Accidente industrialLa explosión petroquímica de Tarragona, signo de una industria fallida

El día parecía terminar tranquilo el 14 de enero. Pero el caos, que normalmente se revuelve en espacios temporales reducidos, rompió esa calma que llega en la noche. Una cámara de vigilancia ponía su atención en un parking medio vacío. Apenas se movía un alma. De pronto, el estruendo en forma de luz. Un reactor de la planta petroquímica de Tarragona explotó y, por un instante, esa misma cámara que en sus rutinas busca capturar robos y hurtos retrató una suerte de apocalipsis que recuerda a los peores accidentes industriales.

Una pieza del reactor, de cerca de una tonelada de peso, salió disparada haciendo olvidar las leyes de la gravedad para terminar impactando en un hogar. La mala suerte de este viaje aéreo terminó derrumbando parte de una vivienda y sepultó una vida. No iba a ser la única; otros dos trabajadores de la planta terminaron muriendo por causa de este accidente laboral que revela los desperfectos de un sistema industrial basado en la economía del riesgo.

La planta que explotó, un escenario plagado de tubos y tanques, pertenece a la empresa IQOXE, una petroquímica que se dedica a producir óxido de etileno y otras sustancias que se utilizan para fabricar plastificantes, detergentes, anticongelantes y, en menor medida, materiales que sirven para esterilizar equipos médicos. Los colectivos ecologistas denuncian que el accidente no es un suceso aislado y que responde a las características de la industria química española, que apenas respeta el medioambiente y los derechos de los trabajadores y ciudadanía.

Este sector químico genera anualmente 4.223 kilotoneladas de gases de efecto invernadero al año

Este sector químico genera anualmente 4.223 kilotoneladas de gases de efecto invernadero al año en sus actividades económicas, el 1,4% del total anual en España, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, y, en concreto, el petroquímico 858,9 kilotoneladas anuales. Una contaminación que es contrarrestada con los datos económicos del sector, que genera el 13,4% del producto industrial bruto y el 5,8% del Producto Interior Bruto, según las estadísticas de la Federación Española de la Industria Química Española (FEIQUE).

“El incidente de Tarragona, la tercera planta petroquímica más grande de Europa, revela que el problema no se debe enfocar mejorando los sistemas, sino invirtiendo en investigación que ofrezcan alternativas al modelo”, explica a este diario Víctor Álvarez, portavoz de Ecologistes en Acciò, que reclama un replanteamiento de la industria, de la que depende un gran número de personas, que trabajando o viviendo en los aledaños de las estas plantas, ponen sus vidas en riesgo. "Cerca de 300.000 personas dependen de esta fábrica petroquímica”, comenta, en referencia al entorno poblacional que la rodea y que se expone, no sólo a las emisiones, sino a eventos catastróficos como el ocurrido esta semana.

El óxido de etileno que producía la planta accidentada de Tarragona es considerado como cancerígeno, según el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. De hecho, en 2013 la Justicia reiteró que el cáncer de un trabajador de una de las plantas de etileno de Tarragona que se dedicaba a limpiar los hornos de oleofinas era de origen laboral.

Riesgos para la salud y precariedad

La exposición de los trabajadores a estas sustancias, que, además de inflamables, se prestan nocivas para la salud, se ve agravada por las condiciones laborales de estos entornos. En el caso de la fábrica de IQOXE, desde CC.OO. Tarragona, denuncian que la "creciente precarización" afecta de manera notable a la seguridad de los empleados del sector. Además, el sindicato señala que la explosión ha revelado graves incidencias en el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Catalunya (Plaseqcat). 

De hecho, las últimas informaciones revelan que Inspección de Trabajo sancionó hasta en cuatro ocasiones a la petroquímica de la explosión por el incumplimiento de la normativa y por deficiencias en materia de seguridad laboral. Por su parte, el consejero delegado de la empresa, José Luis Morlanes, no reconoce que se hayan producido estas sanciones y descarta que el accidente se deba a un error humano.

Para Álvarez, el accidente revela además otros problemas característicos de la industria química. Uno de ellos tiene que ver, precisamente, con la ubicación del entorno fabril, que a unos escasos doscientos metros tiene viviendas ciudadanas, lo cual hace que los riesgos por explosión expongan a un gran número de población. De hecho, la casa del vecino de 59 años que perdió la vida por el impacto de restos de la planta que saltaron por los aires tras la explosión se encontraba a 2,8 kilómetros de distancia. 

"Este intento de minimizar la gravedad del accidente solo contribuye a incrementar la alarma social"

Además, Ecologistes en Acciò pone el foco en la opacidad del sector y la falta de coordinación entre las administraciones. Durante las primeras horas tras el accidente, "el alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ha declarado que ha tenido que tomar medidas por su cuenta a raíz del accidente al no haber recibido información de la Administración", explican desde la organización. 

"Las declaraciones de representantes políticos como el consejero de Interior afirmando que no había habido ningún peligro para la población, cuando hay personas muertas y heridas, son un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Este intento de minimizar la gravedad del accidente solo contribuye a incrementar la alarma social", añaden desde el grupo medioambientalista, que entienden este suceso como una oportunidad para reorientar el modelo industrial español hacia unos marcos basados en la sostenibilidad.

El camino, no en vano, es difícil, pero la denominada transición energética que, hasta la fecha se ha orientado a reconvertir las zonas españolas vinculadas a la minería puede ser una hoja de ruta para que, en unas décadas, la industria química pueda ser reconducida.

"Es importante hacer comprender a la gente que este modelo condiciona el futuro de nuestra descendencia. Es pan para hoy y hambre para mañana. Son muchas las familias que viven de ello, pero si la Administración plantea un plan factible se podrá cambiar el sistema, formando a la gente joven que vive en zonas atadas a estas industrias para que puedan desarrollar nuevos tipos de empleos y dar salida a la población", zanja Álvarez.