos más cruciales de nuestra historia reciente. Están en juego la separación de poderes, la unidad de España y las normas básicas de nuestra democracia", dispara Tomás, quien además deja sobre la mesa una promesa: "Si Sánchez no detiene sus planes, que no te quepa duda de que saldremos a la calle", advierte.

"Sin quemar contenedores"

Algunos ya han salido. El pasado domingo 10 hubo movilizaciones contra la amnistía en Murcia, Barcelona, Sevilla, Gijón o Zaragoza. En el canal de Telegram del grupo negacionista y de extrema derecha La Reconquista, donde también suelen circular mensajes afines a Vox, publicitaron las convocatorias. 

En uno de los mensajes, el administrador del grupo aseguraba que las protestas habían surgido "de forma anónima y espontánea por el pueblo español en las redes" y se celebraron "de forma pacífica, sin quemar contenedores, reyertas o alborotos". "No había partidos ni asociaciones detrás de la convocatoria, tampoco contaba con el apoyo de los mass media, como cabía esperar", reivindicó.

En La Reconquista hay otros textos en los que llaman "psicópata Satánchez" al presidente del Gobierno. Abundan también los mensajes contra la ministra Irene Montero, el feminismo, la "ultraizquierda" o los migrantes.

Guardias civiles y policías 

La amnistía aparece también en los peores presagios de Jucil, la asociación de guardias civiles ligada a Jusapol que ha protagonizado varias protestas contra el Gobierno de coalición. "Una amnistía significaría que tanto las órdenes que dieron los responsables en su día y el sufrimiento de los guardias civiles que velaron y fueron heridos para que se cumplieran fueron ilegítimas", afirma en un comunicado.

Los guardia civiles agrupados en Jucil sostienen que "esto sería inaceptable en un Estado de Derecho, pero sí muy habitual en las dictaduras". "Si el Gobierno se autoriza a sí mismo para decidir lo que es delito, en realidad estaríamos ante un golpe de Estado dictatorial en el que un poder se impone sobre los otros dos. Esto rompe con el Estado democrático y de Derecho", afirma.

Esta asociación reivindica desde hace ya tiempo que Catalunya sea declarada por el Ministerio del Interior como "Zona de Especial Singularidad" para el trabajo de los guardias civiles debido al "ambiente de odio" que, según aseguran, sufren en ese territorio.  

Por su parte, el sindicato policial Jupol también se ha sumado a esta campaña desde las redes sociales y junto con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han difundido a través de sus cuentas oficiales en Twitter un artículo de OkDiario en el que se recogía el malestar de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante una hipotética ley de amnistía. 

 

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