El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, no ha asumido ninguna de las medidas exigidas este jueves por la Asociación Nacional Infancias Robadas (ANIR), que agrupa a víctimas de abusos a menores en el seno de la Iglesia católica en España.

Así lo ha asegurado el presidente de ANIR, Juan Cuatrecasas, al término de la reunión que ha mantenido este mediodía con el presidente de los obispos españoles en la sede de la CEE en Madrid y a la que también ha asistido el vicepresidente de la asociación, Javier Méndez, víctima de abusos en La Bañeza, en León.

"No ha habido compromisos de ningún tipo", ha afirmado Cuatrecasas, quien ha subrayado el "tono cordial" del encuentro en el que han entregado a Blázquez un documento con las medidas de actuación que exigen respecto a los casos de abusos ya denunciados.

La Conferencia Episcopal, en la misma línea que en encuentros anteriores con otras víctimas, ha declinado hacer comentarios sobre la reunión para preservar la privacidad de éstas.

Según ha explicado el presidente de ANIR, padre de un menor abusado, Blázquez se ha remitido a la publicación del Vaticano con las normas de actuación frente a los casos de abusos sexuales a menores, que aún se están elaborando -se espera que se conozcan a principios de abril- y que serán comunes para toda la Iglesia.

"Están dispuestos a comprometerse a seguir las medidas concretas de ese vademécum, así que estaremos con la lupa puesta: si es así, podremos empezar a ser positivos; si no fuera así, seguiremos siendo críticos hasta que los poderes públicos y la Iglesia hagan lo que tienen que hacer", ha advertido Cuatrecasas.

Entre esas normas de actuación del Vaticano, el presidente de ANIR ha citado el acompañamiento en medidas tanto de tipo sanitario como sociales, educativas o jurídicas.

En el documento que las víctimas han trasladado a los obispos, consideran necesario que "de una vez se depuren las responsabilidades" por los propios delitos pero también "por tantos años de encubrimiento y complicidad".

"Es necesario que la Iglesia española asuma su responsabilidad pasada y presente y lo haga para empezar a trabajar con transparencia de cara al futuro. Es su deber y una oportunidad que las víctimas, todas sus víctimas, le están concediendo", destaca el texto.

Entre sus reclamaciones, las víctimas exigen que haya un control de seguimiento de las medidas concretas que se vayan adoptando y unos plazos de actuación fijados previamente, además de pedir una reforma urgente de los protocolos de actuación de 2010 de la CEE y la creación de una oficina centralizada de atención a las víctimas.

Además, ANIR solicita que las comisiones de investigación no estén formadas exclusivamente por religiosos, sino que las integren también profesionales independientes y las propias víctimas.