El 85% de las ciudades de más de 50.000 habitantes incumple la ley de Cambio Climático

El pasado 1 de enero, según la Ley de Cambio Climático, las 149 ciudades españolas que superan el umbral de los 50.000 habitantes deberían haber implementado ordenanzas de movilidad para restringir el uso del coche y reducir los índices de contaminación. Sin embargo, sólo el 15% de los ayuntamientos afectados por este artículo legislativo han desarrollado y aprobado sus propias zonas de bajas emisiones, según los datos recabados por organizaciones y asociaciones del sector del transporte y la logística. Es decir, el 85% no llegan a tiempo para cumplir con la normativa de movilidad, un porcentaje que representa al 33% de la población española, 15,8 millones de personas.

Los ayuntamientos ya advirtieron a finales de 2022 de que la mayoría no iban a cumplir con el plazo establecido y pidieron una prórroga. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, se quejaba de la falta de tiempo para diseñar los planes, ya que aunque la ley climática fue aprobada en 2021, el Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones no vio la luz hasta finales de 2022.

"Debemos trabajar por ciudades donde caminar y respirar, donde vivir de manera calmada y tranquila"

No obstante, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como el Ministerio de Transportes diseñaron previamente campañas y hojas de ruta para orientar a los municipios. Para los ecologistas, además, esto no es una excusa ya que hay ciudades españolas –también en Europa– que aprobaron zonas de bajas emisiones incluso antes de disponerse en una ley.

"Llevan muchísimo retraso. Hay ayuntamientos que han presentado el borrador de la ordenanza, pero hay otros que no han implementado nada", dice Carmen Duce, portavoz de Ecologistas en Acción. "En el caso de los que si han presentado su borrador, como el caso de Valladolid, nos preocupa que se pueda distorsionar en fase de alegaciones con la inclusión de alguna excepción que permita, como ha pasado ya en Madrid, entrar al centro de las ciudades en coche para llevar a los niños al colegio, por ejemplo. Debemos trabajar por ciudades donde caminar y respirar, donde vivir de manera calmada y tranquila, sin necesidad de utilizar el coche a cada minuto", agrega.

Para Cristina Arjona, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, parte del retraso deriva también de la tardanza del Gobierno central en aprobar el decreto regulador y de hacer llegar las ayudas europeas, cuya primera convocatoria se cerró en el último trimestre de 2022. "Muchas ciudades han solicitado financiación, por lo que la puesta en marcha dependerá de la resolución de las convocatorias", argumenta la experta, que pide que estas zonas de bajas emisiones empiecen a funcionar a "la mayor brevedad posible" y bajo criterios "progresivos" que fomenten un cambio modal hacia el transporte público o la movilidad activa, a pie o en bicicleta, en las ciudades.

De los 249 municipios, al menos 115 accedieron a las ayudas europeas otorgadas por el Ministerio de Transportes para desarrollar y ejecutar transformaciones urbanas que permitan desplegar zonas libres de contaminación. De todos los Consistorios que han accedido a las subvenciones, la mayoría no ha cuenta todavía con una ordenanza ni con un borrador de la misma. Es el caso de Huesca, Salamanca, Elche, Almería o Burgos, entre otros.

Bloqueos que llegan a los tribunales

Aunque algunos municipios no han mostrado demasiado interés en aprobar estos planes de movilidad sostenible, hay también ciudades donde los planes anticontaminación se han topado con bloqueos políticos que han terminado en los tribunales. El caso más llamativo es el de Gijón, donde del Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló la ordenanza a principios de febrero –la cual fue aprobada en junio de 2021– al no considerar válida la memoria económica presentada por el Gobierno local.

Burgos es otro ejemplo de esta colisión entre lo político y lo jurídico. En la ciudad castellano y leonesa, fue el PP quien, desde la oposición, presentó una denuncia en los juzgados por el contrato que el gobierno socialista adjudicó para ejecutar las obras con las que se cerraría el tráfico en la almendra central de la ciudad. Los conservadores alegaron que el contrato se había firmado antes de que se hubiera aprobado la nueva ordenanza de movilidad lo que ha llevado a los magistrados a aplicar la suspensión cautelar del proyecto y retrasar la llegada de una zona de bajas emisiones.

También se vivió algo parecido en abril de 2022, cuando el Tribunal Superior de Catalunya anuló la zona de bajas emisiones de Barcelona por prohibir la circulación de los coches que no dispusieran de distintivo ambiental, aunque posteriormente este área volvió a funcionar después del recurso presentado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. 

No en vano, los retrasos son generalizados y el Gobierno central apenas tiene margen de actuación. Ni la Ley de Cambio Climático ni el Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones incluyen sanciones para los consistorios rezagados que se salieron del plazo.