MADRID. - El juzgado de lo Penal número 24 de Madrid ha absuelto a los 11 detenidos el 7 de abril de 2011 en la manifestación organizada por el colectivo 'Juventud sin Futuro' contra los recortes sociales, acusados por un delito de desórdenes públicos y dos delitos de atentado a agentes de la autoridad, al entender que no hay pruebas suficientes que acrediten que fueron las personas que lanzaron piedras contra los agentes o alterasen el orden público tras concluir la marcha.

La Policía detuvo a 13 personas en Madrid por los altercados que se produjeron al concluir la marcha que fue desde la Plaza de San Antón hasta la plaza del Museo Reina Sofía bajo el lema "Contra los recortes sociales a la juventud.

En la sentencia la juez María Josefa Santamaría Santigosa destaca que no ha quedado acreditado que los acusados se pusiesen de acuerdo "previamente" y estuviesen "guiados por el ánimo de alterar la paz pública".

Aunque dicha resolución reconoce que los hechos producidos el día de la manifestación cumplen los requisitos para ser tipificados como un delito de desórdenes públicos, la magistrada dice que no queda probado que los acusados lanzaran objetos y piedras a los agentes

No hay daños relevantes en el mobiliario urbano

Es más, la juez subraya que el informe solicitado al Ayuntamiento de Madrid para que valorase los daños ocasionados en la ciudad afirma que "no se consideraba que se hubieran producidos daños relevantes en el mobiliario urbano a causa de la manifestación".

Por otro lado, la sentencia recalca que tampoco se ha podido probar que los dos jóvenes acusados por un delito de atentado agrediesen a dos policías. La juez Santamaría Santigosa afirma que las declaraciones de los policías que intervinieron y de los acusados son "contradictorias", lo que hace dudar de la veracidad de si uno de ellos "propinó un bofetón" a un agente o si el otro lanzó una piedra a otro policía.

La Fiscalía solicitó para 10 de ellos un año de prisión con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Para el último se pidió tres años y seis meses de prisión y la indemnización de 650 euros a un agente por lesiones, al estar acusado además de un segundo delito agravado de atentado